El lunes pasado por la noche, antes de que abrieran los mercados estadounidenses tras el Día de los Presidentes, se anunciaron las condiciones del rescate de Grecia.
Los detalles son secundarios a la hora de evaluar si funcionará o si solo se ha ganado un poco de tiempo. En teoría el acuerdo puede funcionar, pero es extremadamente improbable que lo haga. Casi todo el mundo lo sabe o lo sospecha, pero está en juego la supervivencia del sistema político europeo, y esa prioridad sistémica es más importante que la dura realidad económica.
Los escépticos tienen razón, pero por los motivos equivocados. Pocos analistas definen correctamente el problema y la mejor forma de resolverlo, porque solo entienden la intervención. Algunos insisten en que Grecia debería abandonar el euro y dejar que un nuevo dracma flote a la baja, para que el coste de la mano de obra griega sea competitivo. Las falacias de este argumento son numerosas y evidentes; basta decir que un nuevo dracma respaldado únicamente por una esperanza infundada se hundiría de inmediato, lo que garantizaría un caos total, mientras las deudas en euros seguirían sin pagarse.
Otros dicen que el PIB está cayendo a tal o cual porcentaje y que recortar el gasto público hará que caiga aún más rápido: al posponer el crecimiento económico, la capacidad de Grecia para amortizar la deuda quedará seriamente limitada. Este argumento confuso ignora la carga económica de un Estado excesivo y, por tanto, los beneficios de recortarlo hasta el hueso.
La idea de que el gobierno dispone de recursos que no proceden de sus ciudadanos es un cuento de Papá Noel elevado a la dignidad de doctrina económica y respaldado por todos los que esperan obtener un beneficio personal. Un gobierno solo puede gastar lo que toma de sus ciudadanos, y cuanto más gasta, mayor es la carga que les impone. Por lo tanto, si el desmantelamiento del gasto público impuesto por los acreedores da lugar a una transferencia neta de recursos (neta, es decir, de los pagos de deuda) de vuelta al sector privado, tendrá posibilidades de éxito. Sin embargo, habrá que persuadir de que es lo mejor a todos los ciudadanos que cuentan con las ayudas del gobierno.
Es una tarea difícil y, tras décadas de intervencionismo, nadie está preparado para defender de forma coherente la reversión de la expansión del gobierno. Ya se ha hecho con éxito en el pasado, sobre todo en Gran Bretaña tras las guerras napoleónicas. La diferencia entonces era que la opinión pública no estaba arraigada en una mentalidad de subsidios.
Deshacer las distorsiones económicas, resultado de la intromisión y la imposición del sector público sobre la economía productiva, será una tarea política muy difícil. A fin de cuentas, la única esperanza de Grecia es un sector privado próspero, y este necesita dinero sólido que respalde la inversión de capital, recortes radicales en el sector público y los impuestos más bajos posibles que sean compatibles con unas finanzas públicas sólidas. El instinto de los intervencionistas es hacer exactamente lo contrario.
Las probabilidades de que quienes mandan lo hagan bien son, francamente, muy escasas. Solo se puede lograr renunciando a toda pretensión de que la intervención tiene beneficios económicos y defendiendo de forma convincente esa postura ante un público escéptico que ahora está dispuesto a rebelarse contra cualquier autoridad.
Por desgracia, la crisis griega dista mucho de estar resuelta y, con toda probabilidad, empeorará.