Los bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB, en el lenguaje del Consejo de Estabilidad Financiera) serán objeto de rescate interno (bail-in) si quiebran, con lo que el coste pasa de los gobiernos a los depositantes, los bonistas y los accionistas.
Esta norma tiene excepciones, principalmente los pequeños depositantes, protegidos por sistemas públicos, y también los derivados, así que el bail-in es parcial y en estos aspectos sigue aplicándose el rescate público (bail-out).
Con los precios del petróleo reducidos a la mitad en los últimos seis meses, junto con la consiguiente desestabilización de las divisas, se han producido transferencias de valor significativas a través de posiciones en derivados, tan grandes que podrían causar inestabilidad financiera. Los derivados son importantes porque su valor nominal bruto ascendía a 691 billones de dólares a finales de junio pasado, unas nueve veces el PIB mundial. Además, la gran mayoría tiene como contrapartes a G-SIB. La concentración del negocio de derivados en los G-SIB es evidente en EE. UU., donde las 25 principales sociedades de cartera (bancos y sus empresas afiliadas) tenían un nocional de 305,2 billones de dólares en derivados, del cual solo cinco bancos poseían el 95 %.
Si quebrara tan solo uno de estos G-SIB, las fichas de dominó del riesgo de contraparte probablemente caerían todas, arrasando el sistema financiero debido a esta concentración de la propiedad. Para evitarlo se han introducido dos modificaciones importantes. En primer lugar, ISDA, el organismo que estandariza los contratos de derivados extrabursátiles (OTC), incorporó recientemente una enmienda por la que, si quiebra una contraparte de un contrato de derivados OTC, se establece un plazo de espera de 48 horas para que los reguladores puedan intervenir con una solución. Y en segundo lugar, los derivados, junto con los depósitos asegurados, se clasificarán como «pasivos excluidos» por los reguladores en caso de bail-in.
Esto significa que un gobierno responsable de la licencia bancaria de un G-SIB no tiene más alternativa que asumir el pasivo a través de su banco central. Si solo hay un G-SIB en apuros, por ejemplo por las actuaciones de un operador fraudulento, podría verse cómo ese G-SIB vuelve al mercado a su debido tiempo, recapitalizado pero con las relaciones contractuales en los mercados OTC intactas.
Si, por el contrario, existe un problema sistémico más amplio, como la inestabilidad en un mercado de materias primas importante como el de la energía, y esa inestabilidad se transmite a otros sectores a través de los mercados de divisas, crédito y valores, varios G-SIB podrían verse amenazados de insolvencia, tanto por su actividad crediticia como por su exposición a derivados. En ese caso, olvídate de los bail-in: tendría que haber un enfoque coordinado entre bancos centrales de múltiples jurisdicciones para contener los problemas sistémicos. Pero de un modo u otro, los gobiernos tendrán que actuar como contraparte de último recurso.
El Gobierno de EE. UU. ha tomado conciencia de repente de este riesgo. En el reciente proyecto de ley de financiación global se insertó con prisas una cláusula que transfiere al Gobierno los pasivos por derivados en caso de quiebra de un banco. Lo alarmante no es que los políticos hayan aceptado esta realidad, sino la prisa con la que se aprobó.
En lugar de un procedimiento consultivo normal que permitiera a los legisladores redactar la cláusula adecuada, el texto se tomó con poca antelación de una propuesta de Citibank, que tiene en sus propios libros derivados por valor de unos 61 billones de dólares, prácticamente sin modificaciones. O bien la inserción corregía un descuido en el último minuto o bien, alternativamente, se ha convertido de repente en un asunto urgente para los bancos demasiado grandes para quebrar. La coincidencia entre la volatilidad actual del mercado y esta legislación apresurada no puede descartarse a la ligera y sugiere que se trata de lo segundo.