El Reino Unido y sus oportunidades perdidas

La figura 1 muestra que el M4 ha pasado de 1,82 billones de libras en el momento de la quiebra de Lehman a 2,96 billones el pasado septiembre, un aumento del 63 %. Pero el ritmo de aumento se aceleró notablemente en los primeros seis meses de 2020, hasta una tasa anualizada del 19,3 %. Este es el motor que impulsa al alza los precios de los bienes y, en menor medida, de los servicios.

En aquel momento, la inflación monetaria estaba presente en todas partes y provocó precios de las materias primas considerablemente más altos. Las materias primas que utiliza la industria suponen unos costes de producción que suben con fuerza, a lo que se suman la escasez de mano de obra cualificada y las interrupciones en las cadenas de suministro. Pero todo ello son meras pruebas de que la tarta de la moneda está cortada en porciones más finas. Comprar e instalar una cocina nueva en tu casa requiere más de esas porciones más pequeñas de la tarta de la moneda que el año pasado.

Si todo lo demás permanece igual, aún quedan efectos importantes sobre los precios, pues las pasadas depreciaciones de la moneda todavía no se han trasladado por completo a ellos. Y dado que la política monetaria consiste en responder a la subida de precios elevando los tipos de interés mientras se sigue inflando, también vendrán tipos de interés más altos. El efecto sobre los rendimientos de los bonos y los precios de las acciones será indudable. Pero todo lo demás nunca permanece igual, y el efecto de unos costes de producción más altos será el cierre de la producción no rentable y la quiebra de fabricantes sobreendeudados. Esta evolución ya empieza a ser evidente a escala mundial, con la recuperación posterior a la pandemia ya desvaneciéndose.

Al verse deteriorado el valor de las garantías financieras, es probable que los bancos se vuelvan más cautos, reduzcan sus préstamos y, en el margen, aumente el ritmo de las ejecuciones hipotecarias. El problema es que la mayor parte de la moneda en circulación es la contrapartida del crédito bancario. Un mercado bajista de bonos y acciones llevará a una contracción del crédito bancario, que desencadenará políticas diseñadas para contrarrestar la deflación.

¿Qué hará el Banco de Inglaterra? Sin duda, querrá aumentar su estímulo monetario en un momento de subida de los tipos de interés y de caída de los valores financieros. El Banco también se encontrará sustituyendo el crédito bancario que se contrae para mantener viva la ilusión de prosperidad. La emisión de moneda base no será algo menor.

Pero, según los keynesianos, que solo pueden equiparar los niveles de precios con la demanda de los consumidores, la inflación durante una recesión económica no debería ocurrir nunca. Peor aún, llegará en un momento en que los bancos del Reino Unido tienen un apalancamiento elevado, en niveles récord: Barclays, por ejemplo, tiene una ratio de activos sobre capital de unas veinte veces. Y, como centro financiero europeo, Londres está muy expuesta al riesgo de contraparte de la eurozona que, al encontrarse en una situación desesperadamente frágil, supone una amenaza sistémica de primer orden.

Con estos peligros crecientes tan claramente presentes, al Banco y al Tesoro les convendría reconstruir las reservas nacionales de oro, vendidas tan insensatamente por Gordon Brown cuando era ministro de Economía. Es el único seguro frente a un colapso sistémico y de la moneda que se vuelve más probable a medida que se aplican políticas inflacionistas.

Gasto público

Como se ha mencionado antes, en 2020 la parte del PIB correspondiente al gobierno superó el 50 % y no parece haber ningún intento de contenerla. Y por mucha retórica que se emplee sobre el atractivo del Reino Unido posterior al Brexit para hacer negocios, cualquier gobierno que se quede con la mitad de los ingresos y los beneficios de todos en forma de impuestos no logrará atraer a tantas empresas internacionales como sería posible en otras circunstancias.

El gasto público es inherentemente derrochador. Para mejorar el rendimiento económico, la solución es recortar el gasto público al mínimo posible en el menor plazo posible y reducir con él los impuestos. Pero, en lugar de eso, el Tesoro pretende cubrir el déficit presupuestario, que fue de 250 000 millones de libras en el último ejercicio fiscal (el 11,7 % del PIB), subiendo los impuestos sin reformar el gasto público derrochador. La administración pública ha protegido sus prácticas haciendo fracasar los intentos de personas designadas por el gobierno, como Dominic Cummings, de remodelarla con criterios más eficaces.

Los críticos de las políticas del Tesoro dicen que es mejor bajar los impuestos para fomentar un crecimiento que en el futuro genere los impuestos necesarios para cubrir el déficit. Pero con el Estado ya quedándose de media con la mitad de los ingresos de todos en impuestos, el aumento del déficit manteniendo el gasto público solo añadirá presiones inflacionistas. La transferencia de riqueza del sector privado al sector público mediante la expansión de la moneda anulará con creces cualquier beneficio que el sector privado obtenga de unos impuestos más bajos. Y los tipos de interés más altos, consecuencia de una inflación de precios aún mayor, llevarán a la quiebra a los prestatarios excesivamente endeudados en una economía muy apalancada.

Quienes piensan que el Banco de Inglaterra no tiene ni idea de finanzas y economía no deberían omitir al Tesoro en sus críticas. Lo único que el Tesoro hace bien es reconocer la necesidad de eliminar el déficit presupuestario, aunque con un enfoque equivocado, que consiste simplemente en aumentar la carga fiscal del sector privado. Pero en este objetivo ha fracasado de forma constante, como muestra la figura 2.

Desde los años setenta, los déficits presupuestarios solo se han eliminado brevemente en los tiempos de bonanza de los ejercicios 1989/90 y 2000/01. La previsión de la OBR de volver a un equilibrio casi total en 2023/24 es un ejemplo de pensamiento ilusorio. Al borde de una nueva caída de la producción provocada por unas presiones de costes insostenibles, es probable que el déficit se reduzca solo marginalmente, si es que lo hace.

Los déficits presupuestarios crean un problema adicional, porque, sin un aumento del ahorro de los consumidores (desalentado por los keynesianos), la contabilidad nacional muestra que la consecuencia es un déficit comercial gemelo. Y si el déficit comercial no se reduce, los partidarios de permanecer en la UE dentro del establishment afirmarán sin duda que el Brexit no ha traído los beneficios comerciales prometidos por los partidarios del Brexit.

Política comercial

Además de lograr la independencia política, se decía que el Brexit abriría la oportunidad de conseguir mejores condiciones comerciales que las que se podían obtener como miembro de la UE. La historia y la herencia industriales de Gran Bretaña son las de un entrepôt: las mercancías se importaban, se procesaban y se reexportaban a los mercados internacionales. El concepto de los puertos francos se promovió con esto en mente.

Hasta ahora, el Gobierno británico ha avanzado con laboriosa lentitud en la firma de acuerdos comerciales en un mundo proteccionista. Un enfoque mucho mejor sería abandonar por completo los acuerdos comerciales y los aranceles, con la única excepción de la protección de algunos productos agrícolas, para los que se puede justificar un trato especial. Hoy la agricultura es una parte pequeña de la economía, y los beneficios que supondría para el consumidor eliminar los aranceles son relativamente menores, pero se correría el riesgo de arruinar de raíz partes importantes de la economía rural.

Para entender por qué Gran Bretaña debería abandonar los acuerdos comerciales en favor del comercio sin aranceles, conviene recurrir a la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. Ricardo sostenía que, si un productor lejano es mejor que uno local a la hora de producir un bien o un servicio, y el local por tanto no puede competir, es preferible aprovechar el beneficio de la producción lejana y que el productor local busque una forma mejor de fabricar el producto o destine su capital de producción a otra cosa.

La teoría se puso a prueba con Robert Peel, quien, como primer ministro, suspendió y finalmente derogó las Leyes de Granos entre 1846 y 1849. La consecuencia para la economía británica fue que unos precios más bajos de los alimentos, en lo que para la mayoría de la población era una economía de subsistencia, permitieron a las masas trabajadoras comprar otras cosas y mejorar su nivel de vida.

No solo mejoró el nivel de vida, sino que se creó empleo en las industrias de la lana, el algodón y el tabaco, y en muchas otras. Además, otros países empezaron a adoptar políticas de libre comercio que, combinadas con un dinero sólido, condujeron a una mejora económica generalizada. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, más del 80 % de los buques que entonces navegaban en el mundo, fundamentales para el comercio internacional, se habían construido en Gran Bretaña.

La situación actual es distinta, porque el efecto de eliminar los aranceles sobre los alimentos en lo que se ha convertido en un sector relativamente pequeño resulta demasiado emotivo para la ganancia potencial. Esto es menos cierto en el caso de la industria, a pesar de los gritos que sin duda lanzarían los proteccionistas. Pero un habitante de Glasgow es perfectamente libre de comprar un producto fabricado en Birmingham o de contratar un servicio prestado desde Londres, aunque exista un equivalente en Glasgow. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que nuestro glasgowiano compre algo en Birmingham y que lo compre en Stuttgart, en Lyon o en China?

La respuesta es ninguna, salvo que tiene más donde elegir y que la señal que reciben los fabricantes nacionales es que no son competitivos. Y no sirve de nada alegar que los extranjeros hacen una competencia desleal. Si un fabricante extranjero está subvencionado en su producción, eso beneficia por completo a los consumidores del Reino Unido. Los aranceles son un impuesto sobre los consumidores y dan lugar a una producción nacional menos eficiente.

La ventaja para Gran Bretaña es que, si se convirtiera en un auténtico centro de libre comercio, las actividades internacionales de fabricación y de servicios gravitarían hacia el Reino Unido y generarían empleo adicional; toda la evidencia empírica confirma que esto es lo que ocurre. Sería un desafío directo a las políticas comerciales de la «Fortaleza Europa» de la UE, diseñadas para mantener fuera a los extranjeros. Y en la medida en que se promueva la reforma arancelaria, Gran Bretaña le haría un favor al mundo, porque, como en tiempos de Robert Peel, es probable que otras naciones siguieran su ejemplo.

La verdad incómoda sobre los aranceles es que son un impuesto sobre la propia gente, además de una restricción innecesaria del comercio. En lugar de reconocer esta verdad y la evidencia de su propia experiencia, Gran Bretaña persigue una solución intermedia de laboriosos acuerdos comerciales. Con un alivio limitado de impuestos, la tímida propuesta de crear puertos francos es una admisión de la carga que el Gobierno impone a las empresas en el curso normal de su actividad: de lo contrario, ¿por qué iban a ser un incentivo los puertos francos? Mucho mejor sería reducir los impuestos sobre toda la producción y eliminar la carga arancelaria para todos.

Este gobierno conservador comenzó con políticas comerciales constructivas, pero el establishment permanente las ha ido desgastando hasta el punto de que probablemente queden reducidas al mínimo y resulten ineficaces, lo que confirma, en sus anhelos de partidario de permanecer en la UE, que el Brexit fue un error político y económico.

Política exterior

Una de las oportunidades que brindó el Brexit fue que el Gobierno británico replanteara su agenda de política exterior y la mejor manera en que Gran Bretaña puede servirse a sí misma y al resto del mundo. La historia de su política exterior podría haber servido de guía, aunque parece haberse ignorado. En lugar de eso, Gran Bretaña se aferra al statu quo del Foreign Office y de los servicios de inteligencia, que consiste básicamente en estar aliada sin cuestionamientos con Estados Unidos a través de la alianza de los cinco ojos. Hay que admitir que habría sido difícil hacer otra cosa tras la exitosa caída de Huawei impulsada por el presidente Trump, que extendió el miedo al espionaje chino en una versión moderna de la caza de rojos.

Pero la realidad de la geopolítica actual es que la Teoría del Heartland de Halford Mackinder, presentada por primera vez a la Royal Geographical Society de Londres en 1904, se está haciendo realidad:

«Quien gobierna Europa del Este domina el Heartland;
quien gobierna el Heartland domina la Isla Mundial;
quien gobierna la Isla Mundial domina el mundo».

— Mackinder, Democratic Ideals and Reality, p. 150

No cabe duda de que la alianza entre la Rusia de Putin y la China de Xi, junto con los demás miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, está confirmando la profecía de Mackinder y de que están destinadas a convertirse en la fuerza geopolítica dominante del mundo. Por lo tanto, a largo plazo Gran Bretaña sigue unida al que acabará perdiendo, cuando debería estar reconsiderando su relación con las naciones de Europa del Este, es decir, con Rusia.

Es necesaria una profunda reflexión sobre la política exterior y, en lugar del statu quo, resulta provechoso estudiar el statu quo ante: las políticas exteriores de Gran Bretaña en la época de las guerras napoleónicas y después. Lord Liverpool era primer ministro, con Castlereagh como ministro de Exteriores y Wellington como comandante en jefe del ejército. Tenían una regla de hierro: no interferir nunca en la política interna de un Estado extranjero y actuar solo para proteger los intereses británicos. Esos intereses tenían que ver principalmente con el comercio, y guiaron la política exterior y protegieron la propiedad británica en las colonias hasta la Primera Guerra Mundial.

En comparación con los principios de política exterior del siglo XIX, el apoyo prestado a la hegemonía estadounidense en sus ataques a naciones de Oriente Medio y el norte de África por motivos puramente políticos ha sido un desastre, que ha causado muertes innecesarias y el desplazamiento de millones de refugiados. Algunas de estas aventuras podrían haberse evitado si Gran Bretaña no se hubiera sumado. La negativa de Gran Bretaña a apoyar una invasión de Siria después de que la rechazara una votación parlamentaria fue un raro ejemplo de Gran Bretaña defendiendo sus propios intereses, sin mérito alguno de un gobierno que, de otro modo, habría enviado las tropas.

EE. UU. se hace de rogar con un acuerdo comercial con el Reino Unido, y eso también debería tenerse en cuenta. Un Castlereagh moderno tendría en cuenta estos factores al proponer un nuevo tratado que garantizara el comercio y la defensa tanto de las naciones europeas como de Rusia, respetando así su soberanía. Hay elementos suficientes en juego para lograr un resultado sensato, en particular si se hace aceptar a Estados Unidos que su papel en Europa genera división y que no tiene más remedio que aceptar un compromiso. El Gobierno británico está en una posición única para mediar en un acuerdo, si puede demostrar independencia política frente a todas las partes, incluida Estados Unidos.

La agenda verde

La agenda verde del Gobierno, por la cual se obliga al país a reducir las emisiones de carbono un 78 % respecto a los niveles de 1990 para 2035, con el objetivo de alcanzar las cero emisiones netas en 2050, es una política deliberada de destrucción económica. Tras el impulso a la inversión en energías no fósiles, financiada inicialmente con aún más gasto público, los costes que se imponen a la población para sustituir la calefacción doméstica de gas y petróleo por bombas de calor son prohibitivos e inviables. Solo puede lograrse mediante la demolición y reconstrucción de grandes extensiones de inmuebles residenciales y comerciales existentes. La energía disponible dependerá en exceso de fuentes poco fiables, como la eólica y la solar, y el suministro disponible tendrá que afrontar sobre la red demandas mucho mayores que las actuales.

Los keynesianos que asesoran al Gobierno parecen creer que toda la inversión y la reconstrucción conforme a los nuevos estándares ecológicos estimulan la actividad económica; ya lo defendieron antes en el contexto de la reconstrucción de posguerra. Pero la falacia de la ventana rota de Bastiat, según la cual no se tiene en cuenta el uso alternativo de los recursos económicos, parece habérseles escapado. La sustitución ecológica de la logística del transporte, que funciona en más de un 95 % con diésel, supone destruir una capacidad eficiente y actual para reemplazarla por un transporte eléctrico cuya fuente de energía habrá de compartirse con el resto de las demandas energéticas.

La única solución posible al problema creado por el activismo climático pasa por el rápido desarrollo de la energía nuclear. Pero, además de tardar décadas desde el diseño hasta la puesta en marcha, la nuclear se ve frenada por motivos de coste, ya que la eólica y la solar son mucho más baratas por termia. Además, solo el 16 % del suministro eléctrico de Gran Bretaña es nuclear, y casi la mitad de esa capacidad debe clausurarse antes de 2025, con una sola central nueva en construcción.

Las políticas verdes del Gobierno británico están empujando al país hacia un desastre energético, cuando dispone de importantes reservas de combustibles fósiles en forma de carbón y gas natural. El suministro eléctrico a partir del carbón se ha reducido a menos del 3 %. En lugar de eliminarlo progresivamente, debería volver a incorporarse a la producción, porque los depuradores eliminan casi todas las partículas y los sulfatos, y sin duda pueden perfeccionarse para tratar también las emisiones de CO₂.

Hay buenas razones para restablecer el carbón y, de paso, el fracking de gas. China e India mantienen y aumentan su suministro basado en carbón, lo que les da a sus economías una ventaja significativa en el precio de la energía frente a Occidente. Y aunque se han comprometido a reducir con el tiempo su dependencia del carbón, es una promesa para una fecha tan lejana que apenas se vislumbra. Solo por razones energéticas, Gran Bretaña, junto con otras naciones europeas, se dispone a intercambiar su posición económica con la de los países emergentes, de modo que, cuando estos hayan emergido por completo, Gran Bretaña y Europa tendrán el estatus de tercer mundo.

Sean cuales sean los méritos del debate sobre el cambio climático, es una discusión que no debe confundirse con la economía. Hay que admitir que, con el entusiasmo por eliminar los combustibles fósiles y las fuentes de energía primarias y fiables, bajo el actual Gobierno las perspectivas de la economía británica apuntan a un declive acelerado.

El probable resultado de las políticas del Gobierno

Lo que comenzó como un gobierno de ministros con un fuerte enfoque libertario, dos años después nos muestra una oportunidad de mejorar las consecuencias económicas de Gran Bretaña que, lamentablemente, se ha desperdiciado. En lo político, la situación es frágil: el primer ministro lucha por sobrevivir tras el informe sobre el Partygate y la investigación policial en curso. Además, parece que le ha resultado mucho más fácil y agradable aumentar el gasto que abordar el gasto público derrochador.

Es difícil ser optimista, ya que todo indica que el funcionariado permanente sigue firmemente al mando y que está aumentando su influencia económica y burocrática sobre unos ministerios débiles.

Quizá la más importante de las dificultades descritas es la inflación monetaria, que probablemente provocará tipos de interés más altos en los próximos meses. No se trata de una tendencia exclusiva de la libra esterlina, e incluso en el mejor de los casos, en el que un gobierno conservador abordase las cuestiones planteadas en este artículo, es muy probable que los intentos de reforma económica, monetaria, comercial, de política exterior y administrativa queden superados por el ciclo repetitivo de contracción del crédito bancario. Los bancos de la eurozona, para la que Londres actúa como principal centro financiero, se han endeudado tanto que la subida de los tipos de interés parece destinada a desencadenar una crisis bancaria mundial con Londres como epicentro, a una escala mayor que la de hace trece años, cuando quebró Lehman.

Es probable que un suceso así destruya no solo la banca y la banca central tal como las conocemos hoy, sino también las divisas, cuya depreciación es algo en lo que los gobiernos socializadores confían cada vez más. Aun así, las cuestiones planteadas en este artículo seguirán ahí y habrá que abordarlas cuando haya pasado la crisis monetaria y crediticia y empiece a volver la estabilidad económica. El papel de un gobierno británico en materia de política exterior cobrará más importancia, en particular para la estabilidad política europea posterior a la crisis, cuando el euro y posiblemente toda la construcción de Bruselas hayan sido destruidos. En ese caso, no se puede descartar la amenaza de otra guerra europea, y necesitaremos la sabiduría de un Lord Liverpool y un vizconde Castlereagh modernos.

La destrucción del sistema de moneda fiduciaria ofrecerá oportunidades para un nuevo comienzo basado en las lecciones aprendidas. El gobierno posterior a la crisis debe aprender de los errores del pasado y ser el servidor del pueblo, no su amo. No debe interferir en la economía y debe mantener su tamaño al mínimo posible, sin gravar más del 10—15 % de los ingresos y beneficios de cada persona. Debe limitar su papel a proporcionar un marco para el derecho contractual y penal y a vigilar el cumplimiento de este último, además de la defensa del reino. No debe responder a ninguna exigencia de trato especial, ya sea de empresas o de particulares. Las personas deben asumir toda la responsabilidad de sus actos, y cualquier ayuda social debe estar estrictamente limitada. Y, lo más importante, el Estado debe garantizar que la moneda sea sólida, respaldada por monedas de oro y convertible en ellas.