Este artículo examina nuestra situación económica actual desde el punto de vista de la economía clásica. Han pasado ya 87 años desde que John Maynard Keynes descartó la economía clásica en su «Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero».
El eje de la obra de Keynes era el deseo de crear un papel para el Estado, que interviniera en los asuntos económicos. Para lograr ese objetivo, tuvo que desacreditar la ley de los mercados, la ley de Say. Explicamos por qué esto fue un error. Ese error ha estado en la raíz de los errores acumulados de las políticas monetarias desde entonces.
Ha conducido a la destrucción del poder adquisitivo del dólar, reflejada en un precio del oro que ha pasado de 35 a 2000 dólares: una depreciación del valor del dólar como medio de cambio, en relación con el dinero legal y sólido, de más del 98 %. Además, ha debilitado a Estados Unidos y a sus aliados frente a las potencias hegemónicas emergentes, que pueden tener o no una comprensión coherente de la economía, pero que al menos no están subyugadas por las fallidas políticas estatistas de Occidente.
Introducción
El Gobierno de EE. UU., del que ya se espera un déficit presupuestario este año de más de 1,4 billones de dólares, se enfrenta a una recesión. Podemos predecir una recesión porque la oferta monetaria M2, que alimenta directamente el PIB, se está contrayendo. Y una recesión conlleva menores ingresos fiscales y mayor gasto en prestaciones sociales. El déficit será mucho mayor que 1,4 billones de dólares.
El estamento que dirige la política monetaria se enfrenta ahora a un problema difícil. Necesita financiar un déficit público disparado, lo cual, como departamento del Gobierno que es, constituye su máxima prioridad. Aparte de los impuestos, hay dos fuentes para esta financiación: el uso del ahorro y la impresión de dinero. Nunca está del todo claro de dónde sale este dinero: si procede del ahorro, los ahorradores desvían recursos de capital de los agentes del sector privado hacia el Gobierno, y eso es una mala noticia para la economía productiva, que necesita recursos de capital. Si no procede de los ahorradores, entonces procede de la expansión del crédito del sistema bancario.
Este análisis convencional presta poca atención al origen del crédito bancario, que simplemente lo crean los bancos comerciales que buscan obtener beneficios prestando a los prestatarios con un margen de interés. Pero los bancos están ahora menos dispuestos a prestar, porque tienen más presente el riesgo que las oportunidades de beneficio. Además, están soportando pérdidas en sus posiciones en bonos del Tesoro porque el coste de financiación ha subido mientras que los rendimientos han bajado. Y hasta que los tipos de interés no caigan por debajo de los rendimientos de los bonos públicos, no hay beneficio en crear crédito para financiar el gasto público.
La única alternativa es que la Fed financie el déficit del Gobierno reintroduciendo la expansión cuantitativa (QE). Esto supone invertir la política actual, que consiste en reducir el balance de la Fed no reemplazando la deuda que vence. Pero sopla un mal viento desde los bancos comerciales, que parecen haber entrado en una crisis cíclica y podrían necesitar un rescate a medida que los depósitos huyen de los prestamistas arriesgados. Podría convertirse en la excusa para reanudar la QE «para salvar la economía».
A todos los efectos, ahora podemos suponer que los futuros déficits del Gobierno de EE. UU. serán financiados cada vez más por la Fed. La Fed también tendrá que recoger los pedazos que dejen los extranjeros que, en conjunto, ya no están dispuestos a comprar bonos del Tesoro de EE. UU.; si acaso, se están convirtiendo en vendedores netos, lo que crea un exceso de bonos del Tesoro.
La Fed se ve haciendo malabarismos con una antiburbuja. Hasta ahora, una burbuja financiera había estado impulsando un aumento de los precios de los activos y creando una sensación de bienestar entre las clases inversoras. En ese entorno, financiar la deuda pública era coser y cantar.
La antiburbuja está ahora alimentando un colapso tanto del valor de los activos como de la actividad económica en la economía no financiera, que sufre en conjunto las consecuencias en los precios de la inflación monetaria y de otros factores relacionados. Habíamos visto subir los valores de las inversiones, lo que nos llevaba a creer que, pese a las dificultades a corto plazo, al final todo saldría bien. Pero la carga acumulada de la redistribución socialista, la degradación monetaria y la bancarrota intelectual de los gobiernos de todas partes resultan ya evidentes para cualquiera con un mínimo de sentido común para observarlas. Solo hay una conclusión: el mundo no va a desembocar en un resultado dirigido por el Estado de leche y miel para todos. El centro de la tragedia es la ausencia de ahorro y de la disciplina para que los capitalistas lo devuelvan. El deseo de Keynes de la eutanasia del ahorrador, expresado en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, se ha cumplido por fin, al menos en Estados Unidos y en el Reino Unido. Y también lo ha hecho el sustituto estatista de Keynes para los ahorradores en su papel de proveedores de capital.
La macroeconomía inventada por Keynes niega el papel del ahorro como componente fundamental de los mercados libres. La inflación monetaria oculta las consecuencias de este error hasta que se nos presentan de repente. ¿Cuáles son? Pueden resumirse en el eventual colapso tanto de la burbuja de activos financieros como del poder adquisitivo de un dinero sin anclaje cuya única virtud es la fe en el Estado y en sus finanzas. Es un colapso que se hace cada vez más evidente.
Negar las leyes de los mercados
La raíz de los errores de Keynes fue su deseo de crear una justificación para la intervención del Estado en la economía. Para ello tuvo que desechar el capitalismo de libre mercado y, con él, el principio central de la economía clásica: la ley de Say. Este problema ocupó su mente en la década de 1930 y no logró descartarlo de forma convincente. Pero debía hacerlo para que su Teoría general, publicada en 1936, tuviera un sentido aparente. En esa obra fundamental, sus referencias a la ley de Say fueron solo dos, ambas al principio de la Teoría general, de modo que pudiera desarrollar su tesis en el resto del libro.
El de Keynes es un ejemplo de argumentos basados en los intentos de sus contemporáneos por escapar de las limitaciones de la ley de Say, con el fin de llevar la economía más allá de sus orígenes clásicos y justificar un papel para el Estado. Critica la teoría que él describe como «…la ley de Say, según la cual el precio de demanda agregada de la producción en su conjunto es igual a su precio de oferta agregada para todos los volúmenes de producción…»[i] al malinterpretar el concepto. Obsérvese que en el rechazo displicente de Keynes falta el elemento central de la división del trabajo, que es de lo que trata todo esto: es decir, el papel vital del dinero y, en especial, de los precios para vincular la producción con la demanda.
Jean-Baptiste Say nunca condensó en un breve aforismo lo que después se atribuyó a su nombre. En cambio, escribió un libro, Traité d'Économie Politique, publicado por primera vez en 1803, que en su sexta edición casi había duplicado su extensión. Su habilidad consistió en describir, en términos accesibles para el público lector, los principios del libre mercado y del dinero sólido, y por qué generaban progreso económico. Lo explicó en el contexto de los individuos y su interacción, y despreciaba la manipulación de las personas con fines de ingeniería social.[ii] Como la Escuela Austriaca que surgió más tarde con Carl Menger a partir de la década de 1870, demolió de forma convincente la teoría del coste del trabajo y la economía matemática. Murray Rothbard lo expresó así:
«En una sorprendente y perspicaz anticipación de las controversias modernas, Say pasa a explicar por qué las deducciones lógicas de la teoría económica deben ser verbales y no matemáticas. Los valores intangibles de los individuos, de los que se ocupa la economía política, están sujetos a un cambio continuo e impredecible: "sujetos a la influencia de las facultades, las necesidades y los deseos de la humanidad, no son susceptibles de una apreciación rigurosa y, por tanto, no pueden proporcionar datos para cálculos absolutos". Los fenómenos del mundo moral, señaló Say, no están sujetos a un cómputo aritmético estricto.»[iii]
Pero Keynes era un matemático más que un economista, y no comprendió el elemento humano. Otro factor importante que Keynes ignoró fue el tiempo. Una empresa tiene que efectuar pagos antes de sus ventas. Tiene que comprar materiales y reunir los demás factores de producción. Tiene que pagar a los proveedores, incluida la adquisición de niveles superiores de producción; todo ello antes de vender una sola unidad de producto. Equiparar, como parecía hacer Keynes, las ventas de hoy con el consumo de hoy es un error, porque una empresa tiene que pagar a sus empleados antes de que su producción se materialice, y para ello necesita crédito.
No podemos saber hasta dónde llegaron las lecturas de Keynes, y Rothbard escribió el segundo volumen de su History of Economic Thought (citado más arriba) décadas después de la Teoría general de Keynes. Pero está claro que las observaciones de Say eran como la noche y el día en comparación con las de Keynes, y refutaban todo lo que siguió a la negación por parte de Keynes de lo que se había convertido en una piedra angular de la economía de libre mercado.
El concepto de la división del trabajo era solo una parte del Traité de Say. En la ley de Say hemos extraído una obviedad: que, a más largo plazo, y no con la inmediatez que sugiere Keynes, debe haber un equilibrio entre lo que se produce y lo que se consume. Trabajamos con nuestras habilidades especializadas para maximizar nuestra producción y así poder adquirir los bienes y servicios que necesitamos y deseamos. Afirmar, como hizo Keynes, que esto equivale a «que el precio de demanda agregada de la producción en su conjunto es igual a su precio de oferta agregada para todos los volúmenes de producción» lleva a una conclusión errónea al pasar por alto los factores relevantes. El eje del argumento real de Say era que los cambios en la demanda provocarían excedentes de algunas mercancías y escasez de otras, que, si se dejaba actuar a los mercados, se corregirían por sí solos mediante el mecanismo de los precios; esa es una de las razones por las que es absurdo ignorar el papel del dinero y de los precios. Una caída de los precios de algunas materias primas y bienes crearía desempleo, eso es evidente. Pero, si se los deja funcionar por sí mismos, en los mercados libres el desempleo y las oportunidades que surgen en otros lugares siempre acabarían corrigiendo esta situación con el tiempo. Forma parte esencial de cómo los mercados libres evolucionan para satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores.
Por lo tanto, la intervención del gobierno es indeseable e innecesaria y solo puede obstaculizar la tendencia natural del mercado a adaptarse a una situación en constante cambio, que es la condición necesaria para el progreso. Al negar la ley de Say, Keynes nos estaba engañando al afirmar que un problema de ajuste a corto plazo era lo mismo que una condición absoluta.
Además, la división del trabajo requiere recursos de capital, incluido el propio trabajo, sin los cuales no puede desplegar todo su potencial.
Como matemático, Keynes mostró poca o ninguna comprensión del razonamiento deductivo apriorístico. En cambio, demostró un sesgo contra los ingresos «no ganados» de los ricos ociosos que viven de los intereses de su capital. Pero Say abordó plenamente el papel del ahorro. Explicó por qué el capital, como fondo de ahorros, genera naturalmente intereses. El capital es una herramienta de los negocios y debe calcularse con cuidado. Igual que las mercancías tienen un precio y el trabajo, su salario, el uso del capital a lo largo del tiempo tiene un coste, y ese coste, su tipo de interés fijado libremente, es parte integral del funcionamiento de los mercados.
Los empresarios necesitan el ahorro como fuente de capital y están dispuestos a pujar por él, tras haber estimado en sus cálculos empresariales qué tipo de interés pueden permitirse. Esto no es el supuesto usurero que Keynes parece haber atribuido a unos capitalistas codiciosos y reacios al trabajo que retienen su gasto y restringen así el potencial de producción. Además, la macroeconomía matemática de Keynes nos ha llevado a un callejón sin salida cuyo final ya hemos alcanzado.
Su paradoja del ahorro es un caso así. Si aplazas el consumo actual ahorrando, consumes menos; por lo tanto, elimina el ahorro para aumentar la demanda de los consumidores. En pocas palabras, ese era el nivel de pensamiento, mal informado, de él y de sus seguidores. Con los tipos de interés ocurrió lo mismo. Pero los tipos cero, e incluso negativos en algunos lugares, han destruido la utilidad del ahorro como fuente de financiación para las empresas.
La creencia de que bajar los tipos de interés estimula la producción y el consumo ha resultado insuficiente. En cambio, tenemos cantidades potencialmente ilimitadas de moneda fiduciaria, que con el tiempo socava el poder adquisitivo del dólar. Y esta condición se da también en todas las principales monedas fiduciarias del mundo desarrollado: el euro, el yen, la libra esterlina, el franco suizo y las monedas afines.
El error fundamental de la financiación inflacionaria
En una economía de libre mercado con dinero sólido que actúa como intermediario en la división del trabajo, hay que apartar parte del consumo para aportar una de las formas de capital que reúnen las empresas que anticipan las tendencias de la demanda de los consumidores. Forma parte esencial de cómo los mercados asignan los recursos económicos. La clave es que la fuente del progreso de la humanidad es el aplazamiento de una parte del consumo. Podemos confirmarlo con la evidencia: una economía impulsada por el ahorro, como Alemania y Japón en las décadas de posguerra y la China actual, crea riqueza para sus ciudadanos, mientras que las naciones que desalientan y destruyen el ahorro rinden por debajo de sus posibilidades. Y si no fuera por la capacidad de sus ciudadanos para sortear las políticas derrochadoras de sus gobiernos, que desalientan el ahorro, estas economías habrían experimentado el mismo nivel de progreso que aquel faro idealista para los socialistas de carné de una generación anterior: la URSS y la China maoísta.
Todo razonamiento y toda la evidencia nos indican que el ahorro es un elemento vital del progreso económico y que no puede sustituirse por una expansión del crédito sin respaldo sin consecuencias no deseadas. El rechazo de Keynes a esa verdad es plenamente responsable del declive del nivel de vida de las naciones derrochadoras en comparación con las que ahorran. Hoy, ha llevado a que Estados Unidos pierda su poder frente a naciones rivales impulsadas por el ahorro. En contraste, en poco más de tres décadas, China ha evolucionado gracias a un nivel extraordinario de ahorro hasta desafiar a una Norteamérica derrochadora, tanto por el conjunto de su economía como por su avance tecnológico. La respuesta de Estados Unidos consiste en agravar su propia destrucción económica mediante una combinación de una guerra financiera imposible de ganar para asegurarse una financiación internacional continua de su deuda, una guerra comercial que obliga a sus propios consumidores a pagar precios más altos por las importaciones chinas y de otros orígenes, y la aceleración de la inflación monetaria para costear su activismo militar.
Quien elige la música acaba teniendo que pagar al músico. El neokeynesianismo que surgió de la negación de las obvias verdades de Say en las primeras páginas de la Teoría general de Keynes ha resultado ser poco más que una estafa para inventar un papel para la intervención del gobierno. Ahora estamos quedando expuestos a la falacia que hay detrás de este intervencionismo y a sus consecuencias.
La incapacidad del Estado para dirigir los recursos económicos
Jean-Baptiste Say describió el papel del ahorro y cómo los individuos, o sus agentes, al decidir qué hacer con él, proporcionaban el capital para financiar la producción. El capital es siempre un bien escaso que exige una compensación en forma de interés a los ahorradores por la preferencia temporal y el riesgo de préstamo y, en estos tiempos de monedas fiduciarias, una prima adicional que refleje los cambios previstos en el poder adquisitivo. Y sin los refugios que ofrece el estatismo, las empresas que planeaban obtener beneficios con sus proyectos solían corregir rápidamente sus errores para limitar las pérdidas sobre el capital invertido.
La intervención estatista ha eliminado esta disciplina. Empresas y consumidores aprendieron que el crédito ya no era escaso. Mediante la inflación del crédito, una empresa cuya financiación se beneficia de rendimientos de los bonos reprimidos sabe que, además, se beneficia de la transferencia de riqueza que le hace el prestamista, reflejada a su debido tiempo en precios más altos para sus productos. Al crear este efecto, los bancos centrales creen que pueden estimular la producción. Pero es un fraude para los ahorradores, que, naturalmente, deciden participar directamente en el capital de las empresas que se benefician de la financiación inflacionaria, en lugar de mantener depósitos bancarios y deuda de renta fija.
Hoy, en economías como las de EE. UU., el Reino Unido y gran parte de la UE, el ahorro tradicional a cambio de intereses desempeña un papel menor en el suministro de capital a las empresas productivas. En su lugar, el capital se obtiene cada vez más mediante la inflación monetaria y la inflación del crédito bancario. Mientras que los bancos hacen evaluaciones comerciales al prestar, los bancos centrales y otros organismos públicos no pueden emitir juicios comerciales.
No solo no están preparados para ello, sino que los mueven consideraciones políticas que dan poco o ningún peso al cálculo empresarial. Cometen el error de considerar el PIB como el único indicador de su éxito. Pero el PIB es solo un total de transacciones durante un período determinado y solo aumenta con la expansión del crédito. No cuantifica los beneficios económicos de esas transacciones. El PIB incluye el gasto público, un gasto que, en conjunto, resta valor económico a los consumidores al quitarles su riqueza e imponerles en su lugar monopolios estatales.
Los gobiernos derrochadores se han arrogado cada vez más la tarea de financiar prácticamente todas las obligaciones económicas que no financian los bancos comerciales. En consecuencia, el destino del dinero inflado se orienta inevitablemente a apoyar intereses gubernamentales y políticos en detrimento de una economía de libre mercado dedicada a servir al consumidor. Las empresas zombi, que emplean a un gran número de trabajadores de forma ineficiente, fabricando y suministrando productos que no responden a la demanda de los consumidores, están en primera línea para recibir ayudas, porque a los políticos les interesa más conservar empleos que el progreso comercial. Los banqueros compran influencia política con donaciones para proteger los privilegios que les otorgan sus licencias bancarias. Y el supuesto estímulo generalmente no llega a la mayoría de las empresas, las pequeñas y medianas empresas sin voz que, según el principio de Pareto, constituyen el 80 % de cualquier economía avanzada.
La falta de comprensión por parte de los economistas y pronosticadores estatistas de que los desequilibrios entre producción y consumo son la consecuencia inevitable de la expansión monetaria se evidencia también en su creencia de que un aumento del nivel general de precios es imposible en una economía en contracción. Pero la ley de Say demuestra lo contrario.
La ley de Say explica por qué los precios no bajan en una recesión
Cabe señalar que, en una economía de libre mercado, cualquier desempleo es una condición temporal, porque el trabajo es un recurso de capital demandado para la producción. Si un sector no demanda mano de obra, la demandará otro. Esto forma parte del proceso natural de evolución del mercado.
Si el nivel general de desempleo aumenta, se debe directa o indirectamente a la intromisión del gobierno, incluida la manipulación del crédito. Si, como consecuencia de esa intromisión, los niveles de desempleo adquieren cierto carácter permanente, es lógico pensar que no se deberá a que el trabajo salga de la producción de bienes no deseados, sino de la ocupación en la producción en general.
Los neokeynesianos modernos e incluso los monetaristas asumen que, cuando hay altos niveles de desempleo, la demanda de bienes se destruye. Sostienen que se necesitan ingresos agregados sostenidos para absorber la oferta de bienes y servicios. Por tanto, en una recesión o una depresión, el nivel general de los precios de consumo descenderá. Esta creencia arraigada se alimenta de la experiencia de la depresión de la década de 1930, cuando el nivel general de precios cayó de forma considerable.
Se ignoran otras pruebas en sentido contrario, como las condiciones de estanflación de la década de 1970, cuando, pese al aumento de los tipos de interés y a un desempleo persistentemente alto, los precios subieron a niveles elevados, sobre todo en el Reino Unido. Y en cada colapso monetario, la destrucción de empleo no impidió que los precios siguieran subiendo a un ritmo cada vez mayor.
La suposición errónea de todo el análisis neokeynesiano es que el valor del medio de intercambio es constante. Los precios parecieron caer en la década de 1930 no por un exceso generalizado de oferta, sino por el aumento del poder adquisitivo del medio de intercambio: el dólar, firmemente vinculado a un patrón oro, primero a 20,67 $ y, desde principios de 1934, a 35 $. ¿Por qué ocurrió? Simplemente por una brutal contracción del crédito basada en dinero sólido, provocada por el colapso de una burbuja de crédito alimentada por la Fed bajo el liderazgo de Benjamin Strong. Fue la intervención monetaria estatal previa la que condujo a la depresión.
Primero con el presidente Herbert Hoover y después con Franklin Roosevelt, el Estado intervino de todas las formas posibles para poner fin a la depresión. Pero la evidencia empírica sugería con fuerza que, si el Gobierno de EE. UU. hubiera adoptado una política de no intervención, la crisis habría terminado en solo un año o dos en lugar de durar una década entera. En cambio, se culpó erróneamente a los mercados libres.
En cuanto a la creencia moderna de que los precios caen en una recesión, ignora el simple hecho de que la destrucción de demanda por el aumento del desempleo también conduce a la destrucción de producción. Los consumidores no solo gastan menos en conjunto, sino que además producen menos. Esta es la prueba indiscutible que aporta la ley de Say.
La subida de los tipos de interés no ha terminado
Otra falacia keynesiana es que, en una depresión, la demanda de capital monetario disminuye, lo que lleva a tipos de interés más bajos. Intentan evitar la caída de la demanda de capital suprimiendo los tipos de interés y, más recientemente, mediante la flexibilización cuantitativa.
Además de reflejar el riesgo del préstamo, los tipos de interés están determinados principalmente por la preferencia temporal, el riesgo de contraparte y el riesgo de divisa. La preferencia temporal fue explicada por Turgot, contemporáneo algo mayor que Say, y más tarde por Eugen Böhm-Bawerk, de la escuela austriaca. Pero los escritos de estos economistas se produjeron durante un régimen de patrones oro y plata; es decir, el crédito estaba firmemente anclado a un dinero corpóreo reconocido internacionalmente, sin riesgo de contraparte, y los cambios en el poder adquisitivo no solían ser un problema.
Pero hoy tenemos monedas fiduciarias, y al incorporar su poder adquisitivo futuro previsto en una preferencia temporal conjunta, vemos cómo las expectativas cambiantes de envilecimiento monetario dominan ahora las perspectivas de los tipos de interés. El asunto es de especial interés para los tenedores marginales de una moneda fiduciaria, en particular los extranjeros que no la necesitan para las transacciones diarias, salvo para la liquidación del comercio internacional y la adquisición de materias primas. Así, un extranjero que necesite saldos en dólares para financiar compras en los mercados internacionales evaluará el poder adquisitivo futuro de los dólares que mantiene por encima de las necesidades de su negocio y los venderá si el interés obtenido no basta para satisfacer su preferencia temporal.
En los últimos meses ha surgido otro factor que determina los tipos de interés. El crecimiento del crédito bancario en EE. UU. se ha ralentizado y ahora se contrae, algo que se repite en otros lugares. Una escasez creciente de crédito bancario en un momento de demanda creciente simplemente conduce a tipos de interés más altos. Todo apunta a que los tipos pagados por los depósitos tendrán que subir para compensar a los tenedores ante la perspectiva de un deterioro del poder adquisitivo, y cualquier intento de la Fed de suprimir los tipos de interés y los rendimientos de los bonos provocará, en consecuencia, la venta de dólares en los mercados de divisas. Cuando los tenedores extranjeros de dólares provoquen una huida de la moneda, nuevas subidas de los tipos de interés serán inevitables.
Hasta ahora, con unos 30 billones de dólares en depósitos, letras del Tesoro y otros activos financieros a más largo plazo, todavía no ha comenzado una auténtica huida del dólar, pero cada vez hay más indicios del peligro. Y aunque el dólar ha perdido algo de terreno frente a otras divisas durante el último año, un mayor deterioro de su poder adquisitivo se hará inevitablemente patente en la energía y las materias primas cotizadas en dólares. Con el dólar y las divisas relacionadas perdiendo valor, los extranjeros casi con toda seguridad se desharán de sus dólares a cambio de petróleo, cobre y oro físico, que es dinero legal.
La creciente conciencia de que lo que se está erosionando es su poder adquisitivo, y no tanto que los precios suban, nos indica que todo el mundo se desprenderá de los excedentes de divisas, a menos que los intereses pagados los compensen lo suficiente. Y las empresas que afrontan una restricción del crédito liquidarán necesariamente los depósitos en divisas distintas de aquella en la que llevan su contabilidad. En un primer momento, son los depositantes extranjeros quienes toman conciencia de la transferencia de su riqueza a los deudores y a sus gobiernos mediante la inflación monetaria. Ocurre que la divisa más expuesta en manos de extranjeros cuya contabilidad está en otra divisa base es el dólar. Antes de que los residentes estadounidenses se den cuenta de que también ellos deberían reducir al mínimo su exposición a la moneda y al crédito, el poder adquisitivo del dólar habrá disminuido de forma notable, medido frente a cualquier cosa. Entonces los mercados controlarán por completo los acontecimientos, y los bancos centrales y sus gobiernos quedarán desacreditados. Los tipos de interés se dispararán.
Las burbujas están estallando y seguirán haciéndolo. La revalorización a la baja de los bonos del Estado, considerados ingenuamente por bancos, inversores y reguladores como el refugio seguro por excelencia, ya amenaza la existencia de bancos excesivamente apalancados. Y dado que todo el sistema financiero se ha inflado mediante una expansión ilimitada del dinero, el riesgo es entonces el de un colapso conjunto de los activos financieros y de las divisas.
Si Keynes hubiera entendido lo que Say quería decir, hubiera abandonado su Teoría general y hubiera promovido en su lugar un dinero sólido, una intervención mínima del Estado y mercados libres, no estaríamos en este lío. Pero quien una vez fue estatista, siempre lo fue, y no podemos volver atrás en el tiempo.
[i] Teoría general, capítulo 3, 1.
[ii] Véase Murray Rothbard, An Austrian Perspective on the History of Economic Thought: Vol 2, páginas 4-5
[iii] Ibid. Páginas 15-16.