Tanto los keynesianos como los monetaristas creen que a veces es necesario aumentar el gasto público o inyectar más dinero en la economía. La intervención adopta la forma de gasto público sin financiación, tipos de interés artificialmente bajos para impulsar la demanda de dinero y de crédito bancario, o un esfuerzo por hacer «competitiva» la moneda mediante su devaluación.
Estos métodos se han probado sin éxito una y otra vez, y hay que denunciarlos si queremos entender nuestra verdadera situación económica.
La razón de que no funcionen puede resumirse como un descuido y una falacia a la vez. El descuido consiste en mirar solo una cara de una propuesta de gasto público: un nuevo puente, hospital o colegio es un beneficio visible. Lo que se ignora con facilidad es el coste, que se reparte entre los ahorros y los ingresos de muchas personas. Si esos recursos no se desviaran, los consumidores podrían gastarlos como consideraran oportuno. Esto es importante, porque es la demanda de los consumidores la que impulsa la innovación y el progreso económico, no la redistribución gubernamental.
La falacia básica es adherirse a ideas coherentes con el coste de producción, o la teoría del valor-trabajo, e intentar encajarlas a la fuerza en la realidad de la subjetividad de los precios para el consumidor. La lista de economistas que han cometido este error es mucho más larga que la de quienes entienden dónde está la equivocación, e incluye a Tomás de Aquino, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y Karl Marx. Es la base del pensamiento socialista, que nos divide de forma peyorativa en clases explotada y capitalista. La verdad es muy distinta: el consumidor, con sus decisiones, determina los precios y lo que se fabrica, y cualquier productor que no responda acaba quebrando.
El núcleo del problema es que los economistas convencionales no entienden los precios. Dibujan curvas de oferta y demanda que ilustran que, manteniéndose todo lo demás igual, los precios más bajos estimulan la demanda. Dejando a un lado que lo demás nunca permanece igual, es un punto de partida razonable. Pero después los macroeconomistas lo contradicen al creer que la caída de los precios aplaza y reprime la demanda, y que una subida moderada la estimula.
Así pues, las contradicciones empiezan en el nivel más básico y, a partir de ahí, los errores se multiplican. En lugar de abandonar las teorías del coste de producción, los economistas convencionales buscan subvencionar a los productores, ya sea directamente o por vía monetaria. Equivale a subvencionar a empresas que de otro modo fracasarían. Además, se anima a las empresas con éxito a buscar subvenciones y se las desalienta de reorientar su capital hacia inversiones realmente rentables.
Debido a una propaganda gubernamental incesante, hoy casi todo el mundo cree que la intervención estatal es una fuerza para el bien, pero la verdad es muy distinta. La intervención del Estado supone reducir los salarios y destruir los ahorros mediante la inflación monetaria, al tiempo que sube los precios. Es cierto que los tipos de interés más bajos y la expansión monetaria pueden dar un impulso artificial a corto plazo, pero este se revierte rápidamente cuando los precios empiezan a subir.
Un análisis razonado de los verdaderos efectos de la intervención del Estado revela la verdad: tiene un coste económico considerable, perturba el progreso económico y nos deja a todos peor. ¿Es de extrañar que la reflación ya haya dejado por fin de generar siquiera beneficios a corto plazo?