Brexit: la batalla de las ideas

La batalla de ideas en el debate sobre el Brexit se reduce a dos enfoques económicos básicos. En un lado están los macroeconomistas neokeynesianos del establishment permanente, que gestionan el Estado como planificadores y reguladores económicos. Son, como es natural, afines a las políticas y a los ideales de sus homólogos de la UE. Frente a ellos están quienes sostienen que, en economía, los mercados libres deben tener primacía sobre el Estado.

Está resultando ser una repetición moderna del debate sobre el cálculo socialista. En una economía comunista, incluso si dejamos a un lado la cuestión de si los objetivos de los planificadores coinciden realmente con el bien público, los planificadores siguen necesitando que los precios se fijen en mercados libres. Les resulta imposible decidir la asignación eficiente de los recursos económicos cuando no existen mercados libres, como demostró el colapso del comunismo soviético. Los neokeynesianos creen haber resuelto el problema dando su aprobación a los precios de mercado. Pero esos precios no son libres, porque están manipulados por la planificación, el gasto y la regulación del Gobierno, mientras el banco central corrompe la unidad de cuenta. Al defender un socialismo "light", piensan que pueden evitar las consecuencias más evidentes de un control estatal en toda regla, cuando en realidad solo están acumulando problemas para el futuro, que se reflejan en montañas de deuda.

Esto explica en buena medida la dependencia de los estatistas de la estadística, las matemáticas y los supuestos de equilibrio general, que se expresan en los modelos económicos. Es obvio, al menos para los verdaderos partidarios del libre mercado, que la falacia está en no apreciar que una economía es siempre un agregado dinámico y en constante evolución de acciones individuales, que no puede replicarse con un modelo estático. Si el Brexit va a funcionar favorablemente, hay que abordar y debatir este argumento central, en particular en lo que respecta al libre comercio.

Entretanto, se están definiendo las líneas de batalla del comercio en las negociaciones del Brexit. Por un lado, está la UE, que como siempre juega duro y cree que Gran Bretaña sufrirá graves consecuencias si va por su cuenta. Por otro, los partidarios del Brexit, cuyos argumentos minoritarios a favor de un comercio más libre parecen ir aclarándose y volviéndose más coherentes. Mientras tanto, los partidarios de permanecer en la UE dentro del establishment permanente, que son en esencia planificadores neokeynesianos incómodos con los mercados libres, socavan discretamente la declaración de Lancaster House de la señora May, según la cual Brexit significa Brexit.

Sin embargo, si el Brexit se va a llevar a cabo, tiene que hacerse antes de que la próxima crisis crediticia interrumpa el proceso. En los círculos financieros y bancarios se teme ampliamente una crisis de algún tipo, como demuestran los comentarios sobre los mercados de acciones y bonos, los estudios de organismos como el Banco de Pagos Internacionales y el deseo de la Fed de reducir su balance para poder volver a actuar como prestamista de última instancia.

El tiempo es esencial, no solo por los breves plazos del Brexit, sino por la evolución del ciclo crediticio global. Para quienes lo han estudiado, es cada vez más evidente que, a escala global, el capital se está desplazando de las empresas financieras a las no financieras, lo cual es siempre un fenómeno de final de ciclo. Las consecuencias son el aumento de los rendimientos de los bonos (ya evidente), seguido de una aceleración de la subida de precios, que provoca un aumento de los tipos de interés suficiente para frenar la demanda de crédito. Como la noche sigue al día, siempre sobreviene una crisis de deuda y, dada la acumulación récord de deuda global actual, la próxima crisis será casi con seguridad una grave perturbación financiera y económica.

A juzgar por la dinámica observable del crédito y de los mercados, el tiempo necesario para llegar a este desafortunado estado es probablemente de no más de un año a dieciocho meses, y es el único acontecimiento que los bancos centrales no pueden aplazar. En consecuencia, hay una fuerte probabilidad de que el proceso del Brexit no se haya completado cuando llegue la crisis, sobre todo si cualquier acuerdo incluye un periodo de transición o de implementación.

Todo esto apoya la aceptación temprana de la opción del libre comercio como único objetivo sensato, en lugar de un resultado negociado. Para quien entienda los mercados libres, lo mejor sería abandonar todas las negociaciones con la UE y comunicar a sus negociadores que Gran Bretaña va a eliminar todos los aranceles. El razonamiento de esta medida se explica en detalle aquí, y se recomienda leerlo a quien no esté familiarizado con la economía del comercio.

En resumen, el argumento económico a favor del libre comercio es un Brexit inmediato, sin periodo de implementación y con la eliminación de todos los aranceles. Cualquier retraso es tiempo perdido. Por lo tanto, lo que tenemos entre manos es solo política.

Mucho ruido y pocas nueces en el comercio

Las negociaciones propiamente dichas podrían alargarse fácilmente hasta la fecha límite de marzo de 2019, cuando está previsto que Gran Bretaña abandone la UE. Si para esa fecha no se ha alcanzado ningún acuerdo, ambas partes podrían acordar prorrogar las negociaciones, pero eso solo parece probable si existe una buena perspectiva de acuerdo. De lo contrario, Gran Bretaña se marcha y recurre a las normas comerciales de la OMC, o bien suprime por completo los aranceles. Los negociadores de la UE lo ven como una amenaza para Gran Bretaña, pues creen que es ella quien se está quedando sin tiempo. Por lo tanto, si Gran Bretaña quiere un acuerdo comercial, debe dejar claro que la opción de no alcanzar ningún acuerdo le resulta atractiva. Y, que quede bien claro, las negociaciones solo abarcan una parte menor del conjunto de la economía del Reino Unido.

Los aranceles de la OMC se aplican a los bienes físicos, que suponen solo 143 000 millones de libras exportadas desde el Reino Unido, de una economía de 2 billones de libras, a la UE, y unas importaciones procedentes de la UE mayores, de 235 500 millones de libras. Excluidos los productos agrícolas, de unos 5 000 millones de libras (netos de bebidas espirituosas), el arancel medio ponderado por el comercio de los bienes importados a la UE desde Estados miembros no pertenecientes a ella y sin acuerdo comercial es de solo el 2,3 %.^[i] Por lo tanto, los aranceles exteriores de la UE que se aplicarán a las exportaciones británicas de bienes no agrícolas a la UE afectan solo al 7,5 % del PIB del Reino Unido, y son un impuesto para los ciudadanos de la UE de aproximadamente 2 000 millones de libras. ¿Merece realmente la pena discutir por esto y pagar enormes cuotas por el divorcio?

La cuestión de mayor peso son los servicios, y aquí debemos distinguir entre los servicios vendidos a consumidores, como las inversiones minoristas, y los servicios mayoristas, como las operaciones en los mercados de capitales, los préstamos comerciales, los servicios jurídicos, los servicios de arquitectura, etc. Los servicios minoristas implicados no son significativos y, en cualquier caso, se distribuyen fácilmente a través de filiales constituidas localmente en Dublín y Luxemburgo. Los servicios mayoristas suelen quedar excluidos de los acuerdos comerciales por razones prácticas.

Por lo tanto, si no se alcanza un acuerdo comercial, el coste para las empresas británicas en su conjunto no es tan significativo como lo presentan los partidarios de permanecer en la UE y las empresas de lobby, y desde luego es menor que el coste implícito de la volatilidad normal de las divisas en las liquidaciones transfronterizas. Cabe concluir que la ausencia de un acuerdo comercial cuesta considerablemente menos que el hecho de que el Gobierno británico pague dinero a la UE por un período de implementación.

El estado actual del debate sobre el Brexit

Cada vez está más claro que los partidarios de permanecer en la UE se mueven por poco más que el deseo de evitar el cambio, a la vez que desconfían de los mercados libres. Nick Clegg, que fue viceprimer ministro en la coalición de conservadores y liberal-demócratas, ha publicado recientemente un libro titulado How to stop Brexit (And make Britain great again)^[ii]. No hay argumentos sustantivos a favor de permanecer, ni siquiera un discurso neokeynesiano. ¿Hacer que Gran Bretaña vuelva a ser grande? El libro se vende con una promesa engañosa. No hay absolutamente nada sobre el tema de su subtítulo.

La suposición incuestionable del Sr. Clegg, que parece compartir con otros destacados partidarios de permanecer, es que el Brexit es sencillamente un error. Insiste mucho en las supuestas mentiras de la campaña del Brexit sobre la cuantía del reembolso cuando Gran Bretaña abandone la UE. No hubo mentira: simplemente no se distinguió entre los fondos que Gran Bretaña ahorraría y el dinero que la UE gasta en el Reino Unido, financiado por el contribuyente británico. Esta última cantidad la decide la UE, no el Reino Unido, así que lo único que citaban los partidarios del Brexit era una cifra bruta enviada a Bruselas, que con el Brexit pasaría a estar a disposición del Gobierno para ahorrarla o gastarla como estime oportuno.

Además, no se mencionó el «proyecto miedo», el esfuerzo concertado de la campaña de permanecer para asustar a los votantes y que votaran a favor de quedarse. Pero, como vimos solo esta semana, los partidarios de permanecer dentro del establishment vuelven a la carga. Prepararon y filtraron otro informe negativo basado en el mismo modelo económico. Una persona razonable habría quedado tan avergonzada por el fracaso del primer intento de propaganda económica que no lo habría repetido. Pero estamos ante creencias arraigadas, no ante la razón.

A la vista de las pruebas, los partidarios de permanecer no pueden defender su postura con eficacia. Además, el coste de dar marcha atrás en el Brexit, al que se presta demasiado poca atención, es ya considerable y casi con toda seguridad inaceptable para el electorado. Si Gran Bretaña no logra un Brexit en toda regla, se convierte, en palabras de Jacob Rees-Mogg,^[iii] en un estado vasallo, tras haber perdido una credibilidad política considerable y la capacidad de influir en la política de la UE como lo ha hecho hasta ahora.

Siendo realistas, los puentes se han quemado, aunque los mandarines de Bruselas quieran que Gran Bretaña cambie de opinión. El reembolso de Thatcher se perdería sin duda, y Bruselas está preparando normativas más onerosas sabiendo que Gran Bretaña ya no puede obstaculizar los planes del ejecutivo de la UE. Ahora puede introducirse la tasa Tobin sobre las transacciones financieras, que, si Gran Bretaña permaneciera, acabaría con la City con más seguridad que cualquier amenaza de París y Fráncfort como centros financieros rivales. Una tasa Tobin introducida en la eurozona después de que Gran Bretaña se marche haría que la actividad financiera mayorista de la eurozona migrase a Londres.

Si Gran Bretaña da marcha atrás o transige en materia de soberanía, será desastroso para ella, y apenas se han tenido en cuenta las nuevas oportunidades para la City operando desde fuera de la UE.

Entra en escena el European Research Group

El ERG, a diferencia de lo que su nombre pueda sugerir, es el grupo de diputados conservadores de segunda fila partidarios del Brexit, decididos a garantizar que Gran Bretaña abandone realmente la UE. El reciente nombramiento de Jacob Rees-Mogg como su nuevo presidente, de gran proyección pública, promete un nuevo dinamismo en la batalla entre los partidarios del Brexit y los partidarios de permanecer. El ERG tiene un poder considerable, ya que está formado por sesenta diputados mientras que la señora May no cuenta con mayoría absoluta.

Se ejerce una presión adicional a través del Comité de 1922, que representa oficialmente a todos los diputados conservadores de segunda fila. Entre ellos hay partidarios de permanecer y personas sin opiniones bien definidas; estas últimas están cada vez más alarmadas por la falta de una política clara del Gobierno. Si cuarenta y ocho de ellos escriben formalmente al Comité de 1922 para expresar su falta de confianza en la señora May, se activa automáticamente una elección para designar a un nuevo líder (y, por tanto, primer ministro). Se rumorea que ya se han recibido cuarenta cartas de ese tipo. Entre el ERG y el Comité de 1922, la capacidad de los partidarios del Brexit para presionar al Gobierno a fin de que mantenga una política firme sobre el Brexit va en aumento.

Todo ello respalda la declaración original de Lancaster House de la señora May, que es lo que el ERG pretende lograr. En los Comunes, la oposición al Brexit ha sido lo bastante discreta como para sacar adelante la legislación necesaria en la Cámara sin grandes concesiones. Sin embargo, no ocurre lo mismo en los Lores, que, al devolver la legislación a los Comunes para que la reconsideren, amenazan con retrasar todo el proceso en un momento en que los plazos se estrechan.

Es probable que los mayores problemas de la señora May estén en su trato con sus propios asesores, altos funcionarios cuyo único mundo es el de la burocracia, y con el Tesoro, poblado de firmes neokeynesianos. Los burócratas se resisten al cambio, sobre todo cuando implica un paradigma completamente nuevo, que siempre se percibe como arriesgado. Y el Tesoro cree en manipular la economía para aumentar los ingresos fiscales, lo opuesto a cualquier propuesta de libre mercado, con la que simpatiza poco.

Estos actores ven con disgusto la perspectiva de que se rompan acuerdos del pasado para sustituirlos por lo que, en su opinión, es incertidumbre. Así, el ERG considera que Oliver Robbins, cuya tarea es coordinar desde Downing Street las negociaciones con la UE, y Sir Jeremy Heywood, secretario del Gabinete, siguen una política de maquillar los cambios necesarios para un verdadero Brexit. Y Philip Hammond, el canciller, se muestra ahora abiertamente obstruccionista.

Sin embargo, los gobiernos tienen el deber de representar al electorado, no al estamento permanente, que está para servir a los ministros en la aplicación de la política del Gobierno. Se supone que cada ministro debe respetar la línea política acordada. Al intentar dar cabida a los partidarios de permanecer, la señora May parece correr el riesgo de ponerse del lado del estamento permanente y del Tesoro, en contra de su propia política declarada, en lugar de ordenarles con firmeza que cumplan las instrucciones del Gabinete. Sin duda, el ERG insistirá en este punto.

Mantener la perspectiva general

Siempre es difícil para un primer ministro que está en primera línea de los problemas cotidianos conservar una visión más amplia. El mayor premio para la señora May sería pasar a la historia por haber sentado las bases de una Gran Bretaña próspera. Para lograrlo, debe comprender bien el libre comercio, como lo hizo Robert Peel cuando se puso del lado de Richard Cobden y abolió las Leyes del Grano en la década de 1840. Por desgracia, la señora May apenas tiene más opción que escuchar a asesores reacios al riesgo y a planificadores centrales que niegan la primacía de los mercados libres, no solo para gestionar los asuntos del día a día, sino también, al parecer, para orientarla en la perspectiva general. En resumen, necesita tener independencia y determinación para actuar pese al consejo de sus asesores.

Algunos miembros del Gabinete de la señora May sí entienden el libre comercio. Entre ellos hay pesos pesados como Boris Johnson, Michael Gove, David Davis y Liam Fox. Aunque Philip Hammond, el canciller, ha sido disuadido por su personal permanente, el ERG cuenta con poderosos aliados en el Gabinete.^[iv]

El ERG entiende, al menos en un grado razonable, las falacias de la planificación central y los defectos del socialismo del proyecto europeo, y a la vez comprende los beneficios del libre comercio. Su dirección debería estar bien situada para la tarea. Aquí es donde cobra importancia la posición del señor Rees-Mogg. Personalmente parece comprender los beneficios de los mercados libres, domina bien cada uno de los asuntos del Brexit y defiende bien su postura. Esto contrasta marcadamente con el bando partidario de permanecer y con el terreno intermedio de diputados que votan lo que se les ordena, a ambos lados de la Cámara.

Ese terreno intermedio está a su alcance, pero el tiempo es muy limitado. Para conquistarlo no solo debe defender bien su postura, sino también transmitir con claridad y contundencia los siguientes puntos:

• El mejor resultado para el consumidor británico es la ausencia de aranceles, y su eliminación es responsabilidad del Gobierno del Reino Unido. El mejor resultado para la economía no se encuentra en proteger a las empresas mediante aranceles comerciales, porque eso perjudica al consumidor.
• Los aranceles comerciales actuales de la UE perjudican sobre todo a los pobres. Este punto será cada vez más relevante cuando la inflación de precios gane impulso antes de la fecha final del Brexit (marzo de 2019), a medida que avance el ciclo global del crédito. Entender este hecho sencillo hace que los aranceles sean indefendibles y que un Brexit con ruptura limpia se vea con mayor claridad como la mejor solución.
• No debe efectuarse ningún pago de separación a la UE, salvo que esté detallado de forma específica y justificado contractualmente. Los pagos de capital que exige la UE en cualquier compromiso político no solo son un gasto innecesario, sino también una carga para las finanzas del Tesoro, que ya están en déficit. Además, la pérdida de ingresos derivada de la eliminación de todos los aranceles es una suma considerablemente menor que las cantidades que reclaman los negociadores de la UE.
• Hay que convencer al Tesoro de que el libre comercio conduce a una economía más fuerte, lo que se reflejará en mayores ingresos fiscales. Además, un compromiso chapucero, que en la práctica defiende el Tesoro, es una amenaza significativa para las finanzas del gobierno.
• No hace falta un periodo de implementación o de transición. Estas prórrogas no animan a las empresas a adaptarse al Brexit, sino que retrasan los cambios necesarios. Cualquier periodo de este tipo debería limitarse con firmeza a la menor duración posible y no implicar ningún pago.

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