Existe la creencia generalizada de que las finanzas públicas son, de algún modo, inmunes a la realidad financiera a la que se enfrenta todo el mundo: una ilusión fomentada por los mercados de bonos y respaldada por el pensamiento ilusorio del público.
Basta con mirar la situación de la eurozona para ver la realidad. Y no solo eso: la historia nos dice que los países incumplen sus pagos con regularidad, y aun así seguimos comprando bonos del Estado convencidos de que son menos arriesgados que cualquier deuda del sector privado. Y si empezamos a cuestionar el statu quo, hasta los reguladores financieros nos dicen que la deuda pública es menos arriesgada que cualquier otra cosa. La regulación bancaria lo consagra en las directrices del Comité de Basilea, y la teoría moderna de carteras, que guía la regulación de valores, lo deja grabado en piedra.
La realidad es distinta. Si estás pensando en prestar dinero a alguien, querrás asegurarte de que ese dinero se utilizará para generar un rendimiento; de lo contrario, no se cubrirán ni los intereses ni el principal. El prestatario también lo sabe y planteará su caso al prestamista en consecuencia. Lo importante es que el dinero prestado a un empresario tiene que destinarse a un uso productivo. En cambio, el dinero prestado a los gobiernos rara vez se destina a un uso productivo y, cuando se hace, la producción es de todos modos menos eficiente que la equivalente del sector privado, porque la burocracia y los motivos políticos sustituyen a los imperativos empresariales. Por tanto, las industrias nacionalizadas tienen menos capacidad para pagar intereses por sus préstamos y necesitan una garantía del Gobierno, real o implícita, para obtener fondos a tipos atractivos.
Pero cuando el Estado se limita a endeudarse para cubrir un déficit presupuestario, en realidad está destruyendo capital, porque el capital se gasta y no se invierte. Esa es la situación a la que se enfrentan la mayoría de las economías maduras. Y como este capital se está destruyendo, los intereses y el principal solo pueden financiarse con más endeudamiento destructivo. Es realmente asombroso que los gobiernos y sus asesores no vean en absoluto este hecho tan simple.
Tarde o temprano, los gobiernos se quedan sin el dinero de sus ciudadanos y dejan tras de sí solo empobrecimiento para todos. La bajada de los tipos de interés es el primer paso deliberado en este camino, defendido nada menos que por Keynes en su Teoría general. Planteaba una idea según la cual el Estado actúa para saturar la economía de bienes de capital «para librarse de muchos de los rasgos reprobables del capitalismo» (con lo que se refiere a los propios capitalistas: véase Observations on the Nature of Capital, páginas 220-221). La destrucción del ahorro y, por tanto, el empobrecimiento de los ahorradores, si no ha sido una política deliberada, no ha causado ninguna pena en los círculos keynesianos. Y ahora que países como Grecia necesitan hasta el último céntimo, la destrucción del ahorro nacional y de los ahorradores está en su fase final.
Las naciones deficitarias no pueden prometer la devolución del dinero de los ahorradores; en cambio, nos dicen que esperemos una recuperación económica y una mejora de las finanzas públicas. Como Grecia, todas están destruyendo ahorro a un ritmo cada vez mayor, lo que hace imposible una recuperación económica duradera por la falta del capital necesario. Además, el ritmo de creación de dinero tendrá que acelerarse, no solo para financiar los déficits que continúan, sino también para pagar el coste compuesto de los intereses de la deuda ya contraída.