En Gran Bretaña, el 1 % de los contribuyentes con mayores ingresos paga más de una cuarta parte de todo el impuesto sobre la renta recaudado, y aunque los residentes británicos superricos quizá no disfruten de las ventajas fiscales de los Macklowe, la mayor parte de la carga recae sobre abogados, banqueros, directivos de empresas y propietarios de empresas privadas de éxito. Y así debe ser, dicen los colectivistas....
Una de las historias más jugosas que circulan por la sociedad neoyorquina es el divorcio de los Macklowe. Harry, el marido, mantuvo durante dos años a una amante francesa antes de pedir el divorcio a su esposa, con la que llevaba 58 años casado. Hasta aquí, se trata de una separación matrimonial corriente. Pero lo que la ha convertido en tema de chismorreo es el extraordinario estilo de vida de los Macklowe, los insultos que se lanzan y las expectativas de la esposa agraviada, de 79 años, que busca mil millones o así para pasar sus últimos días.
Dicen que el infierno no tiene una furia comparable, y todo eso. Aquí tenemos a una de las parejas más ricas de Nueva York lavando los trapos sucios en público, y resulta que Harry no paga impuestos desde 1983. El abogado de Harry afirmó sin rodeos ante el tribunal que «la gente del sector inmobiliario no paga impuestos». Recuerda la célebre frase de Leona Helmsley, que salió a la luz en su juicio hace treinta años, cuando la «Reina de la Maldad» dijo: «Nosotros no pagamos impuestos, solo los pequeños pagan impuestos».
Esto sigue sorprendiendo a muchos de nosotros, la gente pequeña, pero tenemos que creer a un abogado de primer nivel de Nueva York cuando hace una declaración ante un tribunal. La fuente de inmensas fortunas personales en ciudades como Nueva York suele ser la promoción inmobiliaria, y si esta es una actividad libre de impuestos, convierte en una burla que el Estado redistribuya dinero de quienes tienen a quienes no tienen.
¡Y los sociólogos se preguntan por qué hay tanto descontento dirigido contra el sistema! Este descontento se expresa en un socialismo redoblado, un socialismo de inspiración moral más que quizá el marxista. A las masas les parece evidente que el Gobierno no recauda impuestos porque no se esfuerza lo suficiente. Pero todo lo que demuestran las pruebas del divorcio Macklowe es una de las verdades de la vida: los ricos son muy buenos encontrando formas legales de no pagar impuestos.
Destrucción de riqueza y Estado
Las promesas de bienestar del Gobierno nunca las financian los muy ricos. En cualquier caso, son demasiado pocos para influir en la enorme escala de las exigencias de ingresos fiscales del estatismo. Aun así, se impone una carga enorme a quienes crean riqueza con éxito. En Gran Bretaña, el 1 % de los contribuyentes con mayores ingresos paga más de una cuarta parte de todo el impuesto sobre la renta recaudado, y aunque los residentes británicos superricos quizá no disfruten de las ventajas fiscales de los Macklowe, la mayor parte de la carga recae sobre abogados, banqueros, directivos de empresas y propietarios de empresas privadas de éxito. Y así debe ser, dicen los colectivistas.
Pero cuando miramos el siguiente nivel, el de quienes ganan más que el salario medio, vemos que los impuestos del Estado han causado las peores distorsiones económicas. Nos referimos a los impuestos sobre los salarios de los trabajadores manuales cualificados y por encima. Son personas corrientes con aspiraciones de mejorar para sí mismas y para sus familias. Son las personas que pagan la mayor parte del otro 75 % del impuesto sobre la renta y de los impuestos sobre las ventas que recauda el Estado. Son las personas que, si se les permitiera quedarse con sus ingresos, tendrían incentivos para ser más productivas en beneficio de todos. Son las personas que, de poder elegir, reducirían la carga del bienestar sobre el Estado ahorrando para una sanidad privada y pagando la educación de sus hijos.
En cambio, se ven obligadas a subvencionar un sistema estatal mucho más caro. Hace poco una fuente creíble me contó que la única forma de cirugía en EE. UU. cuyo precio ha bajado en los últimos años es la que no cubren Medicare y Medicaid, muy regulados: la cirugía plástica. Hace algún tiempo hice un cálculo aproximado del coste de educar a un niño en edad de primaria en Gran Bretaña y comprobé que el sistema estatal «gratuito» cuesta aproximadamente el doble que educarlo en un centro privado. Mantener encerrado a un joven delincuente varón en Gran Bretaña cuesta 85 975 £ al año, todo incluido, mientras que educar a un niño de la misma edad en Eton cuesta menos de 40 000 £. Y no es que los reformatorios británicos rebosen de costosas instalaciones de clase alta, precisamente.
Conozco a muy pocos padres que prefieran que sus hijos pasen por el sistema estatal en lugar de recibir una educación privada. Incluso los políticos laboristas de izquierdas del Reino Unido envían a sus hijos a colegios privados. Los sindicatos ofrecen sanidad privada a su propio personal para no tener que hacer las colas del Servicio Nacional de Salud, mientras condenan públicamente la sanidad privada por quitar recursos al sistema estatal.
El dinero que los impuestos desvían de usos productivos para reforzar el gasto estatal supone un enorme lastre invisible para la economía. Destruye la riqueza personal y ofrece a cambio servicios inferiores o no deseados. Y aunque podemos debatir los beneficios para quienes menos ganan y para los parados de larga duración, no deberíamos ignorar la riqueza que, de otro modo, se habría acumulado y de la que depende, en última instancia, el nivel de vida incluso de los más pobres de la sociedad.
Los estilos de vida se basan ahora en la deuda
La intervención del Estado se ha vuelto tan extensa y costosa que quienes aspiran a mejorar y a procurar mejores condiciones a sus familias llevan mucho tiempo sin poder lograrlo con unos ingresos muy gravados por los impuestos. En su lugar, recurren al endeudamiento. Una pareja joven típica que compra una vivienda de nueva construcción en una urbanización, con dos coches aparcados en la entrada, bien vestidos y con hijos que ya no van andando al colegio sino que los lleva uno de los padres, representa las aspiraciones del futuro de su país.
Pero ¿cuánto de esa riqueza visible es realmente de la pareja modelo? Las escrituras de la hipoteca están en poder del prestamista, que representa la mayor parte del valor de la casa. Los coches no son suyos hasta el final del contrato de préstamo, y entonces deben devolverlos, comprarlos o cambiarlos por otro coche financiado. Y las tarjetas de crédito son una forma de endeudamiento cara que, para muchas personas, es un puente financiero necesario hasta la próxima nómina. Es un hecho triste que la mayoría de los asalariados no tienen ningún colchón financiero, y si no les llega la próxima nómina, corren el riesgo de perder su calificación crediticia y posiblemente también su casa.
La hipoteca, los préstamos de los coches y las deudas de las tarjetas de crédito han sustituido, en la práctica, a los ingresos que se llevan los impuestos del gobierno y a los ahorros que de otro modo se habrían acumulado. Las nuevas urbanizaciones se venden casi por completo con crédito hipotecario, y lo normal son préstamos del 90 % del valor de tasación. El auge de la venta de coches también se basa en la financiación al consumo. El endeudamiento de los consumidores ha superado con creces al endeudamiento industrial destinado a invertir en producción.
La opulencia visible del estilo de vida actual de la mayoría de la gente se asienta sobre las arenas inestables de la deuda. La ausencia de patrimonio personal, que de otro modo sería una garantía para el futuro, se sustituye por una dependencia creciente de que suba el valor de la vivienda para diluir la deuda hipotecaria, que suele ser la mayor inversión y el mayor pasivo de una familia. La carrera por comprar vivienda, que de otro modo no se produciría, y la disponibilidad de crédito para ello elevan los precios por encima de donde estarían. La gente corriente se convierte en especuladora apalancada con el precio del techo que tiene sobre su cabeza, y queda a merced de los altibajos del ciclo del crédito.
Posiblemente el efecto secundario más insidioso de la deuda sea la desarticulación social. Cuando la gente ahorra, lo hace en beneficio propio y de su familia. Las personas con ahorros que proteger son social y políticamente más estables. Entre las aspiraciones de mejora está dar a los hijos un mejor comienzo en la vida y asumir la responsabilidad de los padres, que pueden necesitar ayuda diaria y apoyo económico en su vejez. Por eso el ahorro es compatible con la cohesión social. Estos objetivos son incompatibles con un estilo de vida basado en la deuda y, en consecuencia, las responsabilidades familiares se erosionan. Al fin y al cabo, si el pacto con el Estado es que este se encargará de mis hijos y de mis padres ancianos con lo que yo pague en impuestos, mi responsabilidad hacia ellos disminuye.
Además, la provisión generalizada de instalaciones por parte de benefactores locales, una fuente tan importante de servicios para la comunidad en el pasado, ha desaparecido casi por completo. El Estado dice a estos ángeles que se ocupará él de las comunidades, y al mismo tiempo les obliga a pagarle impuestos para ello. La decencia fundamental de preocuparse por la comunidad local y de sentir compasión por los vecinos ha sido desplazada por la intervención del Estado.
El gobierno no sustituye a la compasión humana
La ayuda del Estado no sustituye al esfuerzo propio. El Estado no está capacitado para reciclar impuestos en prestaciones sociales. El proceso es forzosamente torpe, costoso y burocrático. Lo primero que necesita el Estado es una dirección. Si no tienes hogar ni cuenta bancaria, puede que te cueste tener derecho a una prestación. Los formularios y los trámites, incluso si tienes dirección, son necesariamente complicados, de modo que solo los que hacen trampa para cobrar ayudas saben moverse entre ellos, mientras que quienes las merecen a menudo no consiguen lo que les corresponde.
Los ciudadanos caritativos, que son partidarios de la redistribución de la riqueza hacia los pobres, están motivados en su mayoría por la compasión que mostrarían si pudieran permitírselo personalmente. Pero no ven que la mentalidad burocrática no es adecuada para esa tarea. Si alguien que está en una necesidad real acude a la iglesia, la mezquita, la sinagoga o el templo, sus necesidades son evidentes, y cualquier organización benéfica religiosa le ayuda con rapidez. Los aprovechados se identifican enseguida y se les rechaza. La caridad local que prestan las organizaciones religiosas es extremadamente eficiente. Compáralo con el Estado, que exige rellenar un formulario, luego tramitarlo y, después, decirle a la persona angustiada, hambrienta y desesperada, quizá con problemas de salud mental, que vuelva dentro de quince días, cuando la solicitud de ayuda social haya sido tramitada, para conocer la decisión. Aun así, los partidarios bienintencionados de la intervención estatal parecen ciegos ante las terribles carencias y las costosas ineficiencias de la asistencia social del Estado.
Es tentador culpar a la democracia de esta situación, porque cada vez más votantes se benefician de los desembolsos estatales. Eso no es lo esencial. Es posible tener una democracia que funcione y, a la vez, un electorado imbuido de ética del trabajo y reacio a depender de las ayudas. Si los impuestos se limitan a un tipo fijo del impuesto sobre la renta de no más del 20 %, con un mínimo personal exento generoso para quienes menos ganan, toda la población tiene incentivos para mejorar su situación, y los asalariados para cuidar de sus familias. La evasión fiscal casi desaparece, y los que más ganan contribuyen de buen grado al bienestar común.
Un gobierno más reducido puede entonces permitirse pagar una pensión pública básica y ofrecer gratis en el punto de uso lo esencial de la sanidad y la educación. Basta con mirar a estados insulares como Jersey y Guernsey para comprobar que la democracia de impuestos bajos unida a una asistencia social civilizada funciona. La clave es que el Estado no grave los ingresos y el gasto de la gente corriente hasta el punto de obligarla a endeudarse para llegar a fin de mesii.
Al destruir riqueza, los gobiernos se están comiendo la semilla de la sociedad. No solo empujan a sus ciudadanos a endeudarse, sino que además desalientan activamente el ahorro. Los ahorros se apartan de unos ingresos que ya han tributado, y después los ingresos y las plusvalías que generan se gravan por segunda vez. Por supuesto, puedes blindar el ahorro en un fondo de pensiones. Pero la mayoría de los asalariados no participan activamente en los planes de pensiones y no ven ese dinero hasta que se jubilan. Incluso entonces, las pensiones tributan por el impuesto sobre la renta a medida que se cobran. La ventaja del diferimiento fiscal a través de las pensiones suele estar siendo limitada, erosionada y saqueada por gobiernos endeudados. Y con los rendimientos de los bonos manipulados a la baja por los bancos centrales, tampoco es probable que las pensiones ofrezcan las rentabilidades prometidas.
Los costes futuros sin financiación de todas las obligaciones futuras de los gobiernos basados en el estado del bienestar se han acumulado hasta alcanzar muchas veces sus ingresos fiscales. El sistema de prestación estatal de servicios y la destrucción de riqueza para pagarlos, en conjunto, son terminales tanto en lo financiero como en lo social.
La deuda se ha convertido en una trampa de la que no hay escapatoria, tanto para los gobiernos como para sus votantes. La joven pareja típica que mencionamos antes no controlaría su gasto de buen grado, como tampoco se lanzaría a un foso de serpientes. Tampoco quiere el gobierno ver ninguna merma de la demanda alimentada por el crédito. La gente corriente ha pasado a depender del ciclo del crédito y a ser su víctima sin saberlo. Y ahora los gobiernos están igualmente atrapados, porque no queda suficiente riqueza privada para sostener las obligaciones que han asumido.
iiUn error muy extendido es pensar que los estados insulares, como los de las Islas del Canal, solo son viables como paraísos fiscales. No es así; prosperaban mucho antes de que los impuestos elevados llevaran a particulares y empresas a buscar jurisdicciones de baja tributación. A lo largo de los siglos, los empresarios de las islas han sabido tanto producir bienes como prestar servicios de forma oportunista, aprovechando todo tipo de oportunidades de negocio como naciones comerciales en miniatura.
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