Cuando supe que una nueva empresa de armamento se había puesto el nombre de Covenant, descubrí que no podía quitarme el nombre de la cabeza. La empresa fabrica misiles de crucero. Su propósito declarado es la disuasión: fabricar las armas suficientes para convencer a un adversario de que la guerra sería un error. No conozco a sus fundadores y no tengo motivos para dudar de su sinceridad. Lo que me inquietó fue la distancia que una palabra puede recorrer conservando su promesa de tranquilidad.
En el Génesis, después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé y con todo ser viviente. Promete no volver a destruirlos con un diluvio y coloca su arco en las nubes como señal. La palabra hebrea para el arcoíris es también la palabra para el arco de un arquero. Bajo los colores familiares, yo veo una imagen más exigente: el poder más grande que se pueda imaginar colgando su arma. La promesa es un acto de contención. A los vulnerables se les ofrece algo más fiable que la buena voluntad continuada de los poderosos: un compromiso de que el poder se atará a sí mismo.
En las finanzas, donde he pasado buena parte de mi vida, un pacto cumple un propósito más terrenal. Establece las condiciones en las que se presta el dinero. Un prestatario puede comprometerse a limitar nuevas deudas o a conservar los activos sobre los que el prestamista tiene derecho. Si se incumplen esas condiciones, el acreedor puede adquirir el derecho a exigir el pago. Ahora la promesa limita a quien necesita los recursos de otro. Es un acuerdo menos generoso, aunque puede hacer posible la cooperación entre desconocidos. Lo que queda es el reconocimiento de que el poder y la obligación pertenecen al mismo acuerdo.
Aplicada a una empresa de armamento, la palabra adquiere otro significado. Se promete seguridad mediante la capacidad de infligir destrucción. La promesa se dirige a unas personas y se aplica contra otras. A veces puede que haya que hacerla: un pueblo indefenso puede perderlo todo ante un agresor que no se siente obligado a contenerse. Aun así, quienes confían en ella deben preguntarse cuánto costará y qué límites aceptarán sus guardianes. La promesa de protección se vuelve peligrosa cuando libera al poder de cualquier otra promesa.
El nombre se me quedó grabado porque introdujo una cuestión moral en el lenguaje de mi trabajo diario. Yo estudio las economías a través del dinero y de las condiciones materiales que le dan valor. Desde ese punto de vista, nuestro giro hacia el rearme plantea un problema mayor que el coste de cualquier programa armamentístico. Un Estado puede endeudarse contra la producción futura de su población para financiar actividades que reducen su capacidad de producir. Puede recurrir a los ahorros de los mayores y a las capacidades de los jóvenes para sostener este proceso. Durante un tiempo considerable, las transacciones pueden registrarse como crecimiento. La pérdida aparece en otro lugar, y más tarde.
Necesitamos una manera de reconocer cuándo la búsqueda de la seguridad empieza a consumir la sociedad que pretende proteger.
Cada mañana hay que volver a abastecer a la civilización. Las comidas de ayer no pueden alimentar a la población de hoy. Hay que generar electricidad, depurar el agua, mantener la maquinaria. Bajo la extraordinaria variedad de nuestro trabajo yace esta obligación recurrente con el mundo físico. La sofisticación de una economía cambia la manera de cumplirla, pero no la suprime.
En mis escritos sobre el dinero, llamo cooperadores primarios a quienes obtienen de la naturaleza nuestros alimentos y la energía utilizable. El término describe una dependencia que la prosperidad nos permite pasar por alto. Una ciudad puede albergar universidades, bancos y orquestas porque otras personas, en otros lugares, producen más sustento del que ellas mismas consumen, y porque otras llevan ese excedente adonde se necesita. Su trabajo nos da al resto tiempo para hacer algo distinto de asegurar los medios para sobrevivir un día más.
A su vez, los agricultores necesitan maquinaria, medicinas, crédito y conocimiento. Un ingeniero que mejora el riego puede contribuir más a una cosecha que un par de manos adicionales en el campo. La distinción es de dependencia material, no de valía humana. Por elaborada que sea nuestra cooperación, tiene que seguir habiendo suficientes personas dispuestas y capaces de renovar el excedente del que todos dependemos. Lo que llamo el orden natural empieza con esta obligación de renovación. Heredamos un mundo que solo nos sustentará si continúa el trabajo de sustentarlo.
El dinero ayuda a asegurar esa disposición. Permite que quien produce más de lo que necesita hoy cambie el excedente por un derecho que puede ejercer en otro lugar, o más adelante. Un agricultor no tiene que encontrar a un dentista que casualmente quiera un saco de grano. Tampoco tiene que consumir toda la recompensa de su trabajo antes del invierno. Un sistema monetario conecta su contribución con las contribuciones de personas a las que quizá nunca conozca.
Para que este acuerdo perdure, quienes aceptan dinero deben tener motivos para confiar en lo que este podrá comprar. Esa confianza se extiende a lo largo del tiempo. Una pensión representa años de trabajo ya realizado, pero su poder adquisitivo depende de bienes y servicios que otras personas aún tienen que producir. Los ahorros de jubilación no contienen el pan de mañana. Contienen la expectativa de que alguien cultivará el grano, de que el panadero encenderá su horno y de que el dinero ahorrado seguirá dando derecho a una parte de lo que salga de él.
Por tanto, quienes crean y gobiernan el dinero tienen una deuda con las personas que lo aceptan a cambio de una parte irrecuperable de sus vidas. Esa obligación incluye preservar las condiciones en las que el dinero puede seguir recompensando el trabajo útil. Una moneda puede conservar su nombre y, al mismo tiempo, ser menos fiel al trabajo que se le ha confiado. La pérdida se mide en poder adquisitivo, pero lo que se ha perdido pertenece también al tiempo: trabajo ya realizado, paciencia ya ejercida, años que no pueden volver a ganarse.
El crédito puede ayudar a crecer a la economía productiva. Un préstamo que financia una central eléctrica más eficiente puede contribuir a generar los recursos con los que se devolverá. La dificultad empieza cuando dejamos de distinguir entre financiar una capacidad productiva adicional y emitir derechos adicionales sobre una capacidad que apenas ha cambiado. Se agrava cuando emitimos esos derechos y, a la vez, dañamos la propia capacidad.
En 2020 llamé «virus del dinero» a la tentación de confundir la provisión financiera con la provisión material. Los gobiernos sostuvieron los ingresos y los bancos centrales mantuvieron el crédito a una escala extraordinaria. Evitar que una interrupción del trabajo se convirtiera en un colapso de los medios de vida era un objetivo legítimo. El peligro estaba en tratar el poder de autorizar el gasto como si otorgara un poder equivalente sobre lo que habría disponible para comprar. Las cosechas aún tenían que crecer. Los barcos aún tenían que llegar.
La inflación que siguió tuvo varias causas. La producción y el transporte sufrieron perturbaciones, el gasto cambió de dirección bruscamente y las grandes intervenciones públicas ayudaron a sostener la demanda. Después, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia intensificó una crisis energética que ya estaba en marcha. Estas fuerzas pesaron de forma distinta según los países y el momento, pero su conjunción dejó al descubierto el mismo límite. El apoyo financiero tiene que contar con el ritmo al que puede responder la economía física. Cuando los derechos superan a los bienes disponibles, un hogar puede recibir más dinero y volverse más pobre.
Mientras los bancos centrales subían los tipos de interés, se reanudó el debate habitual sobre cuánto dolor haría falta para restablecer la estabilidad de precios. A la vez, los gobiernos asumieron compromisos más difíciles de revertir que una decisión sobre tipos de interés. Se construirían fábricas, se harían pedidos militares y se iniciarían carreras profesionales. Las exigencias de la guerra estaban adquiriendo un derecho sobre la producción futura justo cuando los hogares descubrían cuánto poder adquisitivo habían perdido.
Dos precios nos ayudan a entender la presión resultante. Uno es el coste al que un gobierno se endeuda durante muchos años. El otro es el coste de la energía de la que depende su economía. Ninguno es un instrumento perfecto. La rentabilidad de un bono refleja expectativas sobre crecimiento e inflación, la oferta de deuda y la compensación que los inversores exigen por la incertidumbre. Los precios de la energía responden a la tecnología, el clima y la competencia, además de a la escasez. Pero juntos nos dicen algo sobre la dificultad de cumplir nuestras promesas y de renovar los medios para cumplirlas.
Ambos pueden volverse en contra de un gobierno a la vez. Un banco central puede reducir el tipo de interés a corto plazo que controla mientras los prestamistas exigen más por mantener la deuda de un gobierno a treinta años. Los inversores pueden esperar un mayor crecimiento; también pueden temer que la inflación futura erosione el reembolso. Una bajada de tipos por sí sola no nos dice qué explicación es la correcta. Tampoco puede la política monetaria hacer que llegue a puerto un cargamento de combustible que no está disponible. Un país que afronta mayores costes de financiación y una energía más cara tiene menos margen de maniobra que uno que afronta solo uno de los dos problemas.
Las crisis de mi vida han contribuido a formar una expectativa de rescate. El desplome de 1987, el estallido de la burbuja tecnológica, los atentados de septiembre de 2001, la crisis financiera de 2008, la emergencia de la eurozona y la pandemia fueron profundamente distintos en sus causas y en sus consecuencias humanas. Sin embargo, cada una puso a prueba la capacidad de las instituciones públicas para contener una ruptura de la vida económica. A lo largo de estos episodios perduró la convicción de que los gobiernos y los bancos centrales podían movilizar los recursos necesarios para hacer posible la recuperación.
Esa convicción tenía una base material. Tras el hundimiento de la demanda a finales de 2008, y de nuevo en los primeros meses de la pandemia, el petróleo se abarató de forma drástica mientras los bancos centrales relajaban las condiciones monetarias. El descenso de los costes energéticos no hizo inofensivo el daño, pero alivió una presión mientras la política abordaba otra. La relación nunca fue una ley: el petróleo había subido durante las primeras fases de la crisis de 2008 aun cuando la Reserva Federal recortaba los tipos. Aun así, los rescates posteriores nos animaron a esperar que la intervención financiera pudiera ganar el tiempo en el que se recuperaría la economía productiva.
Incluso las guerras mundiales revelan la importancia de dónde sobreviven los medios de recuperación. Durante la Primera Guerra Mundial, las exportaciones estadounidenses atrajeron oro a través del Atlántico, Estados Unidos prestó dinero a sus aliados y el dólar ganó posición internacional mientras las finanzas europeas se deterioraban. Estados Unidos sufrió su propia inflación; su ventaja fue relativa. Aun así, un beligerante podía seguir recurriendo a recursos sustanciales situados fuera de los principales escenarios de destrucción.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos combinó una enorme capacidad productiva con la posibilidad de contener el coste de financiar el conflicto. La Reserva Federal mantuvo un techo del 2,5 % en los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo y compró valores para sostenerlo. Fue un ejercicio de poder monetario con consecuencias para la inflación. Sin embargo, funcionó junto a granjas, fábricas y yacimientos petrolíferos estadounidenses que quedaron en gran medida fuera del alcance de la devastación sufrida en el extranjero. Tras la guerra, los recursos estadounidenses ayudaron a financiar la reconstrucción de Europa. La capacidad de prometer ayuda tenía su contrapartida en la capacidad de proporcionarla.
La reserva que importa en una crisis así es la capacidad que queda para reparar los daños. Puede consistir en recursos productivos alejados de los combates, en instituciones financieras capaces de sostener el crédito o en suministros que resultan más accesibles cuando la demanda se reduce. Las crisis del petróleo de los años setenta mostraron lo que ocurre cuando, en cambio, la energía cara y la inestabilidad monetaria se refuerzan mutuamente. Ese precedente debería hacernos atender a las condiciones de la recuperación y desconfiar de dar por supuesto que un rescate que funcionó una vez seguirá disponible en los mismos términos.
La guerra hace que esa dificultad sea especialmente grave. Consume combustible y capacidad industrial de forma directa. También puede destruir la infraestructura mediante la cual continúa la producción civil, encarecer el transporte marítimo y convertir una relación comercial fiable en un instrumento de coerción. Las restricciones de Rusia al suministro de gas y los esfuerzos de Europa por reducir su dependencia a causa de la guerra en Ucrania dejaron al descubierto esta vulnerabilidad con particular fuerza. Los costes resultantes formaron parte del conflicto, aunque llegaran en forma de factura de la calefacción lejos del frente.
La energía barata adquirida al precio de la dependencia estratégica puede resultar ruinosamente cara; la diversificación y las sanciones pueden ser necesarias. Que sean necesarias no las hace gratuitas. Los mercados de la energía siguen descubriendo precios en estas condiciones, pero el precio que descubren es el coste de obtener energía por las rutas que permanecen abiertas. Un barril bajo tierra es un consuelo escaso para un país que no puede traerlo a casa con seguridad.
En 2026, la convergencia volvió a ser visible. En su informe económico anual, el Banco de Pagos Internacionales describió cómo el conflicto en Irán había interrumpido el suministro energético del Golfo y dañado infraestructuras. Las expectativas de inflación persistente y la preocupación por las consecuencias fiscales contribuyeron a elevar los costes de endeudamiento a largo plazo. En septiembre, los costes de endeudamiento británicos a treinta años habían alcanzado niveles que no se veían desde 1998, mientras que los rendimientos estadounidenses a largo plazo seguían siendo elevados según los estándares de las décadas intermedias. La presión estaba alcanzando los medios por los que continúa la producción y las condiciones en que los gobiernos se endeudan contra su futuro.
Tampoco los gobiernos se limitaron a mirar. Entre marzo y principios de septiembre, Estados Unidos redujo su Reserva Estratégica de Petróleo de unos 415 millones de barriles a 285 millones. La deuda federal bruta había superado los 40 billones de dólares. El Tesoro amplió sus compras de bonos antiguos a largo plazo para apoyar la liquidez del mercado, y Estados Unidos se sumó a Japón en una intervención para respaldar al yen. Estas intervenciones pueden haber evitado una dislocación más aguda. No habían restablecido la combinación anterior de energía barata y financiación a largo plazo fácil.
Lo que me preocupa es la posibilidad de que el alivio consuma cada vez más los medios para volver a proporcionarlo. Una reserva de petróleo puede cubrir una interrupción; las retiradas repetidas dejan menos protección frente a la siguiente. El endeudamiento puede sostener los medios de vida mientras los suministros se recuperan; si la perturbación persiste, las obligaciones se acumulan antes de que la capacidad para afrontarlas se haya recuperado. El apoyo a los mercados financieros puede preservar su funcionamiento sin reparar las condiciones que hicieron necesario ese apoyo. La cuestión es si el tiempo que se está ganando se usa para restablecer esas condiciones.
Entre tanto, el gasto militar ha cobrado un nuevo impulso. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz estima que el mundo gastó unos 2,9 billones de dólares en sus fuerzas armadas en 2025, el undécimo aumento anual consecutivo. El gasto europeo subió de forma especialmente acusada. Estas cifras no nos dicen por sí solas si los gobiernos gastaron demasiado o demasiado poco. Nos dicen que las exigencias de la seguridad se están ampliando y deben conciliarse con otras exigencias sobre sociedades cuyos recursos son finitos.
El argumento más sólido a favor del rearme merece exponerse con claridad. Si un agresor puede destruir una central eléctrica o apoderarse de un puerto con impunidad, la economía productiva ya está en peligro. Un sistema de defensa aérea puede preservar el excedente mismo del que depende la vida pacífica. La disuasión puede ahorrar recursos que una invasión consumiría, y la investigación militar puede dar lugar a valiosas tecnologías civiles. Cualquier argumento que trate todas las armas como económicamente inútiles no ha tenido en cuenta el coste de no poder defenderse.
Precisamente por eso el gasto militar requiere criterio. La existencia de una amenaza no puede determinar el valor de cada respuesta propuesta. Un gobierno debe explicar cómo un compromiso concreto hace más seguros a sus ciudadanos, cómo puede mantenerse y qué condiciones permitirían ponerle fin. Sin esas exigencias, la necesidad se convierte en una etiqueta que el gasto adquiere y nunca pierde.
Eisenhower entendía el problema desde dentro. En 1953, el presidente que había mandado las fuerzas expedicionarias aliadas en Europa pidió a los estadounidenses que calcularan el coste del armamento en viviendas, escuelas y alimentos. «Este mundo en armas no gasta solo dinero», dijo. Gastaba trabajo humano y capacidad científica, y estrechaba los futuros disponibles para los niños. Su autoridad procedía en parte de saber por qué hacían falta las armas. Podía reconocer su necesidad sin confundirla con abundancia.
Su argumento resulta más inquietante cuando lo seguimos a través del funcionamiento del dinero. Supongamos que un gobierno se endeuda para ampliar su arsenal mientras el conflicto en el que participa daña el suministro de energía. Tiene que competir por recursos que se han encarecido. Los hogares piden alivio, las empresas piden apoyo y el gobierno asume más obligaciones. Si los prestamistas llegan a dudar de que pueda cumplirlas sin una mayor inflación, los costes de endeudamiento pueden subir. Entonces una mayor parte de los ingresos públicos se destina a intereses, y queda menos para las inversiones que podrían reforzar la capacidad de la economía para soportar la carga.
Pueden subir los impuestos, redirigirse el gasto y entrar en funcionamiento nuevos suministros. Con instituciones creíbles y decisiones oportunas, el proceso puede interrumpirse. La tentación es aplazar esas decisiones haciendo nuevas promesas. El Estado pasa a depender cada vez más de la producción futura, mientras que sus políticas dificultan esa producción.
Cuando estas políticas se refuerzan entre sí, una sociedad está endeudándose contra la cosecha mientras quema el campo. Sus deudas presuponen un excedente futuro; su conducta pone en peligro las fuentes de ese excedente. El derecho financiero sobrevive al daño causado a aquello que debe saldarlo finalmente. En algún momento, ambos deben conciliarse. Esa conciliación puede llegarle a un pensionista en el mostrador de una tienda mucho antes de aparecer como una crisis en el mercado de bonos.
Un país no necesita movilizar formalmente toda su economía para que estos hábitos arraiguen. Los contratos militares crean fábricas y grupos de interés con razones comprensibles para querer que el trabajo continúe. Las comunidades llegan a depender de pedidos hechos en respuesta a una emergencia. Un gobierno que se plantee reducirlos tendrá que responder por los empleos perdidos, además de por cualquier merma en la preparación. El coste de parar se hace visible en ciudades concretas; las posibilidades a las que se renuncia al continuar permanecen dispersas por toda la sociedad, difíciles de contar y sin una voz organizada.
Una recesión grave podría afianzar esa dependencia. A medida que la inversión civil flaquea, los pedidos militares pueden pasar a ser de los gastos que a un gobierno le resulta más fácil defender. Ofrecen empleo, actividad industrial y un propósito que puede presentarse como necesidad nacional. Una fábrica amenazada de cierre puede mantenerse abierta con otro contrato. Para las personas cuyo sustento preserva, esa decisión puede ser a la vez razonable y bienvenida.
El gasto público puede devolver al uso a personas y maquinaria ociosas. Su valor sigue dependiendo de lo que se les pida producir. Si la energía sigue siendo escasa y el conflicto continúa dañando el suministro, la demanda militar adicional puede intensificar la competencia por recursos necesarios en otros ámbitos. La actividad medida puede recuperarse mientras los cimientos de la prosperidad civil siguen deteriorados. La guerra puede resultar políticamente persuasiva como remedio a la penuria incluso cuando su continuación dificulta la recuperación.
Este es el punto de inflexión al que creo que hemos llegado: la emergencia está adquiriendo una base económica de intereses que puede fortalecerse a medida que la economía civil se debilita. La amenaza original puede seguir siendo real todo el tiempo. Un gobierno no tiene por qué haber buscado la guerra como remedio al desempleo. Sin embargo, una vez que los medios de vida dependen de la movilización, el empleo puede convertirse en una razón para prolongarla. Una crisis de mercado podría entonces quedar absorbida en el argumento para mantener precisamente los compromisos que deberían reconsiderarse. Un mercado puede encarecer una política sin hacerla menos atractiva para quienes gobiernan.
El coste resulta especialmente difícil de ver en la vida laboral de los jóvenes. Pensemos en una ingeniera cuyo interés por el vuelo nació con un aeromodelo. Puede aplicar sus capacidades a muchos fines. Si la oferta más atractiva viene de una empresa de misiles, con excelentes compañeros, problemas exigentes y la garantía de que su trabajo protegerá a su país, tiene motivos para aceptarla. Culparla sería eludir las decisiones que tomó la sociedad que la reclutó.
Sin embargo, la oferta hace más que comprar su trabajo presente. Empieza a moldear lo que sabrá hacer. En una década adquirirá un criterio especializado, formará lealtades profesionales y ayudará a formar a otros. Estas son algunas de las cosas más valiosas que produce una economía. Un presupuesto registra su salario; no puede registrar el cuerpo alternativo de conocimientos que ella podría haber contribuido a crear. La asignación del talento es una de las vías por las que las exigencias de una emergencia temporal pueden entrar en el futuro de una nación.
El sector tecnológico hace este proceso especialmente visible. El camino de Palmer Luckey desde Oculus hasta Anduril llevó las competencias de la electrónica de consumo a la tecnología militar. Los fundadores de Covenant describen su ambición de reunir un equipo excepcional de ingeniería de misiles. La capacidad es real. También lo es la pregunta de cuánta de la inventiva de una generación queremos que se organice en torno a la capacidad de destruir. No hace falta ninguna conspiración para llegar a un resultado que nunca habríamos elegido en abstracto. Miles de decisiones profesionales razonables pueden dar una dirección a una sociedad.
La inteligencia artificial entra en ese mismo mundo de decisiones y limitaciones. Su aparente ingravidez depende de centrales eléctricas, líneas de transmisión, chips y sistemas de refrigeración. La Agencia Internacional de la Energía informa de que la demanda de electricidad de los centros de datos aumentó un 17 % en 2025. La IA puede ayudarnos a usar la energía con más eficiencia y a acelerar descubrimientos útiles; su creciente demanda de recursos físicos ya es un hecho. El rendimiento de esos recursos dependerá en parte de los fines a los que se destine la tecnología.
No sé cómo clasificar todos los peligros que pueden traer unas máquinas más capaces. Pero ya sabemos que la capacidad de una tecnología para servir a los seres humanos no determina quién la dirigirá. Las decisiones sobre la propiedad, el uso militar y la rendición de cuentas públicas no pueden quedar dentro de una promesa general de progreso. Si una nueva herramienta reduce el coste de usar la fuerza, el juicio político sigue teniendo que responder de su uso. La eficiencia técnica no exime de esa obligación.
Por tanto, debemos desconfiar de esperar a que los mercados impongan la contención. Puede que no haya un único momento de ajuste de cuentas: el poder adquisitivo y la inversión civil pueden erosionarse a lo largo de años. Una caída repentina, si llega, puede estrechar aún más las opciones. Puede perjudicar a personas que apenas participaron en la elección de la política y dejarlas más dependientes del Estado que la siguió. La tarea de la contención corresponde al juicio político mientras sigan abiertas las alternativas.
Para los gobiernos, eso empieza por tratar el restablecimiento de la paz como una responsabilidad permanente de la estrategia. La disuasión exige una idea de lo que pretende disuadir y de cómo sería un acuerdo tolerable. La diplomacia, los límites recíprocos y los acuerdos verificables merecen un esfuerzo sostenido incluso cuando falta la confianza. Algunas negociaciones fracasarán. Un pueblo atacado puede tener que luchar. Nada de esto libera a los dirigentes del deber de buscar condiciones en las que pueda disminuir la exigencia de sacrificio.
La obligación financiera es igualmente concreta. Los compromisos militares prolongados deberían ir acompañados de una explicación de cómo se pagarán, incluido qué otros trabajos tendrán que esperar. Cuando sea necesario endeudarse, los gobiernos deberían explicar cómo lo sostendrá la economía productiva. La inflación nunca debería tratarse como una forma cómoda de cobrar un sacrificio que los dirigentes se han negado a pedir abiertamente a sus ciudadanos.
Tampoco puede la contención significar descuidar los medios de resiliencia. Un suministro eléctrico fiable, una agricultura productiva y unas infraestructuras capaces de resistir interrupciones amplían la libertad de acción de un país. Invertir en ellos puede reducir la influencia que tiene un adversario. Los gobiernos deberían aplicar parte de la urgencia que dedican al armamento al trabajo prosaico de mantener estos sistemas. La ingeniera que decide en qué gastar su vida debería encontrar que mantener vivo un país es también un trabajo al que puede unirse la ambición.
Esto exigirá una concepción distinta del éxito económico. El propósito de un excedente productivo es liberar tiempo humano: dejar espacio para el hogar, para el estudio, para el trabajo emprendido por curiosidad o por amor. La seguridad tiene valor porque preserva estas posibilidades. Una sociedad que las hipoteca continuamente para sostener una emergencia acabará teniendo que preguntarse qué logran sus sacrificios más allá de la continuación de la propia emergencia.
La alianza con Noé se extiende a criaturas vivas que ni negocian sus términos ni disponen de medios para hacerlos cumplir. Eso forma parte de su alcance moral. El poder que hace la promesa acepta una obligación hacia quienes no pueden exigirla. Nuestras decisiones también atan a personas que no pueden sentarse a la mesa. Los niños heredarán las deudas. Personas desconocidas vivirán con las consecuencias de lo que destruyamos. Quienes aún no han nacido partirán de las posibilidades que les hayamos dejado.
La promesa de protección debe seguir respondiendo a la obligación de contención. El poder debe a los vulnerables un límite a lo que les exigirá, además de protección frente a lo que otros puedan hacerles. El dinero y la tecnología han ampliado nuestra capacidad de aplazar ese ajuste de cuentas. No nos han dado ningún medio para cancelarlo.
El arco en las nubes sigue siendo una imagen exigente. La mano que tiene el poder de trazarlo también tiene el poder de dejarlo. Todo lo que entendemos por civilización depende de mantener viva esa segunda posibilidad.