El presidente Obama intervino en el debate sobre el Brexit durante su reciente visita al Reino Unido, al afirmar que, si Gran Bretaña abandonaba la UE, quedaría al final de la cola a la hora de lograr un acuerdo de libre comercio.
Si con ello se pretendía asustar a los votantes para que votaran a favor de permanecer, la táctica parece haber fracasado, a la vista del cambio posterior en las encuestas a favor del Brexit. Sin embargo, esta intervención ha llamado mucho la atención sobre las actuales negociaciones comerciales entre EE. UU. y la UE, conocidas como T-TIP.
Son las siglas de Transatlantic Trade and Investment Partnership (Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión), y se concibe como un acuerdo de libre comercio e inversión entre Estados Unidos y los (actualmente) 28 Estados miembros de la UE. Tiene todo el sentido que exista libre comercio entre estas dos potencias económicas, que representan más del 50 % del PIB mundial. Ambas partes reconocen los beneficios económicos, algo nada sorprendente en el caso de Estados Unidos, que vivió el desastre de la ley arancelaria Smoot-Hawley de 1930. Resulta algo más sorprendente que los dirigentes de la UE, a quienes genuinamente les desagradan los conceptos anglosajones de mercados libres y, por tanto, los conceptos que sustentan el libre comercio, también acepten que mejorará las perspectivas de la economía de la UE.
Dejemos a un lado la comprensión que tienen los dirigentes de la UE de la economía básica. La UE ya comercia con EE. UU. con relativa libertad, con unos aranceles, allí donde se aplican, que se estima que rondan de media el 3 %, un tipo que ha ido bajando con el tiempo. Más difícil será armonizar las regulaciones, un asunto muy controvertido. Los grupos de izquierda y los ecologistas de Europa ya nos advierten de que se abrirán servicios del sector público a la privatización en favor de proveedores de servicios estadounidenses, de que bajarán los estándares de seguridad alimentaria y ambiental, de que se perderán empleos de la UE a favor de mano de obra estadounidense más barata y de que los gobiernos europeos podrían ser demandados por empresas estadounidenses muy dadas a los litigios. La lista de objeciones parece interminable.
El marco del TTIP es tan polémico que las negociaciones se celebran en secreto, razón por la que ha tenido tan poca publicidad hasta la intervención de Obama sobre el Brexit. Pero habrá que ceder ante muchos intereses creados, así que es difícil verlo superar el Congreso de EE. UU., y si requiere el apoyo unánime de los 28 Estados miembros de la UE, estará condenado al fracaso. Además, hay un cincuenta por ciento de probabilidades de que Donald Trump sea elegido presidente antes de que se firme nada, lo que podría retrasar aún más las negociaciones.
Por lo tanto, asustar a los posibles partidarios del Brexit con perderse el T-TIP, que quizá nunca se concluya, es un argumento endeble. De hecho, el concepto de acuerdos comerciales multilaterales entre múltiples partes lleva tiempo demostrando ser poco práctico. Sin duda, por eso la UE apenas tiene acuerdos de libre comercio que merezcan mención. Con el resto de las naciones del G-20 solo tiene dos, con Corea del Sur y México.
Por qué funciona el libre comercio
El enfoque del libre mercado y el dinero sólido consiste en dejar que los particulares gestionen sus propios asuntos, y si quieren comprar bienes y servicios del extranjero, deben poder hacerlo. La gente corriente obtiene el dinero para comprar bienes ganándolo. Para ganarlo, produce bienes y servicios que otros, incluidos los extranjeros, quieren comprar. No importa si el gasto procede de los ingresos corrientes o de los ahorros. Mientras el dinero sea sólido, el ahorro total de una población dada se mantiene relativamente estable de todos modos.
Por tanto, el sector privado por sí solo no puede crear desequilibrios comerciales persistentes. Los desequilibrios comerciales deben originarse en el gobierno, como consecuencia de políticas monetarias y fiscales poco sólidas.
Un gobierno concede licencias al sistema bancario, que crea tanto dinero como crédito. Al ampliar la suma de estos dos componentes monetarios, surgen rápidamente desequilibrios comerciales, porque el crédito adicional permite un aumento inmediato del consumo sin un aumento equivalente de la producción nacional.
Una política fiscal expansiva, no financiada con un aumento del ahorro, también produce déficits comerciales por la misma razón, y por eso un déficit comercial suele ir acompañado de un déficit presupuestario. La excepción son los países donde hay una tendencia dominante a aumentar el ahorro en lugar del gasto, como Alemania y Japón en el pasado, y China hoy. En estos casos, un aumento inicial de las importaciones impulsa la producción, no el consumo, y va seguido después de un aumento compensatorio de las exportaciones.
Por lo tanto, los desequilibrios comerciales son únicamente una consecuencia no deseada de la intervención del gobierno, y no se puede culpar de ellos a la gente corriente ni a las empresas que dirige. Esta sencilla deducción teórica parece escapárseles a los economistas del gobierno, que han dado la espalda a los mercados libres. Son los llamados expertos que asesoran a los políticos. Además, los políticos también sufren la presión de grupos de interés que buscan restringir la competencia extranjera. No es de extrañar que recurran a restringir el comercio transfronterizo como remedio al mal del momento.
En ningún caso es esto más polémico que en las acusaciones de dumping, es decir, de vender productos en mercados extranjeros por debajo del coste de producción. El primer error es considerar el coste como el factor que fija los precios. Eso es incorrecto: los precios los fijan subjetivamente los compradores. Considerar que el coste de producción, o más concretamente el coste de la mano de obra, fija los precios de mercado es uno de los principales errores de la filosofía marxista. Este error se ha transmitido a la macroeconomía moderna, y lo han aprovechado los fabricantes poco competitivos.
El segundo error es describir el dumping de productos industriales básicos como competencia desleal. Como siempre, lo que es injusto para una persona es justo para otra. Si aceptamos esta realidad, podemos ver el dumping del acero, por ejemplo, tal como es: el beneficio que supone para los consumidores de acero, ya sea por la crisis temporal causada por el exceso de capacidad mundial o por una política deliberada de un gobierno que subvenciona la producción de acero. Los consumidores de acero, como las industrias de ingeniería, agradecerán unos precios más bajos de esta materia prima básica. Si esto se entendiera mejor, se reconocería que los aranceles antidumping son contraproducentes. Y fue una razón importante por la que la ley arancelaria Smoot-Hawley, que pretendía penalizar las importaciones, resultó contraproducente. Impidió que la industria estadounidense adquiriera materias primas, lo que obstaculizó su producción e intensificó la recesión de los años treinta.
Otra forma de ver las restricciones comerciales es que están diseñadas para perjudicar a las economías emergentes, que siempre tienen costes laborales más bajos. Las naciones ricas, a través del aparato de Bretton Woods formado por el Banco Mundial y el FMI, junto con la más reciente Organización Mundial del Comercio, han dictado entre ellos las condiciones comerciales, en esencia para proteger sus propias economías. Una muestra del dominio de esta camarilla fue la lucha que tuvo que librar China para que su moneda se incluyera en los DEG, a pesar de ser la mayor economía del mundo en términos de comercio internacional. La burocracia también es asfixiante: la solicitud de Argelia para ingresar en la OMC, presentada en 1987, sigue en negociación.
En consecuencia, China, Rusia y el resto de Asia, junto con sus principales proveedores de materias primas, están abriendo su propio camino y sorteando el viejo orden. Rusia sigue sometida a sanciones comerciales impuestas por razones políticas, y China se está alejando de Occidente tras reconocer que le resulta más fácil crear su propio mercado panasiático. El éxito de los avances de la Organización de Cooperación de Shanghái para unir a toda Asia en una potencia económica, que abarca a más de la mitad de la población mundial, ha pillado desprevenido al orden económico establecido.
Brexit
Si el pueblo británico vota a favor del Brexit, no cabe duda de que las relaciones comerciales con la UE, incluso antes de que termine el plazo de gracia de dos años, se volverán muy conflictivas, y el gobierno tendrá que replantearse por completo su política comercial. Siendo realistas, apenas habría otra alternativa que emprender una política de mayor libertad comercial, animando a las empresas británicas a mirar más allá de Europa, en particular hacia Asia. De hecho, este ya es el camino elegido, con George Osborne como visitante comercial habitual de China. China ya ha elegido la City de Londres para que le preste sus servicios financieros internacionales, y Gran Bretaña fue la primera nación occidental en unirse al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura.
Habría una oportunidad inicial de reducir la brecha entre las economías emergentes y las avanzadas ofreciendo acuerdos de libre comercio a la Commonwealth, que incluye a la emergente potencia india. A esto podrían seguir acuerdos de libre comercio con China y con cualquier otra nación que lo desee. No haría falta comprometer la protección del consumidor, porque las importaciones tendrían que cumplir las normas británicas de consumo y seguridad.
Los sindicatos casi con total seguridad lo odiarían, al ver el libre comercio como una amenaza para el empleo. Sin embargo, la industria en su conjunto cambiaría rápidamente su enfoque para aprovechar las oportunidades creadas, y olvidaría que alguna vez pensó en permanecer en la UE, igual que ha olvidado su apoyo casi unánime y equivocado a que Gran Bretaña adoptara el euro en los años noventa. La City de Londres lo recibiría con entusiasmo, y los partidarios de permanecer clamarían por las nuevas oportunidades.
En caso de Brexit, los políticos británicos podrían verse obligados a avanzar hacia el libre comercio con todo el mundo, igual que hizo Robert Peel cuando su gobierno abolió las leyes de cereales en la década de 1840. Si el gobierno británico adoptara esa visión de libre mercado, los beneficios económicos que se derivarían podrían rivalizar con los de la reforma de Peel, no solo para Gran Bretaña, sino para todas las demás naciones dispuestas a sumarse. Quizá una Gran Bretaña independiente que opte por el libre comercio anime incluso a otros miembros de la UE a replantearse sus políticas comerciales. Al fin y al cabo, parece que reconocen que hay algunos beneficios económicos, pues de lo contrario no estarían negociando el T-TIP.
Por ahora esto es solo una ilusión. El gobierno británico dirigido por los conservadores se inclina emocionalmente por los mercados libres, pero ni siquiera sus líderes parecen del todo convencidos de un comercio totalmente libre y sin trabas. Y en cuanto al T-TIP, es una sigla fea para un acuerdo inviable, y debería relegarse al vertedero de los proyectos fallidos de la historia.
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