Muchos conocemos el cálculo del profesor Laurence Kotlikoff, de la Universidad de Boston, según el cual el valor actual neto de las obligaciones futuras del Gobierno de EE. UU. aumentó en 11 billones de dólares en el ejercicio fiscal de 2012, hasta los 222 billones. Se trata principalmente de costes de asistencia social, sanitaria y de seguridad social.
Es cierto que se trata de una estimación en la banda alta, que depende de variables como la longevidad, la demografía y el tipo de interés al que se descuentan las obligaciones futuras. Es un problema que se agrava, porque los jubilados de la generación del baby boom dejan de golpe de pagar impuestos sobre la renta y cotizaciones a la seguridad social, y en cambio empiezan a recibir prestaciones del sistema. Esto implica que estos costes afectan a las finanzas públicas a un ritmo creciente, lo que podría socavar la solvencia del Gobierno de EE. UU.
Según las cifras de la OCDE, otros países parecen encontrarse en una situación mucho peor, como muestra la tabla siguiente, donde aparecen clasificados por los costes de las pensiones en efectivo que asumieron sus gobiernos en 2011.
Sin embargo, las pensiones son solo una parte de la historia, ya que todos estos países prestan servicios sanitarios y otros servicios sociales que, con el envejecimiento de la población, suponen un coste considerable y creciente. Y aunque algunos sistemas sanitarios estatales son mejores que otros, cuando el Estado gestiona la sanidad es más probable que sea mejor por un mayor gasto que por una mayor eficiencia. Además, las cifras de la OCDE se refieren a prestaciones en efectivo y excluyen las prestaciones en especie; así, en el caso de Irlanda, donde la OCDE estima que las prestaciones de pensiones en especie triplican el importe en efectivo, el coste real se acerca más al 15 % de su PIB.
La crisis demográfica de Japón ha tenido mucha difusión, lo que se refleja en la cifra del 35,5 % de pensionistas en relación con la población activa, que presumiblemente hoy es peor. Sin embargo, la prensa financiera conoce menos los enormes compromisos futuros de los gobiernos europeos, que son realmente alarmantes. Y estas cifras ni siquiera revelan por completo las dificultades de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones de bienestar social.
El desempleo en la eurozona supera de media el 10 %. Esto significa que el 10 % de los contribuyentes desaparece del panorama y pasa a ser una carga para el sistema de bienestar, de modo que España y Grecia, donde el desempleo es del 26 %, tienen problemas inmediatos con sus presupuestos de bienestar social. Otro factor desfavorable es el predominio del Estado.
Tomemos Francia, cuyo gasto público total representa el 57 % del PIB. Su población activa es de 28 millones sobre una población total de 66 millones; 3 millones están en paro, lo que deja 25 millones, de los cuales 8 millones trabajan para el gobierno. Podemos dejar de lado a los empleados públicos, ya que son un pasivo neto para el gobierno y no una fuente de ingresos.
Eso deja solo 17 millones de contribuyentes productivos que tienen que pagar el bienestar social y las pensiones de 66 millones de personas en una economía fuertemente controlada por el Estado. Además, una proporción significativa de los empleados del sector privado trabaja en industrias nacionalizadas o subvencionadas por el gobierno, por lo que la cifra real de verdaderos contribuyentes es notablemente inferior a 17 millones.
Podemos extraer dos conclusiones sobre los Estados europeos: sus obligaciones en materia de bienestar, sanidad y servicios sociales los llevarán a la quiebra, a menos que renuncien a la mayoría de sus compromisos de bienestar; y, como su base real de contribuyentes para financiar esta generosidad es menor de lo que se suele pensar, los impuestos tendrán que subir hasta el punto en que ya no merezca la pena trabajar a las personas genuinamente productivas.