Una consecuencia de la creciente intervención económica del Estado es que ahora se espera que engendremos más contribuyentes en el futuro y que cobremos nuestras pensiones públicas durante menos tiempo. También hay que mejorar nuestra productividad, maximizando así la recaudación tributaria de nuestro Estado.
En lo que respecta al proceso democrático, ¿es esto realmente lo que hemos aceptado? No es de extrañar que estemos perdiendo libertad individual. Ahora trabajamos para el Estado, en lugar de que el Estado trabaje para nosotros.
Esta inversión de papeles es el resultado lógico de dar la espalda a los mercados libres y de ceder al Estado un papel en la gestión de nuestros asuntos personales y económicos. Y se justifica aún más con análisis estadísticos que respaldan el papel del Estado, pero que, al examinarlos, resultan ser totalmente engañosos.
En este artículo comento la economía del crecimiento de la población tal como la plantean los economistas convencionales, y muestro cómo nos engañan gravemente las estadísticas de productividad y el verdadero valor del PIB, que es permitir al Estado estimar la recaudación tributaria futura.
Pero la depredación habitual de los Estados sobre sus sectores privados se acerca a su fin, porque pasará a ser imposible de financiar. El final de la tendencia a largo plazo de bajada de los tipos de interés se encargará de ello.
Tasa de natalidad y mortalidad
Los economistas comentan de forma habitual la relación entre nacimientos y defunciones en cada país. Por lo general, el envejecimiento de la población se considera un problema, principalmente por sus consecuencias para las pensiones públicas. Afecta a todos los países en los que mejora la esperanza de vida, y altera la relación entre quienes trabajan y pagan impuestos y los jubilados, que en su mayoría no los pagan.
Los costes asociados al cuidado de los hijos también están aumentando. Este factor golpea con especial dureza a las economías avanzadas, porque las mujeres priorizan cada vez más la carrera y el estilo de vida frente a tener hijos. Y el puro gasto de cumplir leyes y normas que los padres del siglo pasado no tenían que afrontar, unido a una fiscalidad cada vez más alta, hace que a muchos no les resulte rentable tener hijos.
La combinación de una población que envejece y unas tasas de natalidad en descenso hace sonar las alarmas. Pero ¿por qué debería preocupar esto a los gobiernos y a sus economistas? La respuesta es que los gobiernos socializadores han asumido cada vez más responsabilidad por nuestros propios actos y ahora ponen reparos a su coste. Están intentando retrasar las edades de jubilación, obligando a la gente a trabajar más tiempo y a pagar impuestos en lugar de cobrar pensiones. No debería sorprender que retrasar la edad de jubilación esté provocando disturbios en Francia.
En el Reino Unido hubo polémica sobre el «triple bloqueo» de las pensiones y sobre si debían cumplirse las promesas electorales de mantenerlo. El triple bloqueo consiste en que la pensión pública se incrementa cada año según el mayor de estos tres valores: el 2,5 %, el aumento de los salarios medios y los precios medidos por el IPC. Es decir, los conservadores habían prometido en su programa electoral proteger a los pensionistas de las consecuencias inflacionistas de las políticas del gobierno. Era una propuesta del todo razonable.
Pero los contables del gobierno opinaban lo contrario. Lo veían como una transferencia de recursos nacionales de los empleados que pagan impuestos a los jubilados que los consumen. En pocas palabras, esto define el interés particular del gobierno respecto a sus electores. El establishment estatista ya no representa al electorado, se representa a sí mismo. Y ve al electorado como una fuente de fondos para los planes que el Estado considere deseables. Es el socialismo progresivo el que ha convertido al Estado en el amo del público, en lugar de estar para cumplir sus deseos.
Pero es una situación con la que tenemos que convivir. Los actuarios del gobierno tienen razón en que los compromisos de pensiones están llevando las finanzas públicas a una crisis cada vez más profunda que hay que abordar. Pero en el Reino Unido y en otros países ignoran la crisis, aún más costosa por cabeza, que crean las pensiones indexadas de los empleados públicos, una carga que, naturalmente, deben soportar otros. Y también están los costes crecientes de la sanidad, aunque en Gran Bretaña el servicio de salud se considera un tesoro nacional inviolable, a salvo de cualquier intento vulgar de mejorar los resultados reduciendo costes. Y ahora que afrontamos una posible recesión y un desempleo creciente, también aumentan los costes adicionales asociados para un Estado no tan benevolente.
Al igual que el uso de sanguijuelas y sangrías en tiempos antiguos para curarlo todo, recurrir a niveles cada vez mayores de impuestos sobre los elementos productivos de la sociedad deja la economía debilitada sin curar nada. La realidad es que la socialización de las economías ha llegado a un punto de crisis. Para evitarlo, hay que lograr que las expectativas del público en las economías avanzadas acepten que es inevitable revertir la tendencia al aumento del gasto público. ¿Tiene Occidente estadistas, hombres y mujeres, con el sentido común y la capacidad para entender y lograr este resultado? No contengas la respiración…
Incluso los políticos bienintencionados dependen de los funcionarios para recibir asesoramiento y de las estadísticas del gobierno como prueba. Una vez elegidos, ya no están en posición de defender que se reduzca el peso del Estado en el conjunto de la economía, y les resulta difícil resistirse a aumentar la intervención estatal «por el bien común».
Para ver cómo el sistema nos engaña con las estadísticas, hay pocos ejemplos mejores que el de la productividad.
El mito de la productividad
De vez en cuando surge una oleada de comentarios sobre la productividad nacional. Y para los británicos, la productividad fue una parte importante del debate sobre el Brexit: la OCDE, el Tesoro, el Banco de Inglaterra y los partidarios de permanecer decían que la baja productividad del británico medio demuestra lo mucho que necesita la comodidad segura de estar en la UE.
Tras el Brexit, la OCDE publicó un documento que repetía sus disparates ya refutados sobre las consecuencias económicas del Brexit, e incluso recomendaba que Reino Unido celebrara un segundo referéndum para revertir la decisión. Para respaldar su análisis afirmaba que la productividad laboral de Reino Unido estaba estancada, mientras que la de Francia, Alemania, Estados Unidos y las medias de la OCDE mejoraban.[i]
Quienes leéis habitualmente mis artículos sabéis que no tengo ninguna simpatía por las estadísticas estatistas, las medias y el análisis neokeynesiano que las acompaña. El análisis de la productividad de los econometristas es un claro ejemplo de por qué las estadísticas derivadas de información dudosa deben descartarse por completo, como mostraré. Con las estadísticas se puede demostrar cualquier cosa, excepto la verdad. La OCDE, principal fuente de las estadísticas de productividad que citan los políticos en todas partes, utiliza las estadísticas como animadora del estatismo. Al tener su sede en París, esta institución es especialmente afín a los conceptos básicos de la Unión Europea.
Es la organización que lidera el análisis estadístico internacional oficial de la economía, a pesar de estar financiada íntegramente por gobiernos con intereses propios. Trabaja con empeño para reducir la elusión fiscal, tras haber encabezado la ofensiva contra los paraísos fiscales en los años noventa. Defiende con firmeza unas condiciones de competencia equitativas en los impuestos de sociedades, lo que significa imponer tipos mínimos a escala global para proteger los tipos del impuesto de sociedades en las jurisdicciones de impuestos altos.
La OCDE es la animadora del socialismo de estilo europeo y una fuente primordial de estadísticas laborales internacionales. Sin embargo, a primera vista, estimar la productividad no debería ser polémico ni fácil de criticar. Dividir el PIB entre el número de horas trabajadas es sencillo. ¿Cómo puede inducir a error? Sigue leyendo.
El enfoque de la OCDE sobre la productividad
El breve documento de la OCDE, Defining and measuring productivity, cita a Paul Krugman:
«La productividad no lo es todo, pero a largo plazo lo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar su nivel de vida con el tiempo depende casi por completo de su capacidad para aumentar la producción por trabajador».[ii]
Con esta cita, Krugman da a entender que la productividad es función del gobierno y, por lo tanto, no del empleador. Esto contradice claramente los hechos: un empleado solo produce si un empleador lo contrata con ánimo de lucro. Esa decisión le corresponde al empleador, no al gobierno. Que la OCDE cite a Krugman confirma que su enfoque va en la línea de su pensamiento.
A partir de aquí empiezan los errores estadísticos, comenzando por la relevancia del PIB. El PIB está diseñado para captar el consumo final y resta importancia a la producción de bienes de orden superior, por ejemplo la maquinaria y los servicios que se emplean como insumos, al no registrar los pasos intermedios de la producción. Piénsalo así: si sumas las ventas brutas de proveedores, empresas, servicios y logística, obtienes una cifra mucho mayor que el simple valor neto del producto final. Cuando se trata de la productividad del empleo, esa es la estadística relevante, no el PIB. Más adelante en este artículo diré más sobre el PIB.
Este importante punto se ha reconocido recientemente en EE. UU. con la introducción de una nueva estadística, la producción bruta (GO, por sus siglas en inglés), ideada por Mark Skousen, economista de la Universidad Chapman. La Oficina de Análisis Económico publica ahora la GO cada trimestre, y es aproximadamente el doble de la cifra del PIB.
Por tanto, en EE. UU., donde la GO es el doble del PIB, el PIB por hora trabajada equivale más o menos a la mitad de una medida realista de la producción total. La GO confirma que utilizar el PIB en una fórmula de productividad es escandalosamente engañoso. Pero la OCDE no estima la GO, y cabe señalar que los distintos países tienen grados variables de producción intermedia, lo que hace imposible, en cualquier caso, comparar su producción bruta en igualdad de condiciones.
También podemos desenmascarar el concepto de productividad laboral como un disparate en nuestra vida diaria. Por ejemplo, si te dedicas al comercio minorista, puedes considerar productivo a tu personal de ventas, porque genera ventas. Pero la mayor parte de la afluencia de gente a tu tienda probablemente no tiene nada que ver con las habilidades del vendedor. Puede que el escaparatista haya contribuido o no, y ¿son productivos los limpiadores y los contables, igual que el personal del almacén y los conductores de las furgonetas que reparten a la tienda? Considerados individualmente, son un coste, difícil o imposible de relacionar con las ventas finales, que son las que componen el PIB. Por eso dirigir una empresa consiste en contar con equipos de personas con aportaciones complementarias, y registrar la producción de los individuos en términos de PIB carece de sentido. Pero son precisamente estas actividades más amplias las que constituyen la base de la GO.
La productividad laboral también debe considerarse en su contexto económico más amplio, ya que es solo una forma de capital. En las economías de libre mercado, el arbitraje tiende a igualar los rendimientos de todas las formas de capital empleadas en el conjunto de las empresas, de las cuales el trabajo es solo una parte. Además del trabajo, existe la inversión de capital en la puesta en marcha de la producción, la compra de equipos y la aportación de capital circulante. Si se consideran todos estos elementos en conjunto, cuando una línea de negocio destaca por su rentabilidad, atraerá competencia.
Cuando el capital, incluido el trabajo, no se redistribuye de manera más eficaz, casi siempre se debe a que interviene el Estado. El Estado no quiere que las empresas despidan a trabajadores de una industria en declive. En lugar de eso, obstaculiza la redistribución del trabajo subvencionando al empresario poco competitivo. El Gobierno también penaliza a las empresas rentables al confiscar sus beneficios y, en muchos países, al gravar además el empleo.
Además, cada industria emplea su capital de manera distinta, de modo que dentro de promedios estadísticos como los de la base de datos de la OCDE, la contribución del esfuerzo humano varía considerablemente. Un mecánico que supervisa costosos robots en una línea de producción automatizada no debería promediarse con un guarda de parques.
La contribución del propio Gobierno a la estadística del PIB debe excluirse de cualquier cálculo de productividad, ya que supone una carga para la producción genuina.
El problema de estadísticas como la productividad es que todo el mundo cree que significan algo. Y, por supuesto, la clase política, incluidos los ministros de Finanzas, no defiende nada y se deja convencer de cualquier cosa. A pesar de ello, ignoremos que esta joya econométrica no es más que bisutería y reformulemos las cifras en algo más significativo. Algo que a un empresario le resulte útil como base de comparación en la búsqueda de la mejor jurisdicción para establecer su negocio. Algo que le oriente sobre si debería trasladarse de Gran Bretaña a la Europa continental o viceversa.
Para ello, seleccionaremos cuatro países europeos de la base de datos de la OCDE, entre ellos el Reino Unido. En la Tabla 1 vemos lo siguiente:
Estas son las cifras de la OCDE en las que los sucesivos ministros de Finanzas británicos han basado sus quejas sobre lo poco productivos que son sus contribuyentes y sobre cómo, si se les pudiera exhortar a trabajar de forma más productiva, mejoraría la recaudación fiscal. Porque ese es el verdadero interés del tesorero del Estado en este asunto. Es cierto que, según la OCDE, la productividad oficial ha mejorado respecto a lo que era, algo que incluso situaba a Gran Bretaña por detrás de Italia y Francia antes del voto del Brexit. Lo que ha cambiado es que el desempleo en Italia y Francia ha bajado, de modo que hay más personas empleadas, más horas trabajadas y, por tanto, menor productividad por hora. Por supuesto, no tenemos ni idea de lo productivas que son esas horas de trabajo, porque, por desgracia, la productividad en sí no puede medirse realmente, solo suponerse.
Un enfoque más sensato consiste en examinar la productividad desde el punto de vista de un empresario. Emplea a trabajadores asalariados y espera hacerlo de forma rentable. Es con los ingresos procedentes de sus ventas con lo que debe pagar tanto los impuestos sobre el empleo como los salarios de sus empleados. Al aplicar ingeniería inversa a las cifras de la OCDE, debemos eliminar también al gobierno, porque el gobierno supone una carga para la producción. Después debemos descontar a los desempleados para llegar al número de personas empleadas en el sector privado.
La Tabla 2 cuantifica la población activa del sector privado.
Conviene señalar que hay distintas maneras de contar a los empleados públicos, y que Francia, por ejemplo, tiene industrias nacionalizadas cuyos empleados no se incluyen en su total. En el Reino Unido se estima que otro 5 % trabaja como contratista del gobierno, y en teoría debería incluirse como empleado público. Las distorsiones en las estadísticas de base de la OCDE se van acumulando…
Las estadísticas de la OCDE consideran en edad de trabajar a personas de apenas quince años, lo cual puede ser cierto en un país emergente, pero los europeos permanecen en el sistema educativo hasta una edad media de quizá dieciocho años. No tenemos más opción que ignorar estos importantes errores.
A continuación, debemos calcular el PIB del sector privado por empleado del sector privado. Para ello se hace coincidir los ajustes de la población activa de la Tabla 2 con el PIB del sector privado. Se muestra en la Tabla 3.
A nuestro señor o señora Promedio se le atribuye la producción de una parte del PIB que es la más baja en Italia y la más alta en el Reino Unido. ¡Quién lo hubiera creído! En la Tabla 1, la OCDE nos decía que Francia encabezaba la clasificación de productividad.
Sin embargo, para emplear a nuestro señor o señora Promedio hay que pagarle un salario. La Tabla 4 muestra la relación entre el PIB por empleado y su salario medio.
La conclusión de este ejercicio es que, pese al Brexit, el empresario medio que emplea al empleado medio obtiene el mejor rendimiento de su inversión en capital humano en el Reino Unido, seguido de Italia. Si siente predilección por Francia, más le vale asegurarse condiciones ventajosas por parte del gobierno durante toda la vida de su inversión. Y Gran Bretaña supera incluso a Alemania, con holgura. Con las propias cifras de la OCDE, reformuladas para reflejar la realidad comercial, los resultados contradicen las conclusiones de la propia OCDE. Pero…
Houston, tenemos un problema.
¿Sería el alemán medio un empleado no rentable? ¿Y emplearían los franceses a las personas con un margen mínimo, antes incluso de considerar los gravosos impuestos sobre el empleo? Y los estrechos márgenes de los salarios medios en Italia y el Reino Unido sugieren que, si bien algunos empleados son rentables, quedan compensados por muchos otros que no lo son.
O bien las estadísticas son erróneas (sabemos que lo son), o bien se están utilizando las estadísticas equivocadas. De lo contrario, amplias áreas de la producción europea ya se habrían cerrado por ser no rentables o claramente antieconómicas.
El problema no es difícil de identificar. El PIB se compone de precios finales, la suma total del valor añadido a lo largo de las cadenas de producción y suministro. No recoge los valores de la producción bruta. Como se ha mencionado antes, si la UE publicara cifras de producción bruta (PB), incluidos los procesos intermedios de bienes y servicios, el rendimiento por empleado parecería más realista. Alemania, con su sólida base manufacturera, es probablemente la más infravalorada, mientras que Italia y Francia, con sus industrias turísticas, quizá lo estén menos. Gran Bretaña podría situarse en un punto intermedio, similar a la PB de EE. UU.
Aceptando que no disponemos de pruebas estadísticas de la PB, salvo una guía aproximada según la cual en EE. UU. la PB es aproximadamente el doble del PIB, apliquemos ese múltiplo a las cuatro naciones europeas de nuestro análisis. Y ahora podemos añadir los costes laborales adicionales (pensiones, impuestos sobre el empleo, deducciones de bienestar social, etc.) que, según las cifras de la OCDE, habrían convertido todo el empleo europeo en un despilfarro de recursos para cualquier empleador. Además, el valor del capital humano empleado en hacer cosas distintas no puede medirlo nadie salvo quienes tienen un interés económico en pagar los salarios. Esto se recoge en la Tabla 5.
Aun así, estas cifras deben tomarse con cautela por todos los motivos expuestos aquí. En la práctica, existen enormes diferencias nacionales en los salarios, los impuestos asociados al empleo y los costes adicionales, como el espacio de oficinas o el equipamiento, y la lista continúa. Pero, dejando todo eso a un lado, la jurisdicción más rentable para emplear a alguien, de las cuatro analizadas, es el Reino Unido.
Si se aceptan al pie de la letra los cálculos de la OCDE, como hace todo el mundo, se pensaría que Francia sería el lugar donde emplear a alguien, cuando resulta ser el peor. Y aunque, según las cifras de la OCDE, no hay mucha diferencia de productividad entre los otros tres, en la realidad las diferencias son significativas.
Gran Bretaña cuenta además con las ventajas del idioma y la cultura. A lo largo de las décadas, ha acogido a los inmigrantes en una medida que otras naciones no han alcanzado. Y desde que eliminó el impuesto selectivo sobre el empleo en 1973, la fiscalidad del empleo en Gran Bretaña es aproximadamente la mitad de la de Europa.
Debemos subrayar que el principio mismo del enfoque de la OCDE es completamente erróneo, en lugar de discutir los detalles. Pero ese enfoque anima a los políticos, y a los economistas que dependen del Estado, a ignorar el impacto de los impuestos sobre el empleo. Es aquí donde el Reino Unido obtiene una puntuación relativamente buena y Francia resulta un desastre.
Pero a los gobiernos les interesa menos el método estadístico que los mensajes que transmite en relación con los ingresos. Si la OCDE dice que los británicos deberían ser más productivos, ello abre la perspectiva de mayores ingresos fiscales, si tan solo se pudiera animar a las empresas a mejorar su productividad.
En lugar de criticar al sector privado por su falta de productividad, sin duda es más pertinente que los gobiernos examinen sus propias cargas crecientes sobre la producción, en particular el exceso de regulación, que casi con toda seguridad es el mayor obstáculo para la ambición emprendedora.
Gasto público y PIB
Utilizar el PIB en lugar de la producción bruta para determinar la productividad es sin duda un error. Pero los gobiernos están obsesionados con el PIB, que siempre debe crecer. El PIB no es crecimiento económico, sino el crecimiento del valor monetario total de las transacciones, normalmente a lo largo de un año o anualizado.
Si se deprecia la moneda, se acelera el PIB nominal. Si se aumenta el gasto público, el PIB aumenta con él. En el pasado, los gobiernos desmintieron con frecuencia las expectativas de la City sobre el crecimiento del PIB mediante el sencillo recurso de aumentar el gasto público. Las bolsas subían con la noticia, mientras los estrategas de inversión no entendían por qué habían subestimado el crecimiento del PIB. Pero, si sirve para algo, el PIB permite a un gobierno estimar los ingresos fiscales previstos. Por lo demás, es inútil y engañoso.
El PIB es una estadística patrocinada por el Estado que se confunde de forma habitual e inconsciente con el progreso económico. Pero basta un momento de reflexión para ver que el progreso no puede medirse estadísticamente. Y es casi seguro que el progreso continúa, o incluso se acelera, en una recesión moderada del PIB. Deberíamos saberlo, porque es la competencia la que hace bajar los precios al consumo, siempre que el valor de la moneda sea estable.
Durante la crisis del covid, cuando buena parte de la economía productiva se paralizó, el gasto público del Reino Unido subió hasta cerca del 50 % del PIB, aunque desde entonces ha bajado hasta un 43 % estimado en el último ejercicio fiscal (hasta el 5de abril de 2023). Con hasta la mitad correspondiente al gobierno, al analizar el PIB es extremadamente importante decidir cómo tratar el gasto público.
Los economistas del gobierno argumentarán necesariamente que el gasto público es importante en términos económicos y que el crecimiento del PIB debe incluirlo. Además, desde el punto de vista del consumo, debe incluirse el gasto de los empleados públicos. Es sin duda un argumento válido, pero pasa por alto el panorama general.
Si bien es cierto que el gasto de los empleados del Estado forma parte del total, los impuestos del Estado reducen el consumo impulsado por los consumidores que no trabajan para el Estado, y lo sustituyen por la prestación de servicios que nadie ha demandado libremente. No hay que buscar mucho para encontrar ejemplos de cómo el gasto público es una carga para la actividad económica en su conjunto, y de que el enfoque económico que da buenos resultados consiste en liberar al sector privado, eliminando en lo posible al gobierno y su intervención. Fue este enfoque el que condujo al notable éxito de Hong Kong en las décadas de la posguerra, frente a la pobreza infligida al mismo pueblo en la China continental bajo Mao Zedong, donde el gobierno era el 100 % de la economía.
Convencer al establishment de que fijarse el PIB como objetivo acaba frenando el progreso económico es una tarea cuesta arriba. En lugar de aceptar la evidencia empírica, el establishment estatista refuerza habitualmente el PIB aumentando su intervención en la economía, su gasto como proporción del total y depreciando la moneda.
Esto genera una divergencia de intereses entre los políticos que pretenden representar los intereses del electorado y el propio Estado. Los políticos de derechas que compiten por un cargo suelen ser partidarios del libre mercado, con la ambición de reducir la presencia del Estado como proporción del conjunto de la economía. Se les nombra con el afán de meter la tijera al gasto y a la burocracia, pero hay buenas razones por las que nunca lo consiguen.
Cuando asumen responsabilidades ministeriales, su prioridad pasa a ser proteger sus presupuestos. Cualquier recorte en el gasto de un departamento se traduce en una reducción de la asignación presupuestaria del Tesoro. Para los ministros y para el aparato permanente, eso supone una pérdida de poder. Por lo tanto, en la medida en que se logran ahorros, los ministros tienen que idear otros planes para mantener o aumentar los niveles de financiación. La intervención simplemente se acumula, y la proporción del gasto público en el PIB tiende inexorablemente a aumentar. Y si se quiere que se reconozca de forma adecuada el daño económico de fijar el PIB como objetivo, habrá que hacer frente tanto a los intereses creados de los pensadores del grupo económico internacional en organismos como la OCDE como a los establishments keynesianos nacionales.
Sobre todo en el entorno económico actual, reducir el gasto público se ha convertido en una tarea política imposible. Además de que los ministerios de mayor gasto, como los de sanidad, educación y defensa, siempre reclaman más recursos financieros, está el problema de que la inflación de precios provoca malestar entre los empleados del sector público.
Junto con muchas otras naciones, Reino Unido casi con certeza está entrando en una recesión con tipos de interés más altos y, por tanto, con mayores rendimientos de los bonos y mayores intereses de la deuda, debido a una restricción del crédito a medida que los bancos intentan reducir sus balances excesivamente apalancados para un entorno de tipos de interés más altos. El Gobierno también se enfrenta a aumentos del gasto en el crédito universal, otras prestaciones sociales, la atención social y las pensiones públicas. La lección de la última contracción del ciclo del crédito bancario mostró que el gasto del Gobierno británico como proporción del PIB pasó del 36 % en 2006/07 al 40,8 % en 2010/11. Dado que la actual contracción del crédito amenaza con ser considerablemente más disruptiva que aquella, la proporción del Gobierno en el PIB podría superar fácilmente el 50 % en uno o dos ejercicios fiscales.
Tanto en el Tesoro como en el Banco de Inglaterra parece haber un desconocimiento de la existencia del ciclo del crédito bancario. Que las distintas oficinas del Estado puedan formular una política, ya sea para controlar la inflación de precios al consumo o el PIB, sin este conocimiento básico es algo que escapa a la razón. Ante estas dificultades, fijar el PIB como objetivo para gestionar la economía casi con toda seguridad fracasará.
Conclusión
Hemos visto cómo los gobiernos han invertido su relación con los electores y se han convertido en sus amos en lugar de sus servidores. Las estadísticas gubernamentales, como el PIB y la productividad laboral, se orientan cada vez más a cuantificar el potencial recaudatorio. Y el interés del Estado por los nacimientos y las defunciones obedece casi por completo al deseo de contar con un número creciente de contribuyentes y un número decreciente de pensionistas.
Irónicamente, será el fin de la burbuja de deuda global lo que acabe siendo la perdición de los gobiernos. Una obsesión con el potencial recaudatorio está llevando a todos los gobiernos occidentales a una crisis de financiación, que ahora se desencadena con el fin de la supresión de los tipos de interés. Solo este hecho obligará a los gobiernos y a sus aparatos permanentes a afrontar la realidad económica.
[i] Véase la figura 4A en la página 19: http://www.oecd.org/eco/surveys/United-Kingdom-2017-OECD-economic-survey-overview.pdf
[ii] Véase https://www.oecd.org/std/productivity-stats/40526851.pdf