Economía 101: ¿Quién fija los precios?

Desde la aparición del socialismo en el siglo XIX, los políticos y economistas del centro han defendido un enfoque equilibrado, en el que el Estado presta los servicios esenciales y el capitalismo se encarga del resto. En una economía moderna se considera servicios esenciales las pensiones, las prestaciones por desempleo y discapacidad, la sanidad y la educación. La mayoría de los Estados también proporcionan las comunicaciones, como las infraestructuras ferroviarias y viarias, las redes eléctricas y quizá las telecomunicaciones. A menudo poseen y gestionan en nombre de los ciudadanos servicios públicos como los ferrocarriles, los puertos, la electricidad y el agua.

Lo demás lo regulan. Apenas existe un producto o servicio del sector privado que el gobierno no regule. En lo que respecta al público, este ve la ventaja de un Estado que actúa en su nombre y lo protege de las incertidumbres de la vida y de empresarios sin escrúpulos movidos por el afán de lucro. La gente no se detiene a pensar que el Estado y su necesaria burocracia son menos eficaces a la hora de proteger a las personas que ellas mismas. Tampoco comprenden la enorme carga que supone para ellas que el Estado desempeñe un papel económico.

La cuestión central, por qué el Estado es menos eficiente que los mercados libres, se responde entendiendo los precios. ¿Debe fijarlos el Estado o el consumidor? El consumidor ejerce su capacidad de elección. El Estado interviene para restringirla. Este artículo pretende demostrar por qué los servicios públicos siempre tienen un coste mayor que los mismos servicios prestados por los mercados libres.

La postura de los economistas austriacos

La semana pasada, el Instituto Mises publicó un artículo de Robert Murphy en el que explicaba por qué Ludwig von Mises describió al consumidor como soberano, y por qué Murray Rothbard contradijo a Mises e instó a sus seguidores a «rechazar la noción de soberanía del consumidor por ser una metáfora política inexacta».^[i]

La crítica de Rothbard parece semántica, basada en un argumento purista según el cual la expresión confunde una afirmación política con una económica. Lo que Mises quería decir en realidad es que, en una economía capitalista, toda la producción de bienes y servicios tiene como objetivo satisfacer la demanda de los consumidores, y que es el consumidor quien decide en última instancia qué se compra y a qué precio. Y no hablamos solo del sector minorista. Los minoristas, a través de su demanda de suministros a mayoristas, importadores y fabricantes, transmiten las señales de los consumidores hacia atrás a lo largo de la cadena, imprimiendo valoraciones al proceso productivo y a la fijación de precios de las materias primas.

Rothbard estaba totalmente de acuerdo con esto. Su crítica a la soberanía del consumidor parece un reproche muy menor a su mentor, pero también revela un enfoque distinto para explicar la teoría de los precios en su Man, Economy, and State respecto al de La acción humana de Mises. Conviene recordar que Rothbard se dirigía a un público predominantemente neokeynesiano cuando se publicó la primera edición de su libro en 1962. En la primera parte de la obra, Rothbard utiliza gráficos y ejemplos para mostrar las relaciones entre el precio y la cantidad de bienes, y aborda las tablas de oferta y demanda. En La acción humana, anterior, de Mises no hay gráficos, aunque, en su conjunto, el mensaje es el mismo.

Es fácil confundir el enfoque de Rothbard sobre los precios con el matemático que enseña el establishment económico. Pero los economistas matemáticos nos llevan hacia un mercado estático, sin evolución y desprovisto de la dinámica del tiempo. En esto Rothbard se diferencia de la corriente dominante actual.

La corriente dominante parte de la idea de que las matemáticas de ecuaciones, ilustradas con gráficos, son el camino a seguir. Si fuera así, un ordenador que replicara el cálculo en el que se basan las curvas de oferta y demanda podría modelar con precisión los precios, algo que aún no se ha logrado, incluso teniendo en cuenta los avances de la inteligencia artificial. Quienes piensan que la demanda de los consumidores puede replicarse mediante algoritmos no distinguen entre un modelo económico estático y un mundo dinámico en constante cambio. Rothbard reconoce plenamente este punto en su enfoque. Además, entiende, como Mises, que la escuela clásica británica, con su teoría de que los precios se determinan por los costes de producción, no se correspondía con la realidad.

Un enfoque distinto se encuentra en la teoría europea del valor subjetivo, desarrollada originalmente por los escolásticos en la Edad Media y retomada por autores como Cantillon, Turgot y Say. Fue Carl Menger, fundador de la escuela austriaca, quien vinculó ambos enfoques al explicar que es la oferta marginal, que satisface el uso menos importante para un consumidor, la que fija el precio de un bien. Por tanto, un mayor nivel de oferta, al satisfacer usos menos importantes, provoca una caída del precio, mientras que una reducción de la oferta solo satisface usos más importantes, lo que conduce a un precio más alto.^[ii]

Si es el valor de uso el que fija los precios, entonces son claramente las necesidades y los deseos de los consumidores los que los deciden. De ahí la metáfora de Mises: el cliente es soberano.

Aquí tratamos con activos no financieros. La compraventa de activos financieros debe considerarse un tema aparte, en el que los papeles de los participantes en un intercambio no están tan claramente delimitados. Pero hay un punto de cruce que debe mencionarse: desde que Rothbard escribió Man, Economy, and State, los precios de las materias primas se han visto cada vez más distorsionados por los derivados, que ya no se utilizan simplemente para suavizar la estacionalidad de la producción agrícola. Representan una fuente adicional de oferta en papel que nunca se consume, pero, como apenas se distingue entre materias primas físicas y derivados financieros, un aumento de la oferta de estos últimos deprime relativamente los precios de lo real.

Incluso dejando a un lado los derivados, está claro que la cuestión de quién lleva la iniciativa en la determinación de los precios se ha convertido en un asunto más amplio que cuando Menger estableció el concepto de utilidad marginal en 1871.^[iii] El tema es, por supuesto, casi ilimitado. Este artículo se limitará a algunos comentarios breves destinados a situar la subjetividad del consumidor en un contexto moderno.

La importancia de la subjetividad de los precios

A efectos de este artículo, se asume que todos los cambios de precio en las transacciones de consumo provienen del producto y no de variaciones en el poder adquisitivo del dinero. En otras palabras, en los intercambios individuales el valor de cambio del dinero se considera plenamente objetivo, y el valor de los bienes y servicios, plenamente subjetivo. Para que el dinero funcione como dinero, esto debe ser cierto, a pesar de las variaciones en el poder adquisitivo del dinero que se producen constantemente, como evidencian los mercados de divisas y las continuas fluctuaciones del precio del oro.

Esto significa que toda la subjetividad del valor debe limitarse a los bienes y servicios implicados en las compras individuales. Dentro del marco objetivo/subjetivo, el vendedor desea más el dinero que los bienes o servicios que vende, ya sea un simple comerciante que busca beneficio o un minorista. Y si el comprador acepta comprar, en ese momento desea más el producto que el dinero que entrega al precio acordado.

Todavía hoy sigue habiendo confusión sobre qué criterio fija un precio. ¿Es el coste del trabajo explotado, como proclamó Marx y aún aceptan hoy los socialistas modernos, o es el coste de producción, como afirmaban Adam Smith y la escuela clásica británica? Keynes eludió la cuestión. Como se ha indicado antes, Menger demostró que no era ni lo uno ni lo otro. Dejando aparte los monopolios (de los que me ocuparé enseguida), los precios los fija lo que un comprador está dispuesto a pagar, y eso dependerá del valor que él otorgue al producto. La razón es que el comprador siempre puede negarse a pagar un precio que considera demasiado caro, mientras que el productor debe vender su producto o arriesgarse a quebrar. Y como comprobación con la realidad, fíjate en que los fabricantes suelen pensar en puntos de precio: un fabricante de automóviles apuntará a un precio que, a su juicio, el mercado pagará por un coche con unas especificaciones concretas, en el contexto de las ofertas de la competencia. Después se ajustan los costes para garantizar que la propuesta sea rentable, en lugar de determinar el precio sumando un margen al coste.

El consumidor normalmente puede elegir entre productos similares de varias procedencias. Además, sus ingresos y ahorros, salvo en el caso de los muy ricos, son necesariamente limitados, y debe elegir en qué gasta sus fondos limitados. Por tanto, solo comprará los bienes y servicios que mejor satisfagan sus necesidades, relegando las compras posteriores a artículos de importancia decreciente. Todos los consumidores, salvo los pocos muy ricos, tienen que elegir y establecer prioridades. Y los muy ricos simplemente ahorrarán lo que no gasten.

Por estas razones, los fabricantes y los proveedores de servicios adaptan sus costes a lo que los consumidores están dispuestos a pagar. Y el nivel de precios de un bien concreto depende de la relación entre oferta y demanda, que a su vez viene determinada por la utilidad del artículo para quienes desean adquirirlo.

Un cambio de uso puede alterar drásticamente los precios

Si cambia la finalidad para la que se demanda un bien, el precio también cambiará, de acuerdo con la teoría del precio marginal de Menger. Un uso alternativo puede tener un enorme impacto en los precios, como demuestra la historia del precio de la plata.

La plata tenía un valor como dinero, y cuando los gobiernos la abandonaron en favor del oro, se produjo un ajuste de precio que reflejaba los nuevos niveles de demanda para otros usos. Sir Isaac Newton, siendo director de la Casa de la Moneda real, fijó el valor monetario de la plata en quince onzas y media por una onza de oro, un nivel que se mantuvo en líneas generales hasta la década de 1870. Hoy los mercados de materias primas sitúan la proporción en torno a ochenta a uno. La proporción de Newton era su mejor estimación del valor de la plata en aquel momento, cuando su papel era el de dinero en un patrón bimetálico con el oro. Cuando el mundo del dinero sólido pasó exclusivamente al oro, a partir de finales del siglo XIX, el uso de la plata como dinero quedó limitado a las monedas, como sustituto del dinero. Su precio, medido en oro, cayó.

Sin embargo, desde entonces la plata ha atraído muchos usos. La caída de su precio respecto al oro ha visto expandirse el mercado de la joyería, ir y venir el mercado fotográfico, y llegar el uso generalizado de las celdas voltaicas. Sus cualidades antisépticas a nivel iónico han dado lugar a muchos más usos. Pero el precio, al no utilizarse ya ampliamente como dinero, sigue siendo de unas ochenta onzas por una de oro.

No es cierto que la desaparición de la plata como dinero fuera el resultado de que los gobiernos impusieran un cambio a los consumidores. Fueron los mercados, formados colectivamente por consumidores que intercambian bienes y servicios por dinero, los que forzaron el paso de un bimetalismo insostenible a un único patrón metálico. Si el dinero fiduciario sin respaldo muere, la plata podría recuperar un papel monetario, pero por ahora eso es especulación. Mientras tanto, ha servido como el ejemplo más claro de por qué y cómo los precios dependen del uso que los consumidores hacen de una materia prima.

Esto también es válido para los bienes intermedios, los que se utilizan en la producción de bienes de consumo. Si fabricar un producto de consumo deja de ser rentable y una máquina utilizada en su producción puede adaptarse a otro uso, adquirirá un nuevo valor, basado en su capacidad productiva en ese nuevo papel. De lo contrario, su único valor es el de chatarra.

Las formas en que se influye en los consumidores y se los controla

Los precios vienen determinados por el valor que los consumidores atribuyen a un producto o servicio, por lo que es natural esperar que un minorista intente convencer a los consumidores de que compren sus productos. En el nivel más simple, esto significa asegurarse de que el consumidor entiende todos los beneficios que le aporta una compra. Es comunicación básica. Además, un fabricante destacará su reputación en cuanto a calidad, fiabilidad, diseño e incluso exclusividad. Eso es el branding.

Un reloj mecánico suizo de la más alta calidad costará varios miles en cualquier moneda que se quiera mencionar. Un reloj de cuarzo, que marca la hora a la perfección, se puede conseguir por una pequeña fracción de ese coste. La utilidad funcional es la misma, pero la naturaleza humana es así, y los fabricantes suizos siguen consiguiendo vender sus caros relojes. El hecho de que lo logren es un testimonio de su habilidad para gestionar las expectativas de sus consumidores.

La publicidad y el branding son un terreno legítimo, porque el consumidor conserva el control de la elección, incluida la opción de no comprar. Otros medios para vender productos no son tan legítimos, ya que se basan en restringir la oferta de bienes y servicios competidores. El artificio más evidente, que pocos cuestionan y que se considera totalmente razonable, es la protección de las patentes. Una patente permite a un fabricante beneficiarse de un descubrimiento comercial durante un período de tiempo, excluyendo a la competencia. Los fabricantes han convencido a los legisladores de que esto es necesario; de lo contrario, afirman, habría poca o ninguna inversión en investigación y desarrollo. Pero las patentes no son más que una forma de proteccionismo que permite a un productor mantener los precios mediante un monopolio temporal.

Los mercados más libres son los que no disfrutan de protección de patentes. Por ejemplo, no hay patentes que cubran la industria de la moda. Las modas de esta temporada y de la siguiente las determinan las figuras influyentes del sector, que anticipan e influyen en la demanda de los consumidores. Es fácil imaginar el daño que sufriría el volumen de ventas si hubiera patentes. En el otro extremo, los productos farmacéuticos están muy protegidos, lo que eleva los costes sanitarios muy por encima de lo que serían en otro caso.

La intervención del gobierno en la fijación de precios suele ser pasiva cuando concede patentes, pero al conceder contratos y autorizaciones, por ejemplo a una empresa como proveedor único de un nuevo medicamento, la intervención es invasiva. En lugar de que el consumidor fije el precio al expresar sus preferencias, lo fija la empresa junto con el gobierno. En otras palabras, el precio pasa a estar relacionado con el coste de producción, lo que trastoca la fijación normal de precios en un mercado libre.

Lo mismo ocurre, en términos generales, con cualquier empresa de propiedad o copropiedad de los gobiernos, o regulada por ellos. Los ferrocarriles y los servicios públicos en Gran Bretaña y Europa son buenos ejemplos. Los precios se fijan en función de los costes de explotación. Cuando el gobierno ha adjudicado el contrato a una entidad del sector privado, limita los márgenes a lo que se considere una rentabilidad necesaria de la inversión, tras consultar al proveedor del servicio. Así pues, los precios los fijan los costes.

Casi todas las grandes empresas presionan a los gobiernos para obtener una preferencia en el mercado y, con ella, cierta certidumbre sobre los precios. Simplemente no les gusta la competencia sin trabas. Cuando, por ejemplo, la Unión Europea introduce nuevas normas de seguridad para la industria del automóvil, no pienses que los burócratas de Bruselas elaboran esas normas por sí solos. Son los grandes fabricantes de automóviles quienes ejercen presión, son consultados y tienen la oportunidad de fijar las especificaciones de los futuros vehículos. Estas corporaciones saben ya lo que los consumidores del mañana se verán obligados a comprar, porque ellas establecen las especificaciones, que luego los gobiernos hacen cumplir.

El gobierno es el monopolio definitivo

El sistema de concesión de patentes, mencionado anteriormente, es una forma de comportamiento monopolístico que el público en general no cuestiona. En cambio, las acusaciones de comportamiento monopolístico se dirigen con mayor frecuencia a las grandes empresas, las corporaciones con una presencia significativa en el mercado. Sin embargo, una empresa que intente subir los precios sin el respaldo de un cártel a prueba de fallos o de regulaciones gubernamentales fracasará siempre. En algunos casos, ese fracaso puede tardar en llegar, como ocurre con los servicios públicos, donde el despliegue de una alternativa es un proceso largo y costoso. Pero, como ha demostrado el crecimiento de la televisión por cable, el coste de construir una nueva red de distribución puede superarse si existe una demanda real por parte de los consumidores.

Es cierto que esto no refuta por completo el comportamiento monopolístico de las empresas de servicios públicos. Pero incluso ellas aceptan que existen presiones competitivas, como demuestra el hecho de que busquen protección frente a la competencia solicitando el apoyo de los gobiernos locales y estatales para fijar los precios.

Los monopolios no pueden existir mucho tiempo sin el apoyo del gobierno, de modo que es el Estado quien es siempre el monopolista. Además, cuando el propio gobierno presta un servicio, normalmente lo hace en régimen de monopolio. Si se permite la libre competencia de mercado, con la sanidad y la educación como ejemplos principales, el coste es mucho más alto para el consumidor, que elige un servicio del sector privado en lugar de uno público que es gratuito en el momento de su uso, pero que se paga con impuestos.

Aunque el Estado a veces tolera la competencia del sector privado frente a sus propios servicios, muestra poca simpatía por el concepto de libre elección del consumidor y es el monopolista por excelencia. Cuando el Estado socializa los servicios, el consumidor pierde su derecho a elegir y a fijar los precios según sus necesidades y deseos, como haría en los mercados libres. Sin esa elección impuesta, el Estado actúa invariablemente como si Karl Marx o Adam Smith tuvieran razón, es decir, como si los costes determinaran los precios. Pero no hay freno alguno a esos costes sin la disciplina de la elección del consumidor, y por esa razón el coste de prestar un servicio proporcionado por el gobierno es siempre mucho mayor que el de la alternativa del mercado libre.

Conclusión

En un mercado libre, los precios los decide claramente el consumidor, en virtud de su libertad para elegir, de sus recursos limitados y de su opción de no comprar. Al hacerlo, el consumidor da prioridad a los bienes y servicios que más le satisfacen dentro de sus recursos personales. En cambio, quien ofrece bienes o servicios tiene que encontrar compradores a precios que decide el consumidor, o enfrentarse al cierre de su negocio.

La idea popular del comportamiento monopolístico, según la cual las grandes corporaciones ejercen por sí solas un poder de fijación de precios en perjuicio de los consumidores, es incorrecta. Sí, recurren a la publicidad y a la construcción de marca para atraer clientes, pero eso no es comportamiento monopolístico, porque el consumidor siempre es libre de elegir, o de no comprar en absoluto. En realidad, las empresas que buscan una ventaja monopolística recurren al Estado para que regule, restringiendo la competencia y la elección, como medio para mantener los precios.

El Estado utiliza su posición de legislador para restringir la competencia mediante licencias, regulación y la concesión de patentes. Aunque ofrece una protección de precios de carácter monopolístico, la teoría de la utilidad marginal de Menger nos indica que eso solo puede significar que la demanda potencial no se está materializando de forma eficiente. Siendo así, el propio progreso económico tiene que verse comprometido, y esta es la causa de fondo del rendimiento superior de los mercados libres frente a las economías dirigidas.

Además, cuando el Estado presta servicios gratuitos o fuertemente subvencionados en el momento de su uso, se pagan con impuestos. Por estos medios, los gobiernos obligan a los consumidores en su conjunto a aceptar servicios determinados sobre la base de los costes, que no necesariamente paga el usuario, sino que son subvencionados por otros mediante los impuestos.

Fijar los precios sobre la base de los costes es una criatura del gobierno y es la diferencia fundamental entre el socialismo y los mercados libres, donde el consumidor es soberano

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