Probablemente el mayor error de la economía moderna fue el abandono de la ley de Say, también conocida como la ley de los mercados. En pocas palabras, demostraba que, mediante la división del trabajo, la producción está firmemente vinculada al consumo, y que la primera se une al segundo a través del dinero y el crédito.
Aunque la producción de bienes individuales varía, en los mercados libres nunca puede haber un exceso general de oferta. Esto era lo que Keynes tenía que refutar para crear un papel para el Estado, que interviniera para compensar las supuestas deficiencias de los mercados libres. Si bien el análisis razonado muestra que Keynes no logró refutar la ley de Say, consiguió convencer al establishment académico dominante de que sí lo había logrado.
Este artículo repasa la historia de la ley de Say, desde la obra original de Jean-Baptiste Say sobre el tema hasta la actualidad. Muestra cómo Keynes distorsionó la verdad sobre los mercados libres, que comprender la ley de Say explica por qué fracasa la intervención del Estado y por qué los precios seguirán subiendo en la inminente recesión económica.
Introducción
En la década de 1930, los economistas con visión de futuro que intentaban justificar un papel económico para el Estado tenían un obstáculo que salvar en la economía clásica: la verdad evidente de lo que se describía como la ley de Say. También conocida como la ley de los mercados, la ley de Say señalaba que acudimos a la fábrica o a la oficina a hacer nuestra jornada de trabajo para poder permitirnos todas las cosas que producen otras personas y que hacen la vida llevadera, e incluso placentera.
Se refiere a los escritos de Jean-Baptiste Say, un economista francés que, en su Tratado de economía política, publicado originalmente en 1803, describió la relación entre producción y consumo, y el papel de la división del trabajo en la forma en que los seres humanos se organizan económicamente. Fue un logro notable: definió la ciencia económica y los papeles del dinero y el crédito con gran detalle cuando esta ciencia aún era joven.
Eso fue hace más de dos siglos, antes de que Marx propusiera reorganizar la economía de todos para que, en nombre de los trabajadores, el Estado se hiciera con los medios de producción, y los rapaces capitalistas y sus lacayos burgueses se vieran obligados a someterse a la voluntad colectiva de los trabajadores.
Mucho antes de Marx y Engels, esta ley de los mercados ya generaba controversia. En sus Principios de economía política, publicados en 1820, Thomas Malthus sostuvo que era errónea porque creía que era la insuficiencia de demanda lo que provocaba los excesos de producción y el desempleo. Era incompatible con los ciclos económicos observados. Malthus había ganado credibilidad pública tras su ensayo de 1798, Ensayo sobre el principio de la población.
La réplica de Malthus fue refutada públicamente por James Mill, Robert Torrens y el propio Say. David Ricardo mantuvo correspondencia privada con Malthus cuestionando su concepto de insuficiencia de demanda. Este debate continuó durante la primera mitad del siglo XIX, cuando los economistas aceptaron por fin que un exceso general de bienes era inverosímil. Lógicamente, por tanto, una recesión entendida como demanda inadecuada era imposible.
Malthus defendía un argumento protokeynesiano, y Keynes lo retomó en su Teoría general como justificación para derribar la economía clásica:
«Así, la ley de Say, según la cual el precio de demanda agregada del producto en su conjunto es igual a su precio de oferta agregada para todos los volúmenes de producción, equivale a la proposición de que no existe obstáculo alguno para el pleno empleo. Si, sin embargo, esta no es la verdadera ley que relaciona las funciones de demanda y oferta agregadas, queda por escribir un capítulo vitalmente importante de la teoría económica, sin el cual toda discusión sobre el volumen del empleo agregado es inútil.» (El principio de la demanda efectiva, p. 26)
Así, los desequilibrios entre producción y consumo siguen en el centro del debate económico actual. Pero, en lugar de que la corriente dominante acepte que no puede haber un exceso general en un mercado libre, como se aceptó entre 1850 y 1936 (esta última fue la fecha en que Keynes publicó su Teoría general), la cuestión se ha invertido. La mayoría de los economistas actuales sostiene, a partir de sus manuales neokeynesianos y de la observación de economías dirigidas, que el exceso general es endémico a los mercados libres y que el Estado tiene un papel que desempeñar creando una demanda compensadora, por temor al desempleo.
Aunque resolver esta cuestión es siempre importante, hoy lo es especialmente porque se suele aceptar que la mayoría de las economías avanzadas se enfrentan a una recesión o, como mínimo, tendrán dificultades para evitarla. También hay cuestiones subsidiarias, en particular las relativas a las causas de la inflación de los precios, los ciclos económicos y el papel del dinero y del crédito.
Definición de la ley de Say
Jean-Baptiste Say nunca definió la ley que lleva su nombre: eso quedó en manos de otros. Su esencia se describe en el Libro 1, De la producción, de sus Principios. En el capítulo 15 escribió lo siguiente, que recoge su esencia:
«Si un comerciante dijera: “No quiero otros productos a cambio de mis paños, quiero dinero”, no sería difícil convencerle de que sus clientes no podrían pagarle en dinero sin haberlo obtenido antes mediante la venta de alguna otra mercancía propia. “Aquel agricultor —se le podría decir— comprará tus paños si su cosecha es buena, y comprará más o menos según sea abundante o escasa; no podrá comprar nada si su cosecha fracasa por completo. Tampoco tú puedes comprarle su lana ni su grano a menos que consigas paños o algún otro artículo con que hacerlo. Dices que solo quieres dinero; yo digo que quieres otras mercancías, y no dinero. ¿Para qué quieres, en realidad, el dinero? ¿No es para comprar materias primas o existencias para tu negocio, o alimentos para tu sustento? Por tanto, lo que quieres son productos, y no dinero.”»[i]
Y en una nota a pie de página de este pasaje, añade:
«Incluso cuando el dinero se obtiene con la intención de atesorarlo o enterrarlo, el objetivo final es siempre emplearlo en alguna compra. El heredero del afortunado que lo encuentra lo usa de ese modo, si no lo hace el avaro; pues el dinero, como dinero, no tiene más uso que el de comprar.»
Say describe la división del trabajo y extrae la conclusión obvia de que la producción está inseparablemente ligada al consumo. Lo que es cierto para el agricultor lo es también para el comerciante. Es tan cierto para el consumo destinado a la producción como para el consumo final. Y en la nota a pie de página, Say deja claro que la función del dinero es facilitar la división del trabajo actuando como puente entre la producción y el consumo. Y, lo que es importante, da igual que el dinero se use de inmediato o se atesore o se ahorre.
Como la ley de Say nunca se formuló por escrito como tal, Keynes pudo elaborar su propia versión sin que se le contradijera de forma generalizada: «que el precio de demanda agregada de la producción en su conjunto es igual a su precio de oferta agregada para todos los volúmenes de producción equivale a la proposición de que no hay obstáculo para el pleno empleo». Es una tergiversación deliberada. A continuación añadió una sugerencia para empujar al lector en la dirección deseada: «Si, no obstante, esta no es la verdadera ley que relaciona las funciones de demanda y oferta agregadas…». Pero si el lector de su Teoría general se hubiera molestado en leer los Principios de Say, sabría que este también describió con cierto detalle las condiciones que podían minar una economía, incluidas las propuestas de Keynes que siguieron en su Teoría general.
Aunque demuestra con claridad que no existe una sobreproducción general en relación con el consumo, Say nos dice que la sobreproducción de productos individuales puede existir, y de hecho existe. Resulta de errores de cálculo de los productores, que sobrestiman la demanda de sus productos, ya sea por sus propios errores o porque los deseos de los consumidores han cambiado. Cuando esto ocurre y quienes trabajan en la producción sobrestimada pierden el fruto de su trabajo, también pierden su capacidad de consumir. Aunque los valores de los bienes individuales varíen (y de hecho lo hacen constantemente), resultará evidente que, en conjunto, se mantiene la relación entre la producción total y el consumo total.
Ni siquiera las malas inversiones alteran este equilibrio. El uso ineficiente de todas las formas de capital es una cuestión aparte, que limita el potencial del conjunto de la economía. Y quien no produce para consumir tiene que ser mantenido por alguien que sí lo hace. Las amas de casa, los niños y los ancianos dependen del sustento de otros miembros de su grupo familiar. El bienestar procede en última instancia de la producción de otra persona, ya sea mediante la caridad o los impuestos. Y si el consumo se financia con gasto público deficitario, es un impuesto oculto sobre la producción. Aunque la intervención del gobierno de este modo causa desequilibrios temporales que se corrigen a medida que se ajustan los mercados de bienes y servicios, el equilibrio entre la producción y su financiación del consumo es un hecho de la vida.
La ley de Say y las materias primas
También debemos distinguir entre los precios que reflejan cambios en la producción y el consumo, y los precios que se reflejan en cambios en el nivel general de precios. El primer caso queda cubierto íntegramente por los escritos de Say.
La confusión surge cuando se desarrolla una recesión o una caída de la economía. Los macroeconomistas esperan caídas de los precios debidas a una caída de la demanda; es decir, prevén un excedente de producción: una saturación malthusiana. Puede haber un efecto negativo sobre los precios por la liquidación de inventarios, pero es solo un efecto a corto plazo y no explica necesariamente la magnitud de un descenso real del nivel general de precios reflejado en el valor del medio circulante. Mientras la producción siga financiando el consumo y se mantenga el equilibrio entre ambos, lo que parece probable que provoque descensos de precios es el valor de las materias primas, porque se espera que el inicio de una recesión genere un excedente de materias primas antes de que las industrias extractivas respondan recortando su producción. Los precios del petróleo y del gas son especialmente volátiles en este sentido, ya que buena parte del volumen de extracción no reacciona a los cambios en la demanda. Y los mineros suelen responder al principio a la debilidad de los precios de las materias primas aumentando la extracción.
El gráfico siguiente muestra el precio del petróleo WTI en dólares estadounidenses y las recesiones designadas oficialmente. La correlación entre ambos no es clara: el precio del petróleo subió al comienzo de las recesiones designadas de 1990 y 2007, mientras que cayó bruscamente antes de la breve recesión de 2020. Pero sí cayó más tarde, durante las recesiones de 1991, 2001 y 2008. Cuando existe correlación, los efectos de las recesiones sobre los precios del petróleo y de otras materias primas probablemente se vieron exagerados por la actividad especulativa en derivados, que incluso llevó brevemente los precios del WTI a terreno negativo en abril de 2020.
También hay cambios de precios que proceden de cambios en la valoración de la moneda. Los precios del petróleo WTI pasaron de estar por debajo de cero en abril de 2020 a un máximo de 120 $ en solo veintitrés meses. Pero incluso antes de que los rusos invadieran Ucrania, cuando se esperaba ampliamente que no lo harían, el precio ya había subido a 90 $.
Aunque podemos suponer que en una caída económica es probable que los precios de la energía y de las materias primas utilizadas como insumos desciendan debido a respuestas rígidas de la producción, medidos en dinero sólido, la situación actual es que todos los medios de intercambio son moneda fiduciaria y crédito basado en ella. Y dada la enorme volatilidad de los precios medidos en monedas fiduciarias, los cambios de precios parecen proceder de las monedas en mucha mayor medida que de las materias primas. Esto queda claramente ilustrado en nuestro segundo gráfico, que muestra el petróleo valorado tanto en dólares fiduciarios como en oro, este último el dinero legal por excelencia tanto en el derecho romano como en sus sucesores modernos durante los últimos 1800 años.
El valor del propio oro no ha sido inmune a las influencias procedentes de las monedas fiduciarias y de la especulación financiera con derivados, que introducen en los precios del oro una volatilidad que de otro modo no existiría.
Por tanto, aunque podemos postular que las variaciones de los precios de las materias primas a lo largo de los auges y las caídas pueden generar una apariencia temporal de escasez y saturación de materias primas, la evidencia indica que la volatilidad de precios observada se da en las monedas fiduciarias en mucha mayor medida que en los valores de las materias primas. Y por ello, una vez descontadas estas distorsiones, no constituyen una prueba de una saturación malthusiana. Además, la evidencia empírica de los auges y las caídas del siglo XIX bajo patrones de moneda de oro confirma nuestro análisis.
También podemos explicar los precios de la época de la Depresión. No se hundieron por una saturación general, como suponía Keynes, ni siquiera teniendo en cuenta los factores especiales que afectaban a la agricultura, sino por un colapso del crédito que elevó el poder adquisitivo de los sustitutos del oro. Los bancos quebraban, destruyendo tanto el valor de los activos como los depósitos bancarios. Esto es lo que Keynes no logró entender en su afán por descartar los mercados libres.
Intervención y regulación del Estado
El propósito claro de la negación malthusiana de Keynes de la ley de Say, con el argumento de que no explicaba las recesiones (implícito en su «equivalente a la proposición de que no hay obstáculo para el pleno empleo»), era preparar el terreno para su teoría macroeconómica de que el gobierno tiene un papel en la economía a la hora de reequilibrar la relación entre oferta y demanda. Al convencerse de que Malthus tenía razón en que las saturaciones de producción y el desempleo eran prueba de una demanda insuficiente, descartó la ley de Say al comienzo de su Teoría general (en la página 26 de 428).
Desde entonces, los neokeynesianos han creído en estimular la demanda, en parte desincentivando el ahorro (la paradoja del ahorro) y en parte reprimiendo los tipos de interés, que se consideraban una carga innecesaria impuesta a la economía por los rentistas ociosos (su término despectivo para los ahorradores). Keynes escribió: «Así pues, lo más ventajoso es reducir el tipo de interés hasta el punto, en relación con la escala de la eficiencia marginal del capital, en el que se alcanza el pleno empleo» (véanse sus Notas finales). También pidió la «eutanasia del rentista» y, «en consecuencia, la eutanasia del poder opresivo acumulativo del capitalista para explotar el valor de escasez del capital». Además, con respecto a la inversión de capital, expresó el siguiente deseo:
«Así, en la práctica podríamos aspirar (pues nada de esto es inalcanzable) a un aumento del volumen de capital hasta que deje de ser escaso, de modo que el inversor sin función ya no reciba una bonificación, y a un sistema de tributación directa que permita poner al servicio de la comunidad, a cambio de una remuneración razonable, la inteligencia, la determinación y la capacidad ejecutiva del financiero, del empresario et hoc genus omni (que sin duda aman tanto su oficio que ese trabajo podría obtenerse mucho más barato que ahora).»
La dirección que seguía el pensamiento de Keynes era escapar por completo de los mercados libres hacia una teoría estatal de la economía. Su ruta discurría paralela a la de Marx y los soviéticos, y terminaba en el nirvana de un destino similar.
Aunque muy pocos de sus compañeros de viaje acompañan a Keynes en su tren de pensamiento hasta el final de la línea, siguen con él en el tema del estímulo económico. Puesta en práctica de forma célebre por John Law en la Francia de 1716-1720, la estimulación mediante la expansión monetaria es el recurso habitual de los inflacionistas para compensar una aparente falta de demanda.
La expansión monetaria keynesiana, en el contexto de la ley de Say, significa que la oferta y la demanda dejan de equilibrarse entre sí, pues existe una demanda adicional cuyo origen no se corresponde con la oferta. El resultado es evidente: con independencia del nivel general de actividad económica, un exceso de demanda respecto a la oferta disponible simplemente eleva el nivel general de precios hasta que la demanda adicional queda totalmente absorbida por la economía en su conjunto. Esto se admite tácitamente en la política monetaria moderna, que fija como objetivo una inflación de precios del 2 %, ya sea por considerarla prueba del «nivel adecuado» de estímulo o por creer que es la perspectiva de precios al alza lo que adelanta la demanda.
Debería estar claro para cualquiera que reflexione seriamente sobre el asunto que utilizar la perspectiva de precios que suben suavemente para crear demanda adicional apunta al objetivo equivocado. Gracias a la ley de Say sabemos que un aumento de la producción conduce necesariamente a una mayor demanda de consumo. En lugar de la gestión de la demanda, se ha demostrado que las reformas del lado de la oferta tienen beneficios económicos, y la ley de Say explica por qué. Pero, al mismo tiempo, exige disciplina fiscal por parte del Estado para garantizar que el estímulo de la oferta no se financie mediante la depreciación de la moneda. Lo mejor sería que el Estado no interviniera en absoluto. Pero, ahora que hace tiempo que el gato salió de la bolsa, el intervencionismo estatal ha redoblado su apuesta y se ha extendido a una regulación omnicomprensiva de la actividad económica.
Hoy estos objetivos estatistas son habituales. En su Principals, Say analiza sus efectos con cierto detalle. Con respecto a la regulación, en el Libro I, Capítulo 17, Sección 1, escribió lo siguiente:
«Cuando la autoridad se interpone en este curso natural de las cosas y dice: el producto que vas a crear, el que rinde mayor beneficio y es, por tanto, el más demandado, no es en absoluto el más adecuado para tus circunstancias, debes emprender otro, evidentemente desvía una parte de las energías productivas de la nación hacia un objeto de menor deseo, a expensas de otro de deseo más urgente.»
Antes de la Gran Depresión, este punto se entendía de manera general. Y, como otros, el Gobierno de EE. UU. no tenía una política general de intervención o regulación. Eso cambió, primero con el presidente Hoover y después con el presidente Roosevelt. Una vez sentado el precedente, desde entonces la intervención mediante regulación se ha intensificado mientras los gobiernos han conservado la más fina apariencia de libre mercado. En consecuencia, los productores ya no son los servidores de los consumidores, sino del Estado. Tanto es así que el nivel de rentabilidad con frecuencia solo se permite o se fija según lo dispongan las autoridades.
Say recuerda un precedente de la política agrícola de la UE: en 1794, en Francia, incluso se ejecutó a agricultores por convertir campos de cereal en pastos, en contra de la política agrícola del gobierno revolucionario. Hoy, en cambio, se recompensa a los agricultores por renaturalizar sus tierras. Este deseo estatista de interferir en la producción tiene una larga historia, como demuestra el edicto de precios máximos del emperador romano Diocleciano en el año 301 d. C. La evidencia empírica de estos episodios apunta a que todos ellos fracasaron en el logro de los objetivos estatistas.
La negación moderna de la prueba del fracaso de estas políticas obedece a los intereses de los estatistas. Sin duda, Keynes debió de leer los Principios de Say, incluida la evidencia de los peligros de la intervención, traducidos al inglés llano más de un siglo antes. Cuesta imaginar que descartara tanto la evidencia empírica como su explicación por falta de comprensión. Quizá sea un indicio de la falibilidad humana que sus seguidores hayan sido engañados de forma similar.
Otro ámbito de intervención favorito es el comercio internacional, y Say también tenía mucho que decir al respecto. Concluía que:
«El sacrificio que hacemos ante los extranjeros al procurarnos la materia prima no es en absoluto más lamentable que el sacrificio de adelantos y consumo que debe hacerse en cada rama de la producción antes de obtener un producto nuevo. El interés personal es, en todos los casos, el mejor juez de la magnitud del sacrificio y de la compensación que cabe esperar por él; y, aunque esta guía pueda extraviarnos a veces, es la más segura a largo plazo, además de la menos costosa.»
Esta formulación temprana de la ley de la ventaja comparativa ha sido ignorada por los gobiernos, a veces con consecuencias catastróficas. La desacertada Ley arancelaria Smoot-Hawley de 1930 no solo contribuyó al colapso de la economía estadounidense, sino que, combinada con la sobreproducción agrícola, arrastró también al resto del mundo libre.
Vemos que, al dar prioridad a las creencias malthusianas sobre el razonamiento sólido de J-B Say, la clase política no hacía ningún favor a sus electores mucho antes de que Keynes causara su daño. Es un daño que no se limita a negar la relación evidente entre oferta y demanda, sino que se extiende también a la corrupción del medio de intercambio por parte de las autoridades.
El papel del dinero en la ley de Say
En un mercado libre, dado que la producción se transforma en consumo, se necesita un medio de intercambio entre ambos. Poco importa si ese consumo es de productos finales o de servicios; o si consiste en adquirir los componentes para ensamblar un producto o la maquinaria de producción; o si es consumo diferido en forma de ahorro. Incluso si una persona decide atesorar un medio de intercambio, su origen siempre es la producción, y su liberación final facilita el consumo.
De ello se deduce que la determinación de un medio de intercambio corresponde a quienes lo usan, un hecho que socava todas las teorías estatales del dinero. En un mercado libre, los metales, en particular el oro, la plata y el cobre, han evolucionado como los materiales más adecuados para el dinero, por ser duraderos y divisibles en unidades reconocibles. Su valor de cambio también es una cuestión que solo atañe a sus usuarios.
Es importante entender que un medio de intercambio no es la fuente de la riqueza: esta proviene de una producción exitosa que conduce al consumo, en forma de adquisición de activos, los cuales a su vez tienen un valor de cambio. Así, cuanto más avanzada se vuelve una economía basada en la producción y el consumo, mayor es su riqueza. Pero el medio de intercambio no es el origen de esa riqueza, aunque su acumulación, al ser consumo diferido, se valora y, por tanto, es en sí misma riqueza.
Este es el papel del dinero, que además de facilitar un intercambio lo hace por completo, sin dejar ningún riesgo residual. Cabe pensar que, para que la ley de Say sea cierta, el medio de intercambio debe ser sólido, pero su solidez es otra cuestión. La otra forma de medio de intercambio es el crédito, en el que, a cambio de su producción, el vendedor obtiene no dinero, sino crédito. El crédito incluye billetes de banco y depósitos bancarios, letras de cambio y otros medios de crédito transferible.
Cuando existían patrones oro, el valor del dinero y de sus sustitutos, medido en bienes, lo fijaban los individuos que realizaban las transacciones. La adopción generalizada del dinero metálico y de sus sustitutos de crédito permitió realizar a escala internacional un arbitraje entre los valores locales de distintos centros de mercado. Cuando el oro compra más consumo en una jurisdicción, tenderá de forma natural a afluir desde otras donde compra menos. Y la ley de Say no se limita al comercio nacional. El comercio entre naciones se ve facilitado por el dinero legal y sus sustitutos creíbles, lo que aumenta la riqueza de ambas partes.
El papel del crédito en la ley de Say
En la práctica, el transporte y la refundición del oro en monedas para los mercados extranjeros, acostumbrados a una acuñación distinta, siempre resultaron engorrosos. Esto dio lugar a los sustitutos del oro: crédito en papel cuyo emisor contaba con respaldo suficiente en oro para que los productores lo aceptaran como depósito temporal de su consumo. Esta fue la base de los patrones de cambio oro, en los que los billetes de banco, que son crédito incluso cuando son sustitutos del oro, podían canjearse por moneda de oro a elección de su tenedor.
En este punto de nuestra exposición, conviene repetir que el valor que se atribuye a estos sustitutos del oro depende por completo de la discreción de quienes los usan. Por lo tanto, una emisión superior a su respaldo en oro no socavaba necesariamente el valor del sustituto, siempre que la expansión de la cantidad de sustitutos fuera acorde con la demanda de estos. Esta regla se aplica no solo a los billetes emitidos por un banco central, sino también al crédito creado por los bancos comerciales. De hecho, cuando hablamos de medio de intercambio, o de medio circulante, en la práctica siempre se trata de crédito, incluso cuando regían patrones oro.
El atractivo del crédito frente al metálico es que permite que la producción se desarrolle donde antes no existía. Hay un ejemplo poco conocido de creación de crédito bancario que resultó de gran beneficio comercial: un mecanismo empleado por los bancos escoceses a comienzos del siglo XVIII. La expansión del crédito bancario para financiar la actividad empresarial pasó a ser la base de buena parte de la actividad bancaria actual. Merece la pena relatar este episodio para ilustrar el papel del crédito de los bancos comerciales.
Conforme a la ley escocesa, el Bank of Scotland se fundó en 1695 con facultades de emisión ilimitadas. Solo emitía billetes de estas denominaciones: 100, 50, 10 y 5 libras. Conviene tener presente que, en moneda actual, 100 libras equivalían a 39.500 libras expresadas en soberanos de oro. Está claro que el plan del Bank of Scotland era atender y fomentar a clientes comerciales de gran volumen, al igual que la banca de Londres, que se dedicaba principalmente al descuento de letras comerciales. El banco no emitió billetes de 1 libra hasta 1704.
Su monopolio expiró en 1727 y entonces se creó su rival, el Royal Bank of Scotland. El problema era que, al estar la economía poco desarrollada comercialmente, no había en Escocia letras comerciales suficientes para satisfacer a ambos bancos. Fue el Royal Bank quien dio con una solución.
Tras recibir garantías suficientes, aceptó conceder crédito por importes limitados a personas de confianza y respetables. Estos créditos en efectivo eran cuentas de disposición abiertas a favor de una persona que no ingresa dinero alguno y que luego la maneja como una cuenta corriente normal, salvo que, en lugar de recibir intereses por el saldo, se le cobran intereses. En el balance del banco, un préstamo de crédito en efectivo se registraba como un activo, compensado por un depósito que representaba el importe disponible para su disposición.
Fue el precursor del préstamo bancario moderno, frente a la banca de Londres de la época, que giraba en torno al descuento de letras comerciales y a los préstamos asegurados de antemano con garantías o depósitos de metálico.
Los créditos en efectivo del Royal Bank se aplicaron de dos maneras: para ayudar a particulares en sus negocios y para promover la agricultura y la creación de empresas comerciales de todo tipo. Las tierras agrícolas estaban poco desarrolladas por falta de capital, y el sistema de crédito en efectivo aumentó la producción agrícola y liberó a individuos emprendedores de las ataduras de la sociedad feudal. Pero lo que nos interesa especialmente aquí son los préstamos a particulares en sus negocios.
El Royal Bank, y después el Bank of Scotland, al entrar en este negocio, limitaron en un principio sus anticipos a importes de entre 100 y 1.000 libras (el equivalente en libras esterlinas actuales a unas 39.500 y 395.000). No se exigía más garantía que los avales de personas de reconocida posición que conocieran al prestatario. Estos «cautioners», como se los conocía en el derecho escocés, vigilaban de cerca en qué se invertían los préstamos, siempre tenían derecho a inspeccionar la cuenta del prestatario en el banco y estaban facultados para intervenir en cualquier momento. En las declaraciones ante un comité de la Cámara de los Comunes en 1826, casi un siglo después de que el Royal Bank of Scotland los creara y cuando la práctica ya estaba extendida, un testigo citó el caso de un modesto banco rural que ofrecía facilidades de crédito en efectivo y que a lo largo de veintiún años movió 90.000.000 de libras con márgenes de crédito rentables y solo sufrió pérdidas de 1.200 libras.
Antes de que existieran los bancos que ofrecían créditos en efectivo, Escocia era un país atrasado cuya gente se dedicaba más al robo de ganado y a guerrear con sus vecinos que a la agricultura pacífica. Sobre todo, faltaba dinero y solo había una existencia de subsistencia. La creación del sistema de crédito en efectivo, junto con la circulación de los billetes del Bank of Scotland y del Royal Bank, que se aceptaban como si fueran dinero, condujo a un enorme progreso. Incluso sobrevivió al levantamiento jacobita de 1745. A medida que el sistema de crédito en efectivo se fue consolidando, se amplió para financiar proyectos de mayor envergadura. El canal Forth and Clyde se construyó con un crédito en efectivo de 40 000 libras concedido por el Royal Bank. Los ferrocarriles, los muelles y puertos, las carreteras e incluso los edificios públicos se financiaron con créditos en efectivo.
Como ejemplo entre muchos, Henry Menteith fue dos veces Lord Provost de Glasgow y posteriormente miembro del Parlamento por Linlithgow. Empezó en los negocios como comerciante-tejedor con un modesto crédito en efectivo. Y en 1826, Menteith daba empleo a 4000 hombres y mujeres. La Ilustración escocesa del siglo XVIII, que nos dio a David Hume, Adam Smith, Robert Burns y muchas otras figuras destacadas, debe su existencia a la transformación de Escocia, gracias al sistema de crédito en efectivo, de una nación atrasada. En solo cincuenta años, Escocia avanzó comercialmente como nación más de lo que lo había hecho en toda su historia.
El éxito de los créditos en efectivo y la adopción más amplia de su equivalente por parte de las cooperativas de crédito y otras organizaciones a escala local en Inglaterra y Gales se convirtieron después no solo en la base de algunas fortunas notables, sino también en el cimiento sobre el que prosperaron muchos negocios más modestos. No cabe duda de que la evolución del crédito bancario a partir del sistema escocés de crédito en efectivo ha sido enormemente beneficiosa, no solo para Escocia, sino para el conjunto del Reino Unido. Y la adopción global del derecho bancario inglés transmitió también los beneficios económicos a otras naciones civilizadas.
El problema son los ciclos desestabilizadores de expansión y contracción del crédito bancario, no la existencia del crédito bancario, que es sin duda un beneficio público. Keynes no lo entendió: lo atribuyó a un fallo de los mercados libres y creyó que era prueba de un exceso de producción no correspondido por el consumo. Pero los hechos son incuestionables: el crédito generó producción y, por tanto, consumo hasta la Primera Guerra Mundial, cuando en el Reino Unido existía primero un patrón plata y luego un patrón oro (con algunas interrupciones, eso sí). Los auges y las caídas se crean, respectivamente, por una expansión excesiva del crédito bancario y por la retirada de las facilidades de préstamo. No conducen a excesos de oferta malthusianos.
Conclusión
Incluso cuando se introduce crédito adicional como vínculo entre la producción y el consumo, la ley de Say sigue aplicándose. El ejemplo escocés citado antes ofrece pruebas más que suficientes de que es cierta. Incluso en un mundo basado por completo en diversas formas de crédito, no se puede negar su veracidad.
El rechazo de esta verdad evidente por parte de Keynes y de los macroeconomistas modernos está en la raíz de la mala gestión económica estatista. Por supuesto, podemos identificar otros errores, pero muchos de los más importantes se basan en el rechazo de la ley de Say. Con el mundo occidental al borde de una recesión económica, vemos que el error malthusiano de asociarla con un exceso de producción está llevando a los economistas de los gobiernos a creer que los precios se desplomarán, lo que justifica una mayor inflación del crédito de los bancos centrales. Como este crédito no procede de la demanda del mercado de medios de circulación conforme a la ley de Say, su poder adquisitivo se erosionará.
En una recesión económica, la ley de Say explica por qué la producción y el consumo se reducirán a la par, de modo que los precios no se desploman. Los analistas que lo llaman estanflación no captan este punto. De hecho, basta con repasar cada episodio de hiperinflación para descubrir que siempre sufren un colapso del poder adquisitivo de la moneda al mismo tiempo que una contracción económica. Keynes se equivocó malévolamente al rechazarla afirmando que la ley de Say «equivale a la proposición de que no hay obstáculo para el pleno empleo». No es nada de eso.
Un mercado libre, dejado a su suerte, ve una evolución continua de los deseos y necesidades de los consumidores, con productores que se anticipan y se adaptan a ellos. Sin las trabas de la intervención estatal, el desempleo se vuelve necesariamente bajo, porque se demanda el recurso humano con sus diversas habilidades. Las variaciones del crédito derivadas de un ciclo en la psicología de los banqueros son un factor perturbador, pero, de nuevo, si se deja a su suerte se corrige con rapidez y, bien entendido, puede moderarse. Es la variante keynesiana de intervención estatal la culpable de engendrar una crisis continua que acaba conduciendo a una pobreza generalizada. Pregúntaselo a cualquier ruso que viviera la década posterior a la era soviética.
[i] La edición del Tratado de economía política de Say a la que se hace referencia en este artículo es la traducción estadounidense de 1821, base de las reimpresiones posteriores.
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