Hay una nueva campaña para acabar con la austeridad. Primero, el FMI deja entrever que tiene dudas al respecto; después, nos dicen que el umbral del 90 % de deuda pública sobre el PIB que no debe superarse, fijado por los profesores Reinhart y Rogoff, se basa en un error de una hoja de cálculo de Excel. Por último, Bill Gross, de PIMCO, el mayor fondo de bonos del mundo, nos dice que la austeridad no funciona.
El nuevo ambiente se extiende, para alivio de países en apuros como España e Italia. La austeridad es dolorosa, y a los políticos no les gusta porque los hace impopulares. Tampoco a los economistas keynesianos y monetaristas, que ven en su fracaso una justificación para intervenir más.
La austeridad, tal como la practican los gobiernos occidentales, consiste en mantener el gasto público a costa del sector privado. Por tanto, no es de extrañar que conduzca a la destrucción de la generación de riqueza necesaria para sostener las finanzas públicas. Su única virtud, si es que puede llamarse así, es estadística: mantener el gasto público garantiza que su peso en el PIB no disminuya y, por tanto, que no se resienta el «crecimiento». Pero el gasto público es simplemente una carga para el sector privado productivo, porque cualquier recurso económico que se le detrae para pagar al gobierno se malgasta en la práctica.
Para que una economía progrese, tiene que haber toda la austeridad posible, dirigida de lleno y exclusivamente al sector público. Si se da a particulares y empresas una carga fiscal más ligera, fruto de un gobierno más pequeño, las perspectivas económicas mejorarán rápidamente. En cambio, el nuevo ambiente contrario a la austeridad se traducirá en una nueva licencia para que los gobiernos relajen sus restricciones de gasto.
En cualquier caso, los bancos centrales, incluido el BCE, han demostrado que están dispuestos a respaldar el gasto público si los mercados no lo hacen, a un coste de intereses casi nulo. Esto explica por qué ha bajado, por ejemplo, el rendimiento de la deuda italiana, pese a la deriva de su gobierno, que no es fruto de las urnas, y que se aleja de la contención del gasto.
Una razón por la que inversores en bonos como PIMCO toleran esto es la simple suposición de que la inflación solo es un problema si aumenta la demanda. Con todas las grandes economías frenándose o entrando en recesión, ese temor parece cada vez más remoto. Pero la historia nos dice que es un error, que los precios pueden subir incluso en una recesión, y que una comprensión adecuada de la teoría de precios también demuestra que esa suposición es falsa.
Por el momento, la gente corriente y sus bancos muestran preferencia por el dinero frente a los bienes, y así ha sido desde la crisis bancaria de hace cinco años, por lo que la demanda sigue débil. Sin embargo, es probable que los riesgos crecientes para los depósitos bancarios, derivados de quiebras de bancos, provoquen una huida hacia el efectivo físico y los bienes. Y, con las economías de todo el mundo estancándose bajo el peso del coste del gobierno, este riesgo para los bancos y sus depósitos aumenta y se vuelve más inmediato.
La complacencia ante la inflación y los tipos de interés también tiene que afrontar el nuevo impulso a la expansión de la oferta monetaria que implica el abandono de la austeridad. Y esto no es más que otra razón para la expansión monetaria, añadida a todas las demás. Lo que vemos desarrollarse ante nosotros no es sino el conjunto de poderosas razones políticas que hay detrás de casi todas las hiperinflaciones de la historia moderna, que casi con toda seguridad terminará con el colapso de las monedas de papel actuales.